Gobernadores reprobados
¬ Augusto Corro viernes 22, Dic 2017Punto por punto
Augusto Corro
De nada sirve tener leyes si quienes se encuentran obligados a aplicarlas no lo hacen. Hablamos de los gobernadores que esperan el auxilio de las fuerzas federales para que les resuelvan los problemas. Ellos, en su zona de confort, viven un mundo ajeno a la realidad.
Pero como se trata de funcionarios privilegiados a quienes nadie les exige cuentas, los mandatarios estatales se dedican a saquear el tesoro público durante seis años y luego retirarse a la vida privada sin problema alguno.
O bien regresan a alguna Cámara a protegerse con el fuero de legislador y esperar de tres a seis años, tiempo suficiente para que nadie se acuerde de sus trapacerías. Claro, no todos los gobernadores son pillos, pero esta imagen negativa se la ganaron a pulso.
Así que a cualquier mandatario estatal se le califica de ratero, inútil, demagogo, etc., hasta que no demuestre lo contrario. Por ejemplo, en estos días, la ola de violencia, incontenible, azotó los estados de Veracruz y Guanajuato de manera alarmante.
De Guerrero, Morelos, etc., todos sabemos que la sociedad vive bajo el signo de la violencia, sin la posibilidad de que regrese la seguridad ansiada. Los dos “desgobernadores” de estos estados, en un examen de su desempeño como gobernantes resultarían reprobados.
En Veracruz continúa la carnicería humana, ante la impotencia del mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares, de extracción panista-perredista. El sábado reciente en aquella entidad diez personas fueron ejecutadas.
De acuerdo con las estadísticas, en la mencionada entidad, en 11 meses de gobierno de Yunes Linares se registraron 2 mil 220 homicidios. Súmele usted asaltos, secuestros, etc. Cientos de delitos ni siquiera llegan a oídos de las autoridades.
En Guanajuato, un estado tranquilo durante muchos años, ahora se encuentra en la lista de los más violentos. Su gobernador, Miguel Márquez, de origen panista, tanta es su impotencia para brindar seguridad a sus gobernados, que decidió encargarle la solución del conflicto a fuerzas celestiales.
Al empezar el mes, en Guanajuato fueron asesinadas 17 personas sin distinción de sexo o edad. Las causas de esas muertes son múltiples, aunque algunas tienen relación con el tráfico de drogas.
No se necesita ser un sabio para saber que los gobernadores poco o nada hacen para proteger a la sociedad. Dejan crecer los problemas porque tienen la confianza de que la fuerza pública federal (policía o Ejército) acudirá en su ayuda.
Basta con revisar el mapa para ver que algunos estados como Tamaulipas, Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur viven una espiral de violencia crónica a la que no se le ve fin.
FUNCIONARIOS CONTRA PERIODISTAS
En Guerrero, el periodismo se ejerce en un contexto de violencia generada por los grupos delictivos.
Así lo manifestaron los reporteros de aquel estado ante David Kaye, el relator sobre la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una reunión efectuada el sábado en la Casa Diocesana, en Chilpancingo, Guerrero.
En un documento, los comunicadores expusieron lo siguiente:
“Tan sólo en este año, aquí en Guerrero, se han perpetrado 34 agresiones en contra de 43 periodistas, la mayoría por parte de servidores públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.
“El trabajo de los reporteros se desarrolla en condiciones de mucho riesgo. Guerrero es uno de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo: el periodista hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo a informes de Seguridad Pública. Pero paradójicamente, el 71.8 de las agresiones documentadas por organizaciones de periodistas en el estado, provienen de servidores públicos”.
El funcionario de la ONU conoció, al detalle, las acusaciones. En las que se nota la participación activa de los representantes de la autoridad. En la multicitada entidad, el ejercicio del periodismo es letal. La sociedad vive aterrorizada por el amago de sufrir daños debido a la presencia de los grupos criminales que se disputan la plaza productora de droga.
A las actividades delincuenciales deben agregarse la conducta criminal de los servidores públicos que ven como sus enemigos a los reporteros. En esta situación tan compleja, nada evitará que los periodistas se conviertan en el centro de los ataques de los políticos frustrados o caciques de pueblo protegidos por las autoridades.