Los costos de la contaminación
Luis Muñoz miércoles 29, Nov 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Al margen de los acuerdos internacionales para el cuidado del medio ambiente en el mundo, en los que están comprometidos numerosos países, con excepción de algunas naciones como Estados Unidos, en México los esfuerzos no han sido suficientes y los resultados son efímeros.
Expertos en el tema han subrayado que la contaminación se observa en diversas ciudades y la preocupación crece cuando se advierte que el problema es visto con poco interés.
Fue a partir de la Declaración de Estocolmo cuando se signaron una serie de acuerdos internacionales enfocados en la reducción de las emisiones contaminantes que genera cada país, además de profundizarse en el estudio sistemático de los efectos que provoca…
El Acuerdo de 1972 en Estocolmo, Suecia, tuvo como propósito, desde sus inicios, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyas tareas principales son analizar y evaluar el estado del medio ambiente en el mundo, fomentar las leyes para implementar el desarrollo sustentable, así como controlar y fomentar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y los principios ambientales.
Particularmente en México, el fenómeno presenta algunos retos.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, demandó generar una conciencia global, que vaya de los individuos a las instituciones y autoridades, para advertir que la conducta de cada persona es relevante en la protección, defensa y preservación del medio ambiente.
Dijo que la defensa de los derechos parte del respeto que se tenga al entorno. Y el origen de los problemas en esta materia no sólo está en los demás, sino en la conducta y prácticas individuales.
Observó que no se debe subordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales a los intereses económicos o comerciales. Deben, eso sí, evaluarse con sentido de urgencia la implementación de medidas de alta responsabilidad ambiental que lleven a las empresas —considerando plazos e incentivos— a adoptar medios de producción más limpios y más responsables de sus emisiones contaminantes.
González Pérez señaló que el esfuerzo económico del Estado mexicano por abatir el daño ecológico que generan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios es 5.3 veces menor que el daño ocasionado por dichas actividades.
Señaló, además, que los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron en 2015 en proporción aproximada de 6 a 1 respecto de la inversión para protección ambiental, de acuerdo con los datos más recientes de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México.
Tales cuentas, explicó, indican que los costos por agotamiento y degradación fueron de 907,473 millones de pesos, mientras que los de protección llegaron a 141,933 millones de pesos.
En este sentido, puso de relieve la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos, quienes ahora no sólo son estigmatizados, sino que corre peligro su vida, como son los casos que atiende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ambientalistas mexicanos.
De manera especial, el ombudsman puso énfasis en la tarea que desarrollaron estas personas y la CNDH sobre la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac, que dio origen a la Recomendación 10/2017 de este Organismo Nacional.
Al referirse al reconocimiento de la CNDH por la declaratoria de Parque Nacional en favor del Archipiélago de Revillagigedo, con lo cual se materializa el derecho colectivo a un medio ambiente sano, al tiempo que se protegen diversas especies de fauna y flora, destacó la importancia de conservar y atender las áreas naturales protegidas -tema sobre el que la CNDH emitió la Recomendación General 26- y de aplicar la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas relacionada con proyectos extractivos o de gran escala que pudieran conllevar profundas afectaciones a sus prerrogativas; dijo que éste es un pendiente que les impide el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y que los deja en situación de vulnerabilidad.
Mencionó que la ley mexicana es muy clara respecto de la aplicación de dicha consulta; sin embargo, enfatizó que el punto relacionado con la buena fe no se ha concretado y por ello el cambio climático impacta a los sectores sociales más desprotegidos.
Al participar en el Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático: Innovación en Ciencia y Tecnología en el Conversatorio Multiactor sobre Gobernanza Climática Nacional, González Pérez subrayó que es responsabilidad de todos proteger el medio ambiente y cuidar los recursos naturales, pues en la medida en que la protección sea efectiva, así se protegerán los derechos fundamentales de las personas.
Por su parte, Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que los cambios constitucionales en materia ambiental no han podido aterrizarse debido a que los municipios cuentan con presupuestos escasos, y no se pueden imponer responsabilidades y obligaciones si sus recursos apenas les alcanzan para solventar sus servicios de limpia, agua y drenaje.
