Violan derechos de niños indígenas en Oaxaca
Luis Muñoz martes 21, Nov 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
En el estado de Oaxaca se denunciaron violaciones a los derechos fundamentales de niños y adolescentes en casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó hechos de violencia física y psicológica; instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad.
Estas violaciones son atribuibles a personal del Instituto Estatal de Educación Pública del Oaxaca (IEEPO), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Servicios de Salud de Oaxaca y DIF-Oaxaca.
Por ello, la CNDH dirigió la Recomendación 52/2017 al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y a la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado. (Esperamos que los funcionarios la tomen en cuenta) La CNDH documentó la violencia física y psicológica como forma de castigo en agravio de los infantes, imputables a personal del IEEPO, así como omisiones a las obligaciones de adoptar medidas de protección en favor de las víctimas y la ausencia de protocolos de atención y prevención de la violencia escolar.
Confirmó que 9 de las 41 casas visitadas no cumplen con las condiciones de habitabilidad adecuada para albergar personas, ya que presentan deterioros, humedades, filtraciones y daños estructurales que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los menores de edad que ahí pernoctan.
De las valoraciones médicas practicadas a los ocupantes de 10 casas y 2 comedores, se observaron diversas afectaciones a la salud y datos clínicos de desnutrición infantil.
Ante esta situación, la CNDH solicitó a la CDI otorgar prioridad y gestionar el presupuesto ante las autoridades hacendarias para lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de esas casas y comedores; generar estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la atención a las niños y adolescentes, para el efectivo cumplimiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en la entidad; revisar las reglas de operación de ese Programa, para incluirle supervisión integral, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de esas instalaciones.
Destacó que es importante reforzar la capacitación y concientización de jefes y ecónomos de esas casas y comedores; desarrollar e impartir pláticas, cursos y talleres a las niñas, niños y jóvenes, así como a sus representantes o familiares, sobre la cultura de la no violencia y la denuncia; diseñar estrategias que permitan la intercomunicación, retroalimentación y participación efectiva de los infantes, sin distinción de género o estereotipos, en su propia lengua y en español, sobre sus derechos y deberes, así como las actividades y programas.
Además, impulsar y reforzar la atención y otorgamiento permanente de servicios de salud; diseñar y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados un plan integral de alimentación y rehabilitación; colaborar con la CNDH en la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la CDI contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos; designar un funcionario de alto nivel como enlace con la CNDH para dar seguimiento a la recomendación.
Proponen cambio de políticas
Con el propósito de otorgar capacitación a las personas para que adquieran más habilidades en el desarrollo de oficios productivos, que se traduzca en un mejor desarrollo para sus familias y las comunidades, la diputada Elizabeth Mateos propuso crear la Ley para el Crecimiento Social Sostenido de la Ciudad de México.
La iniciativa busca cambiar la tradicional política social asistencialista y dar paso a un esquema que empodere a los habitantes, mediante su capacitación que les garantice mejores condiciones de desarrollo, a través de alianzas con la Academia, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas.
Dijo la diputada que se promoverá el derecho a la capacitación, administración, emprendimiento y actividades sociales y culturales, además del acceso a tecnologías sociales e insumos para que se puedan desarrollar los conocimientos adquiridos.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa, destacó que el esquema establece el derecho a cursos y tallares que enriquezcan habilidades y permitan mejores condiciones de vida para las familias.
Mateos Hernández presentó ante la ALDF el proyecto de decreto que garantiza una nueva legislación sustentada en los principios de universalidad, igualdad, equidad social, justicia distributiva, integralidad, transparencia y efectividad.
Explicó que la norma pretende convertir en ley el Programa Crecimiento Social Sostenido de la Ciudad de México y beneficiar a los derechohabientes de programas sociales y mujeres en situación de vulnerabilidad, para que detonen sus habilidades y conocimientos adquiridos en oficios productivos.
