El Estado Vaticano nos debe una explicación y una disculpa
Francisco Rodríguez martes 14, Nov 2017Índice político
Francisco Rodríguez
Maral
Ha costado mucho trabajo que los sectores tradicionalmente resistentes al cambio acepten adoptar una concepción contundente sobre los perfiles del nuevo Estado Social y Democrático de Derecho, opuesto al proverbial estado de cosas, inmóvil e indiferente a tratar a fondo problemas de la desigualdad e inequidad.
Es preciso reconocer que el aparato gubernamental no está sólo para hacer cumplir las leyes en automático, sino que debe estar obligado a tutelar y equilibrar las desigualdades que se originan en los diferentes sectores, para establecer pautas definidas de tolerancia, no discriminación y equidad real entre las comunidades diferentes.
Dentro de estos nuevos conceptos debe darse paso al aliento mayor a la participación ciudadana, acatar las mayorías en la toma de decisiones, disminuir los índices de marginación, distribución equitativa de la riqueza pública, información y disfrute de las ofertas sociales, artísticas y culturales, reconocer los derechos logrados por las injustamente tratadas minorías, que hoy ocupan casi todos los espacios de la sociedad civil.
La justicia distributiva y conmutativa debe brindar protección a los riesgos de la vida, sobre todo en sociedades emergentes como la nuestra. Apoyar a discapacitados, indígenas, grandes grupos étnicos y comunidades migrantes; niños y adultos en condición de calle, víctimas del maltrato,enfermos crónicos, población con adicciones que son sujetos expuestos a la violencia familiar y social.
Superar parálisis institucionales y abandonar para siempre cualquier tentación autocrática de un Estado ausente que sólo se obliga a brindar elementales servicios de seguridad y alentar la libre competencia, siempre desigual bajo las reglas y las fuerzas ciegas del mercado liberal.
Tal es la única forma, la última oportunidad para que una sociedad erigida sobre bases democráticas pueda brindar libertad real, sin objeciones. Lo demás pueden ser sólo juegos de espejos, quimeras de oportunistas y demagogos, soluciones tangenciales de apáticos y aprovechados. No hay más cera que la que arde.
Debe aplicarse una política progresiva que destine el gasto social, inexistente en los presupuestos convencionales, para poder realmente contribuir al desarrollo general de clases, regiones y sectores, impulsar el proceso de crecimiento parejo con una visión moderna e integral.
Hacer de los gobiernos un arsenal de soluciones a lo importante, urgente y emergente. Estructurar la sociedad de forma más justa. Mantener el equilibrio de las estructuras fundamentales de desarrollo institucional que son las que proporcionan las condiciones de gobernabilidad, convivencia estable y modernización democrática en cualquier sistema político.
Las decisiones cruciales de un país se enfrentan constantemente a los conservadores que reclaman siempre el respeto ortodoxo a lo vigente, aunque constituya un valladar insalvable para la captación de las necesidades reales de la gente.
El optimismo de vanguardia siempre hace colisión con los pesimistas de la pasividad, los defensores a ultranza del contrapensamiento. Pretenden ver que la historia deja de ser dinámica, cuando el camino de los pueblos es romper con todos aquellos atavismos que lo paralizan.
Conservar el Derecho equivale a condenar a una sociedad al inmovilismo, al catatonismo ante las nuevas realidades, a la indefensión ante tensiones emergentes que deben solucionarse para guardar la viabilidad, el paralelogramo de fuerzas que hacen posible la convivencia pacífica solucionando los nuevos reclamos.
México fue el origen del nuevo constitucionalismo social. Aquí se rompieron desde hace cien años todos los paradigmas hasta entonces inalterables del positivismo jurídico. Nunca temieron nuestros antepasados a la adopción de ideas nuevas. Se horrorizaban del imperio de los viejos conceptos.
Con un enfoque similar al empleado por los constituyentes de Querétaro, los gobiernos de la Ciudad de México arribaron al mando en 1997 con la idea de proteger e impulsar las prerrogativas de los débiles, subsanar las deficiencias que habían provocado las igualdades formales e instaurar el concepto de la equidad.
Desarrollaron esquemas de convivencia entre la sociedad capitalina que han tomado carta de naturalización. Derecho social a la vivienda, a la alimentación comunitaria, a la educación, a la salud y a la seguridad. Respeto a las decisiones informadas sobre la reproducción y atención oportuna a la protección de los derechos sociales.
Así, desde hace veinte años los gobiernos de la Ciudad de México privilegian los derechos de mujeres, ancianos, población en desventaja y con servicios legales y asistenciales insuficientes, para ser protegidos por el aparato público en programas sociales que han sido elevados a la categoría de leyes vinculantes, obligatorias para todos.
Así se han desarrollado y cristalizado en la conciencia ciudadana el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción consustancial a menores, la muerte asistida, el financiamiento a poblaciones vulnerables, las libertades de manifestación, el seguro contra el desempleo de migrantes, indigentes e indígenas, así como la subrogación en su defensa judicial.
Estas medidas, necesarias por naturaleza, han causado mucho ruido en el interior, entre los grupos favorecidos del sistema que pretenden que nada cambie, que nada incline la balanza en pro de los olvidados . Pero en el exterior han sido tan reconocidas y aplaudidas que en muchos regímenes de otras latitudes, en todos continentes se reproducen y se asumen sus protocolos, con base en experiencias comprobadas.
Incluso, la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado su réplica en todo el mundo, a través de resoluciones de Asambleas, grupos de trabajo de funcionarios diplomáticos y organismos dependientes cómo la FAO y la Organización Internacional del Trabajo, sin dejar de lado los apoyos integrales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que se ha sumado a las recomendaciones.
Las autoridades vaticanas siempre están pendientes de los esfuerzos de la Ciudad de México por superar desigualdades. En diversas ocasiones el Papado se ha manifestado en favor de esas posiciones. Cuando los sucesos trágicos de septiembre pasado, Francisco ofreció la ayuda incondicional de los aparatos caritativos y financieros del Estado Vaticano.
El Comité Organizador del Premio Guadalupe Sciacca a entregarse en El Vaticano debe dar una explicación amplia y urgente del por qué tomó la decisión de aplazar la entrega del reconocimiento al programa “Médico en tu casa”, tradicionalmente galardonado en esas instancias y replicado, incluso, en algunas regiones del territorio italiano.
A sólo dos horas de llevarse a cabo la entrega del reconocimiento, el Programa capitalino fue excluido de la ceremonia de premiación, como si se tratara de una actitud de revancha de los grupos conservadores que en México se oponen a la atención a las franjas vulnerables y a las medidas sociales para combatir la inequidad.
¿Serán tan grandes los rencores de los grupos afectados por las medidas que están dispuestos a caer en la mofa internacional con tal de perjudicar los avances de la política social mexicana?
¿Usted qué cree?
Índice Flamígero: Escribe don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “La Reforma en Telecomunicaciones que el gobierno promulgó en 2013 incluyó a la televisión abierta y restringida, la radio, los servicios de datos, la telefonía fija y móvil, y a las telecomunicaciones en general. En lo que se refiere a la telefonía, ya sea fija o móvil, cuando se hace referencia a ella se habla de la existencia de un monopolio. Esta palabra denota el ejercicio exclusivo de una actividad, o que haya un único poseedor de un producto, bien o servicio, o que en el mercado no se encuentren productos sustitutivos. En consecuencia, cuando se dice que hay un monopolio que opera en la telefonía, se incurre en un error, ya que, desde 1996 dicha rama de las telecomunicaciones fue abierta a la competencia para que operara en la telefonía de larga distancia, y varias empresas, entre las que se puede mencionar a Alestra y Avantel, entraron en este mercado. Algunos usuarios que estaban suscritos con el proveedor original, es decir Telmex, se cambiaron a una de estas compañías pero permanecieron en ellas poco tiempo ya que se les imponían condiciones que no les convenían, por lo que regresaron a la anterior compañía telefónica. En la telefonía móvil aparecen Telcel, Movistar y ATT. Al implementar su reforma el gobierno ha dado bandazos inexplicables, que, aparentemente, tienen por finalidad afectar o beneficiar a alguien, sin actuar legalmente. Desde enero del año 2015 se eliminó el concepto de llamada de larga distancia y desde esa fecha cualquier llamada tiene el costo de una llamada local, aunque comunique lugares situados en diferentes ciudades. En México, es común que se siga lo que se hace en los EU, y en este país aún permanece el concepto de llamada de larga distancia, con costo diferenciado al de una llamada local. ¿Se justifica el cobro mayor para una llamada entre diferentes ciudades?, es posible que sí, por lo siguiente: aumenta la cantidad de equipo utilizado y, en consecuencia, el número de personal que le da mantenimiento. Cuando en 1990 se privatizó Teléfonos de México se dio origen a una empresa con la que resulta sumamente difícil competir por lo que ahora el gobierno estableció condiciones de asimetría entre quienes proporcionan el servicio telefónico. Por eso fue que el Senado fijó la tarifa cero, algo que no está dentro de sus atribuciones y que la SCJN anuló porque a quien corresponde reglamentar la telefonía es al IFT. Si en un principio pareció que se trataba de perjudicar a Carlos Slim, actualmente el trato del gobierno hacia él ha cambiado. Se le acaba de dar el Premio Nacional al Mérito Deportivo, sin que se le vean razones para merecerlo, más que una: se está buscando quien ayude a financiar las campañas del PRI para las elecciones del próximo año.”
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