La polémica PGR
Ramón Zurita Sahagún jueves 26, Oct 2017De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Santiago Nieto Castillo tiene seguidores y detractores y el tema de su despido se convirtió en un asunto de poder, no de justicia.
El asunto del despido del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, mantiene la atención puesta en el tema, principalmente para ver cómo lo resuelve el Senado de la República y es que aleatoriamente a ello se mueven otros asuntos destacados.
Nieto Castillo tiene seguidores y detractores y su tema se convirtió en un asunto de poder, no de justicia, ver quién puede más si los buenos o los malos.
No se puede considerar cuáles son los buenos y cuáles los malos, unos y otros se pueden incluir dentro de cualesquiera de los dos grupos.
Hay quienes lo ubican como inocente y otros más como culpable, aunque su victimización es un hecho y eso es lo que más atrae de su figura.
Hasta hace muy poco tiempo, pocos se habían fijado en Nieto Castillo y en todos los asuntos que han pasado por sus manos entre los que se incluyen ex gobernadores y el ahora muy de moda tema de Odebrecht.
México es, hasta el momento, uno de los pocos países en donde la presencia de la empresa petrolera y su estela de corrupción no presenta responsables de ello, con todo y presuntas evidencias.
La renuncia del entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, fue el preludio de lo que sucedió después con el relevo de Nieto Castillo, sobre todo por el recuento que de ello hizo el renunciante.
Y es que la figura de los titulares de la PGR ha sido sumamente polémica en el presente sexenio, desde que Jesús Murillo Karam y su verdad histórica dejaron incendiado el escenario de la justicia.
El ex gobernador de Hidalgo, estaba catalogado como el personaje idóneo para ocupar esa posición, por su carácter recio, su conocimiento de las leyes y amplia experiencia política, pero finalmente sucumbió a las presiones del exterior.
Su derrumbe fue provocado por la inconsistencia de la investigación en torno al asunto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Le siguió en turno la senadora con licencia Arely Gómez González, vinculada a la familia de José Patrocinio González Garrido y de la que se mantuvo bajo sospecha, una eventualidad de sus relaciones con una empresa televisora por la relación de su hermano con ella.
Arely tampoco fue la solución en la PGR y pronto dejó el cargo, siendo premiada con la Secretaría la de la Función Pública, donde continúa despachando.
Llegó en su lugar otro senador con licencia, Raúl Cervantes Andrade, quien se quedó esperando su propuesta para ser ministro de la Corte y se conformó con la PGR, con la promesa de ser el paso director a fiscal de la Nación.
Cervantes Andrade, un buen abogado, emparentado con el jefe de la Oficina de la Presidencia, fue impugnado por los partidos de oposición y se le impidió dar el siguiente paso a la Fiscalía, por lo que presentó su renuncia.
Quedó como encargado del despacho Alberto Elías Beltrán, quien desató una nueva tormenta sobre la dependencia, al solicitarle la renuncia a Santiago Nieto Castillo y entrampar la función de la Fepade.
En lo que va de la presente administración, los cuatro titulares de la PGR (incluido el encargado de despacho) han sumido a la dependencia en una grave crisis que ratifica las constantes sospechas sobre la ruta de la justicia en México y el uso faccioso que se le da a esta.
Si la llamada crisis legislativa no satisfizo a nadie y sirvió como arma de presión para desechar el paso automático de la PGR a la Fiscalía, habrá que ver el resultado que genera la crisis de la Fepade y a quién beneficia.
Por lo pronto, los cuatro personajes que han desfilado por la PGR se encuentran a punto de empatar con los cinco procuradores que actuaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y mantienen el récord de esa dependencia.
Sin embargo, Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo McGregor, Diego Valadés Ríos y Humberto Benítez Treviño, no generaron tanta polémica como los cuatro de esta administración.
En aquella administración dos casos emblemáticos fueron la papa caliente: el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, dejando ambos una gran incredulidad por los resultados se las investigaciones.
Ambos correspondieron a finales del sexenio, 93-94, mientras que los asuntos polémicos de los presentes han abundado en cada uno de los casos, generando escándalo.
Por lo pronto, nuevamente el tema de Odebrecht salta la discusión sobre el rumbo que tomará la investigación abierta durante el período de Raúl Cervantes Andrade y si procede o no actuar en contra de ex funcionarios de Pemex y de otros lados que, supuestamente, se encuentran involucrados con actos de corrupción.
Por cierto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González (ex titular de la PGR), compareció ante diputados y sostuvo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estaba lista para emitir las resoluciones de tres de los ocho procedimientos administrativos sancionatorios que abrió por el caso Odebrecht; no obstante, el Poder Judicial las frenó.
Sin embargo, Arely Gómez, advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias del caso.
De los ocho procedimientos administrativos sancionatorios, en tres de ellos la SFP estaba lista para emitir las resoluciones correspondientes, sin embargo, la semana pasada, el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo para el efecto de que dichas resoluciones no sean emitidas.
