Hasta 10 años de cárcel a DRO
Luis Muñoz viernes 13, Oct 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Ayer, el diputado Luis A. Chávez García, del PRD, presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa para aumentar las sanciones y castigar hasta con 10 años de cárcel, y la pérdida de su cédula profesional, a los Directores Responsables de Obra (DRO) que no cumplan su obligación.
Con ese propósito se pretende reformar el artículo 329 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.
Chávez García dijo que los sismos de septiembre de 1985 y 2017 dejaron muerte y destrucción, “que lamentamos profundamente”, pero también enseñanzas: la solidaridad de la sociedad civil que respondió ante la desgracia.
En los sismos de este septiembre vimos el colapso de casas, edificios y escuelas, y la población se pregunta ¿por qué algunos inmuebles se colapsaron si son de reciente edificación”.
El legislador considera que tal vez porque el temblor fue muy fuerte o porque no fueron bien construidos y no se aplicaron correctamente las normas técnicas, con el visto bueno de los DRO.
“Al no cumplirse con esta estas obligaciones, y con los criterios de resistencia estructural, los DRO, así como los propietarios de las construcciones, son los responsables del colapso de los inmuebles”.
Después de lo ocurrido, ¿qué procede?
Reformar el artículo 329 Bis, que actualmente establece una pena de cuatro a seis años y seis meses de prisión a los Directores Responsables de Obra o Corresponsables que no cumplan con la normatividad, así como la suspensión para desempeñar su profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena carcelaria impuesta.
El legislador perredista explicó que la reforma que propuso es aumentar esta pena de ocho a diez años de prisión, así como la suspensión definitiva de la cédula profesional para prevenir el colapso de inmuebles y tratar de evitar al máximo la pérdida de vidas humanas.
SE DEBEN CONGELAR TASAS DE INTERÉS
Con el objetivo de no perjudicar a los cuentahabientes y tarjetahabientes afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, el diputado de Morena en la Asamblea Legislativa, José Alfonso Suárez del Real, dijo que se deben congelar las tasas de interés que pudieran aumentar por las actividades financieras, a fin de que quienes perdieron su patrimonio no tengan una deuda más.
Para ello, el legislador solicitó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, celebrar convenios con las instituciones bancarias del país.
El diputado de Morena sostuvo que dichas acciones son posibles porque el Estatuto de Gobierno faculta, en su artículo 67 fracción XXV, al titular del Ejecutivo local a celebrar convenios de esa naturaleza.
Sin embargo, destacó que es importante que tanto la administración pública local como las entidades financieras, coadyuven para aminorar las deudas que el sismo dejó a las familias afectadas, y juntos contribuyan a la reconstrucción de la capital del país.
Según explicó, esas acciones estarían contenidas como parte de las estrategias en materia de protección civil, para superar los estragos del sismo.
De acuerdo con testimonios de damnificados, el sismo se vuelve a hacer presente cuando les llega el cobro de la hipoteca por un departamento que colapsó. Es importante, agregó, que los bancos hagan los movimientos necesarios para reconocer los edificios colapsados y evitar solicitar el pago de la hipoteca; por el contrario, se debe hacer efectiva la póliza de seguro cuando sea el caso.
Suárez del Real dijo que la celebración de un convenio de concertación con la banca privada cumpliría como agente regulador, figura jurídica prevista en la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, la cual lo define como “las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador”.
EL TEMA AGRÍCOLA, EN EL TLCAN
Ahora que ha iniciado la cuarta ronda, México debe fijar su postura sobre cómo cuidará sus recursos agrícolas y energéticos en la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá.
La diputada panista, María de los Ángeles Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, asegura que el país “ha titubeado mucho en este aspecto y corre peligro la política comercial”.
Al inaugurar el “Conversatorio: Sustentabilidad como eje transversal del TLC”, Rodríguez Aguirre mencionó la relevancia de que este tratado comercial conduzca a un desarrollo sustentable y sostenible, con obligaciones vinculantes para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación de los mantos hídricos y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua.
Por su parte, la legisladora Martha Cristina Jiménez Márquez, quien preside el grupo de amistad México-Estados Unidos, señaló que frente a las rondas para renegociación es imprescindible que los diferentes sectores planteen en la agenda, de forma efectiva, la necesidad de incluir los temas ambientales y de sustentabilidad, asociados al comercio.
