Fiscalías de Ecatepec protegen a delincuentes
Estado de México martes 10, Oct 2017- Con la policía, cobijan a ex MP y banda de invasores
- Ramírez Romero y Gudiño utilizan documentos apócrifos
- Impunes aún, amenazan a Ministerio Público y empresarios
José Luis Montañez
Ecatepec, Estado de México.- El ex agente del Ministerio Público en Ecatepec, José Ramírez Romero, depuesto y procesado el año pasado por cohecho, encabeza junto con un individuo de nombre, Eduardo Gudiño Garnica y otros, un grupo de delincuentes que invaden, roban y dañan propiedades en esta ciudad -hasta el momento con toda impunidad- con la intención de despojar a los legítimos dueños, amparados en documentos oficiales apócrifos que utilizan incluso ante el Ministerio Público y la policía con increíble éxito, como si fueran auténticos, para resguardar su seguridad e inmunidad, mientras se hallan en flagrancia, con protección de autoridades ministeriales y la policía.
Conforme a denuncias de las víctimas, Ramírez Romero tiene varias acusaciones y carpetas en su contra en el Ministerio Público de Ecatepec (por donde se pasea campante y saludador, cobijado por funcionarios del ramo) por los delitos de invasión y despojo y, desde el principio, sus víctimas lo han identificado con su alias de La Pepa Ramírez. Su esposa utiliza sus influencias en la Mesa de Responsabilidades de Toluca para que se integren expedientes de esos casos en la capital del estado con la misma documentación falsificada y presionen así de manera oficial a ministerios públicos de Ecatepec para que turnen las carpetas a aquella institución, con el propósito de manipularlas a favor de los intereses de su marido, en un evidente tráfico de influencias con fines delictivos.
El ex MP, Ramírez Romero, y Gudiño Garnica, de 49 años, a nombre de quien se han elaborado escrituras, oficios de ministerios públicos y prediales de la Tesorería apócrifos y clonados, han sido protegidos hasta hoy en sus intentos de despojo por funcionarios de la Fiscalía Regional de Ecatepec, a espaldas del fiscal, Juan Francisco Hernández Aguilar, entre los cuales se encuentran de manera preponderante su secretario particular, Celso Montes de Oca Muciño, cuyo “primo político” encabeza una invasión con un oficio ordenado por el pariente; por el jefe de Ministerios Públicos de Ecatepec, Mario Fragoso Quiroz y por la agente del Ministerio Público adscrita al tercer turno del Centro de Justicia de Ecatepec, Jazmín Ivett Infante Espinoza, así como por la MP de la Fiscalía del Transporte de Ecatepec, Laura Cecilia Turcotte Peláez, y por policías municipales, bajo las órdenes del director de Seguridad Ciudadana y Vial, Arturo Centeno Cano, según testimonios de los afectados.
La impunidad de que el ex MP Ramírez Romero y su cómplice Gudiño Garnica gozan hasta el día de hoy, gracias a la protección de aquellos funcionarios, les ha permitido intimidar y amenazar a las víctimas con atentar en contra de su integridad física, e incluso a ministerios públicos, como Gabriel Aguilar Barrera, de la Mesa 5 de Trámite del Centro de Justicia de San Cristóbal, a quien por ser imparcial y buscar justicia para las victimas, ya le advirtieron en dos ocasiones recientes: “¡ya bájale de huevos con esta carpeta (NIC: ECA/ ECA/ECI/034/122672/16/12 y NIC: ECA/ECA/ECI/114/041 65/17/04) o te va a llevar la chingada!”, utilizando para estas acciones a golpeadores que custodian las propiedades invadidas, que a bordo de camionetas han cerrado el paso a esta autoridad en cruceros de la vía pública en incidentes propios del crimen organizado.
Aguilar Barrera ya puso estas amenazas del conocimiento del fiscal Regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, quien sorprendido y molesto contra las violaciones al estado de Derecho en cualquier circunstancia, ordenó todo el peso de la justicia sobre los responsables, caiga quien caiga, pero siguen en flagrancia y la impunidad, amparados por oficios manipulados por Montes de Oca Muciño.
Entre otros delitos cometidos por el ex MP Ramírez Romero y su cómplice Gudiño Garnica -quien se hace pasar como “dueño” de los predios que invaden, destruyen y saquean, como el inmueble donde se ubica la Universidad del Grupo Cultural y Educativo Univamex, en avenida Central sin número o Carlos Hank González, colonia Alfredo Torres- entre otros delitos, han falsificado oficios de ministerios públicos de Ecatepec, como Elsa Villegas Sepúlveda, de la Mesa 5 de Trámite del Centro de Justicia de Ecatepec, y los han usado para posesionarse de propiedades al amparo de la noche y con apoyo de agentes municipales, así como falsos contratos de compra-venta de terrenos con sello y firmas falsificadas de registradores de la propiedad y el comercio y registros catastrales y boletas de prediales hechizos o clonados de la Tesorería de Ecatepec, con los que engañan a otras autoridades para cometer delitos con plena libertad, sin que nadie los moleste, hasta el momento.
Gibrán Morales Andrade, presidente del consejo de administración de Univamex y uno de los amenazados por el grupo delincuencial, ha presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en la carpeta de investigación número ECA/ECA/ECI/00/MPI/114/04165/17/04 y NIC: ECA/ECA/ ECI/034/122672/16/12 de la misma Mesa 5 y, en busca de cierta protección, ha recurrido a notarios públicos, junto con otros afectados, como el rector de la universidad, José Luis Morales Cárdenas, así como las demás víctimas de la invasión, para dejar asentado que temen que aquellos invasores y las autoridades cómplices atenten contra su seguridad y las de sus familias, ante el acoso intimidatorio y verbal al que han sido sometidos desde el 7 de septiembre, cuando comenzó la agresión al grupo universitario en perjuicio, inclusive de decenas de estudiantes de carreras y maestrías que allí cursaban sus estudios. Como si quisieran borrar la historia, los invasores además de robo de equipo, vehículos y maquinaria, han causado multitud de destrozos al inmueble y le han embarrado pintura encima de las siglas, emblemas y nombre de la universidad, para pretender extinguir huella alguna del centro universitario, e incluso, han aislado las instalaciones de la vista de la Avenida Central, con una malla de plástico negro.
De acuerdo con denuncias contra el ex MP Ramírez Romero y Gudiño Garnica, ambos individuos intentan despojar con distintas argucias otras propiedades de empresarios ubicadas en Avenida Central, en una de las cuales a mediados de julio pasado, con ayuda de la autoridad, sembraron un delito: el “robo”, de un automóvil placas LSW-3493, propiedad de Alfonso Méndez Acosta, y previa denuncia amañada ante la Fiscalía del Transporte, con sede en Ecatepec, movilizaron a más de 70 elementos, entre soldados, marinos, policías ministeriales y municipales, así como a cuatro agentes del Ministerio Público, para ¡recuperar dicho vehículo!, en un despliegue inusitado de fuerza pública bastante superior a la que el gobierno federal dispuso para detener al capo Joaquín El Chapo Guzmán. En este caso, asentado en la carpeta ECA/ECA/00/MPI/264/07099/17/07; también se presentaron a Ramírez Romero y Gudiño Garnica con la misma documentación apócrifa como “dueños” del inmueble: una copia ilegible de la “escritura” con la partida 409 (según una consulta, no existe en los archivos hasta este número, sino apenas arriba de los 300), Volumen 11, de títulos traslativos de dominio de fecha 8 de octubre de 1927, donde falsificaron esta vez las firmas del registrador de la propiedad y el comercio de Naucalpan, con fecha 27 de septiembre de 2013, Hugo Millán Álvarez, así como la del registrador de Ecatepec, de entonces. Allí, presumieron llevar una estrecha relación con el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tlalnepantla, y ex alcalde de Ecatepec, Jorge Torres Rodríguez, quien por mera coincidencia también codicia esas propiedades, utilizando el tráfico de influencias como litigante, aun cuando es funcionario y también como “dueño” del inmueble con contratos de compra-venta, calificados por peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, como falsificados por imitación en juicios correspondientes, como el expediente 531/2015 del Juzgado Tercero Civil de Ecatepec, donde el citado magistrado encabeza como la parte que demanda, como apoderado de su cómplice, Miguel Ángel Berumen González y además como “propietario”, y presiona con su influencia a la instancia judicial para eludir su comparecencia: ambos, junto con la madre de este último, María Evangelina González Medina y otros involucrados, están acusados, con las pruebas documentales certificadas, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 5 de Trámite del Centro de Justicia de San Cristóbal, Marco Antonio Rojo Reséndez, de uso de documento falso o alterado en la carpeta ECA/ECA/ EC1/034/032107/16/08, que ya ha sido judicializada. Con el ex alcalde de Ecatepec, como padrino e impulsor, González Medina y su hijo pretendieron apropiarse en otro momento del mismo inmueble, con dos poderes elaborados con base en documentos falsos y otras artimañas, y sin embargo, ambos panfletos de notarios públicos cómplices, uno del Distrito Federal y otro de Acayucan, Veracruz, fueron anulados en todas las instancias en el expediente 56/2013 del Juzgado Cuarto Mercantil de Primera Instancia de Naucalpan, al decretarse ilegales, apócrifos.
Al frente de un grupo de cuatro ministerios públicos, entre los cuales estaba su esposo, Efraín Méndez Gómez, Diana María Lozano Torres y Ángela Edith Cruz Hernández, la Ministerio Público de la Fiscalía del Transporte, Laura Cecilia Turcotte Peláez, encabezó a mediados de julio pasado una orden de cateo en un lugar público: un lote de autos, ubicado en Avenida Central esquina con Francisco Márquez, a un lado de la Universidad Univamex, para ir a rescatar el automóvil sembrado como robado, para lo cual, para espanto de los vecinos y el tránsito citadino, tomó por asalto el inmueble con más de 70 elementos del Ejército, la Marina y con policías ministeriales y municipales y colocó un sello con la leyenda: “inmueble asegurado”, en un evidente abuso de autoridad y uso irracional, ofensivo y fuera de las normas legales de aquellas instituciones del gobierno federal. Una consulta al Registro Nacional Vehicular (Renave) el 25 de julio de 2017, aclaró que dicho automóvil tuvo reporte de robo el 21 de febrero de 2008 y fue recuperado en la misma fecha -hace nueve años- por la PGJ-México, lo cual despierta más sospechas sobre el proceder de Turcotte Peláez y compañía. Según los rumores en el Centro de Justicia de San Cristóbal, preparaban sembrar otro delito en la Universidad Univamex, para asegurar el inmueble, pero al final optaron por la invasión.
En abierto desacato al juez de control en Chiconautla, la MP Turcotte Peláez lo dejó plantado el lunes 2 de octubre pasado en la audiencia generada, para ver el estado del terreno “asegurado” y para hacer tiempo para que los invasores consiguieran un día después otro documento de predial de la Tesorería también clonado, con el que buscaban reclamar la propiedad. Diferida esta cita por el juez para ayer 9 de octubre, Turcotte Peláez tampoco se presentó y fue visto como una burla para la justicia.
Entre tanto, Ramírez Romero, de 49 años, usaba el número de gafete AMP-1719, cuando el 26 de febrero de 2016 fue destituido como agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de San Cristóbal Ecatepec y sometido a proceso en la carpeta de investigación número 19431036002515 de la Fiscalía para Servidores Públicos, por extorsionar a Francisco Javier Escamilla, de 19 años, para que le entregara miles de pesos para permitirle firmar su medida cautelar o de lo contrario lo “mandaba de nueva cuenta al reclusorio donde purgaba una sentencia por un delito”, de acuerdo con la nota periodística de aquella fecha firmada por Fernando Solís Cruz, en el portal noticioso afondoedomex.com.
El fiscal Hernández Aguilar fue puesto del conocimiento de estos hechos hace unos días, mientras visitaba el Centro de Justicia de San Cristóbal, por uno de los abogados de las víctimas, pero en el encuentro terció oficioso y con ansias inocultables el jefe de los Ministerios Públicos, Mario Fragoso Quiroz, para afirmar contundente que el inmueble universitario “es propiedad del ex Ministerio Público Ramírez Romero”. Ante el rechazo de esta versión falsa por parte del representante de los auténticos dueños, quienes han ofrecido en la carpeta toda la documentación que acredita la propiedad, Fragoso Quiroz insistió tanto y más en su versión como si fuera abogado defensor de los invasores, en asegurar que poseían escrituras, hasta que logró incomodar al fiscal, quien molesto con la oficiosidad y perseverancia del funcionario público, le dijo con un “¿tienes tú algún interés en este caso?”.
Unos días después, el propio Fragoso Quiroz, en una audiencia “conciliatoria”, presentó al ex MP Ramírez Romero y a dos golpeadores que resguardan la invasión e iban acompañándolo -uno de los cuales traía aretes, fue identificado como “primo político” del secretario particular del fiscal-, presentó al trío invasor ante Gibrán Morales y apoderados de Univamex y los representantes de Mausoleos San Cristóbal (al cual pertenece el terreno como reserva del panteón, como establece la concesión), encabezados por Armando Nicolás Sepúlveda, como “los dueños del inmueble” y hasta les solicitó a los invasores con candidez impropia de una autoridad “su permiso para que el Ministerio Público haga una inspección” al interior de la invasión. Allí mismo, el ex MP, Ramírez Romero y acompañantes se pusieron a temblar y guardaron silencio cuando los ofendidos los denunciaron en presencia del jefe de Ministerios Públicos, que eran unos delincuentes y que estaban usando documentos falsificados en estos casos.
A escondidas del fiscal Hernández Aguilar, cuya rectitud y apego a Derecho se pondera en los tribunales y combate cualquier desviación del Ministerio Público con signos de intereses personales, otras instancias de su esfera, como su secretario particular, según es “un secreto a voces” en el Centro de Justicia de San Cristóbal, han metido sus manos para proteger al grupo de invasores, encabezados por el ex MP Ramírez Romero y Gudiño Garnica. Por ejemplo, la agente del Ministerio Público adscrita al tercer turno del Centro de Justicia de San Cristóbal, Jazmín Ivett Infante Espinoza, intentó bloquear e impedir que Nicolás Sepúlveda levantara una denuncia por abuso de autoridad contra quien resulte responsable, en perjuicio de Univamex y tres de sus trabajadores, que fueron salvajemente golpeados el 15 de septiembre pasado al interior de la universidad por la policía municipal, al amparo de oficios del MP falsos, pero la intervención del fiscal Hernández Aguilar facilitó el inicio de la carpeta NIC: ECA/EC1/00/MPI013/09914/17/09 ante la Mesa de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Empero, horas más tarde, Infante Espinoza otorgó nueva protección a los invasores con su firma, en un oficio por el cual solicitó a la policía municipal custodia para uno de los delincuentes “en su domicilio” -decía el libelo- en la Univamex. (Montes de Oca Muciño fue uno de los mexiquenses de confianza del llamado “Virrey” de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, con el cargo de director regional de Averiguaciones Previas de Apatzingán, donde de acuerdo con los antecedentes menudearon la siembra de delitos y las ejecuciones extrajudiciales cuando el actual director de la Conade “gobernaba” aquellas tierras a su antojo e intereses).
Mientras tanto, los invasores continúan en el inmueble amparados por la policía municipal con un nuevo oficio que ordenó y manipuló Celso Montes de Oca Muciño, el mismo secretario particular del fiscal, en sustitución del falsificado a la MP Elsa Villegas Sepúlveda y denunciado por ella en la misma carpeta, con la que los delincuentes se apoyaron para invadir a la medianoche del 7 de septiembre pasado con patrullas a su servicio, luego de ordenar aquel funcionario al Ministerio Público, Gabriel Aguilar Barrera, que cancelara otro oficio que daba protección a los verdaderos dueños y poseedores de la Universidad, para cobijar a la delincuencia, incluso con el ingreso permanente de los gendarmes a la Universidad Univamex, invadida con toda la impunidad y vista gorda y complicidad de las “autoridades”.
