Piden renuncia de ombudsman
Luis Muñoz viernes 8, Sep 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Será verdad, será mentira…
El caso es que el ex rector de la Universidad del Estado de México, Jorge Olvera García, fue designado ombudsman mexiquense en medio de serios cuestionamientos por ser parte, presuntamente, de una “red de corrupción”.
Ahora se exige su renuncia para garantizar, ampliar y profundizar las investigaciones en torno al desvío de recursos del erario público del orden de los 7 mil 600 millones de pesos. Parece exagerada la cifra, pero eso señala el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrilleros”.
El propio coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, demandó la separación del cargo del funcionario.
Basado en una investigación denominada “la estafa maestra”, difundida por un medio de comunicación, destacó que se puso al descubierto una “innegable y aberrante red de corrupción” en la que habría participado la máxima casa de estudios del Edomex en tiempos de Olvera García como rector.
Por este motivo, Lara Duque exigió, desde la sociedad civil organizada, una investigación puntual, imparcial y transparente, que derive en sanciones ejemplares para quien o quienes hayan participado en estos actos ilícitos”.
Lara Duque lamentó la elección de este “oscuro” personaje, pues su nombramiento ha sido severamente cuestionado por la sociedad civil, así como por organizaciones de derechos humanos que lo han tomado como una afrenta a los intereses legítimos de los ciudadanos y de los defensores de los derechos humanos que sufren el embate de autoridades.
Hasta dónde se sabe, el desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México, que sirvieron de intermediarios para recibir importantes sumas de dinero sin rendir declarar en qué y cómo se ocuparon.
El abogado Duque Lara recordó que en la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Olvera García tomó protesta como nuevo ombudsman mexiquense ante el pleno de la Legislatura mexiquense, que aprobó su nombramiento con 59 votos a favor de prácticamente todas las fracciones, excepto la de Morena.
ROJAS MARTÍNEZ CONDENA FEMINICIDIOS
La diputada de Morena en la Asamblea Legislativa, Beatriz Rojas Martínez, anunció que en el Periodo Ordinario de Sesiones presentará una reforma al Código Penal para precisar el delito de feminicidio.
Lo anterior, es porque, a decir de la legisladora, de manera arbitraria las autoridades determinan si la muerte de una mujer fue por feminicidio u homicidio, y ocultan la gravedad de los asesinatos de mujeres en la capital.
Dijo que tan sólo el año pasado se registraron 74 feminicidios, pero la Procuraduría capitalina nada más reconoció 40. Además, los asesinos son sentenciados por homicidio y no por feminicidio, que es un delito mayor.
Rojas Martínez lamentó que los funcionarios de la Procuraduría local hicieran de esta institución un centro incompetente y omiso, pues los casos de feminicidios quedan sin resolver.
La legisladora de Morena cuestionó la administración de la Ciudad de México porque es un gobierno incapaz de proteger la vida de las mujeres. De acuerdo con datos de la propia Procuraduría, de enero de 2015 a junio de 2016 hubo mil 744 casos de personas extraviadas, de las cuales mil 122 fueron localizadas y quedan aún 622 sin resolver.
Por otra parte, insistió en la urgente necesidad de declarar la Alerta de Género en la capital del país, pues es una medida de emergencia que ayudará en el esclarecimiento de los hechos ante tan alarmante incremento de feminicidios.
La negación del problema no ayuda a su solución.
Rojas Martínez volvió a exhortar a CAPEA y a LOCATEL para que se atiendan de manera inmediata las investigaciones por desaparición, pues por ahora deben esperar hasta 72 horas, tiempo durante el cual pueden suceder muchas cosas, incluso que la víctima pierda la vida.
En cuanto a la geofísica del Instituto Politécnico Nacional, María Salguero, ésta precisó que a la fecha ocurrieron 45 feminicidios y 37 muertes violentas de mujeres, en total de 82 asesinatos de mujeres; sin embargo, la PGJ sólo reconoce 20. Los restantes los califica como homicidios o suicidios.
Sobre el tema, el coordinador de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Manuel Domínguez Martínez, lamentó que la impunidad que caracteriza al gobierno de la ciudad, permita que se deje sin castigo a los responsables y sin justicia a las víctimas.
Por último, el especialista en derechos humanos y violencia contra las mujeres, David Peña Rodríguez, explicó que la Procuraduría local y el gobierno de la ciudad se encuentran en complicidad institucional para reducir el impacto de los feminicidios en la Ciudad de México.
Esto significa que mantienen una política de comunicación en la que criminalizan a las víctimas a efecto de tener un control de daños, reducir el impacto de las muertes y cuidar la imagen pública de los gobernantes.
