Urgen aprobar ley vs desaparición forzada
Luis Muñoz jueves 31, Ago 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos urgió a la Cámara de Diputados a que apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el uno de septiembre.
Pidió, además, que el gobierno federal acepte la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de, o en nombre de, las personas sujetas a su jurisdicción, que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado.
Lo anterior, indicó, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país.
Otro hecho importante y que es necesario tomar en cuenta, es que la CNDH demandó también el establecimiento de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones. En ese sentido, el organismo hizo un llamado a las autoridades federales y locales a impulsar aún más las acciones en beneficio de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares.
Al respecto, les hizo un “respetuoso y enérgico” exhorto para que atiendan las 102 propuestas formuladas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de esta Comisión Nacional.
Cabe destacar que para la CNDH, la atención del problema no debe agotarse con buenas intenciones; se requiere una política integral con decidida participación de todas las autoridades del Estado, las cuales deben analizar el contexto situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de dicho delito, a fin de hacerle frente.
En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —ayer, 30 de agosto—, la CNDH ratificó su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y subrayó la importancia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno generen condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de ese delito, para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la justicia, a la verdad y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.
El pasado 6 de abril la CNDH presentó su informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, donde abordó diversos temas relacionados con investigaciones ministeriales iniciadas a consecuencia de tales delitos y los derechos que la Ley General de Víctimas concede a éstas y sus familiares.
Como parte de su labor, explicó que de enero a junio del presente año inició 2,188 folios, proporcionó 4,621 servicios de orientación jurídica, atención psicológica, acompañamiento e información, además de la realización de 49 actos de promoción para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y la distribución de 26,755 materiales alusivos al tema.
POR UNA JUBILACIÓN DIGNA
La diputada federal, María Eugenia Ocampo Bedolla, del grupo parlamentario Nueva Alianza en la Cámara baja, llamó a las autoridades a garantizar mejores condiciones laborales y económicas para este sector con el objetivo de que puedan acceder a una jubilación digna. Puso de relieve que “este grupo poblacional enfrenta un serio problema de retiro laboral derivado de la falta de oportunidades por no contar con un buen nivel educativo, debido a que la mayoría no puede retirarse del trabajo con la protección de una pensión o jubilación”.
Al conmemorar la creación del Instituto Nacional para la Educación de Adultos Mayores (INEA), fundado el 31 de agosto de 1981, la legisladora dijo que de acuerdo con datos de la encuesta realizada por el Instituto en el año 2014, “una de cada tres personas mayores de 60 años eran (siguen siendo) trabajadores subordinados, es decir, el 35.5% de una población de 11.6 millones de individuos no tienen condiciones laborales favorables.
Expuso que en México, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), uno de cada cinco adultos mayores carece de una pensión y la mayor parte de los que continúan trabajando reciben ingresos menores a dos salarios mínimos, ya que por lo general laboran en pequeños establecimientos.
La situación es delicada, desde el momento en que, como bien apunta, “las personas de la tercera edad presentan una evidente dependencia económica, razón por la cual las actuales políticas salariales y de seguridad social deben encaminarse a no vulnerar sus derechos”.
La legisladora Ocampo Bedolla, quien es secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que “promover oportunidades educativas con el fin de que las personas jóvenes y adultas continúen sus estudios, ayudaría al fomento de una cultura del envejecimiento digno, en la que se considere a futuro las condiciones necesarias para tener un mejor retiro”. En este contexto, sostuvo que estos esfuerzos deben tomar en cuenta las nuevas dinámicas educativas de las familias mexicanas, a fin de crear alternativas viables que reconozcan nuevamente el valor de las personas de 60 años y más, para que no se minimice su funcionalidad física, mental y social.
