Voraz corrupción
Freddy Sánchez martes 29, Ago 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
De dónde salió la información sobre el cuantioso enriquecimiento inmobiliario de la familia del líder del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya.
Eso posiblemente está de más saberlo, pero no es lo de menos.
Así que dos cuestiones saltan a la vista en este asunto de presumible corrupción política.
Por una parte, lo fácil que es poner al descubierto la cuantía de las posesiones de quienes están dedicados a la política y sus familiares más cercanos, particularmente cuando en pocos años, la riqueza familiar adquiere proporciones impresionantes.
En 14 años (en el caso de Anaya y su parentela), teniendo un incremento de seis a 33 propiedades, y en el mismo lapso con un aumento en el valor patrimonial, que pasó de 21.9 millones a 308 millones de pesos.
Y la verdad no importa cómo es que la información salió a la luz, pero sí es de gran importancia saber por qué ahora salieron a relucir los supuestos “trapos sucios” de quien, como es lógico fue puesto bajo la mira social y está siendo objeto de un “linchamiento mediático”.
Alguien que, justamente figura al frente de un intento por crear un frente unido que haga posible volver a sacar al PRI de Los Pinos e impida que López Obrador llegue a la Presidencia.
De modo que el “duro golpe” al dirigente panista Ricardo Anaya, inequívocamente, tiene un trasfondo político-electoral.
Y es evidencia de que la “guerra sucia” en torno a la disputa por la silla presidencial, está en plena marcha y nada ni nadie lo podrá evitar.
Por ello, naturalmente, no es lo de menos conocer exactamente de dónde provino la andanada contra el dirigente del panismo y cuáles son sus verdaderas intenciones.
Aunque, obviamente, eso no quita la importancia de investigar hasta dónde es verdad la denuncia contra los Anaya, lo que permitirá saber si se trata o no de esa clase de personas que se dedican a preconizar la rectitud como norma de vida y en la práctica actúan como tantos otros políticos y sus familiares, prestos a medrar inescrupulosamente, mediante el tráfico de influencias que suele ser común en el ejercicio del poder.
Lo que constituye una auténtica infamia, en un país donde la mayoría vive al día, si no es que carece de lo indispensable para llevar una vida digna o de plano figura en la lista de los pobres más pobres.
En ese contexto hay que decir sin tapujos que los Anaya están obligados a demostrar que su crecimiento inmobiliario en los últimos 14 años, no provino en modo alguno de la corrupción, el influyentismo ni los compadrazgos por el abuso del poder.
Pero, exactamente lo mismo, deberían hacer los que aspiran a futuros cargos de elección popular, dando a conocer lo que ellos y sus familiares directos lograron obtener en los últimos dos sexenios, recurriendo por supuesto a probar que nada de lo que tienen es producto de privilegios, concesiones o “tratos en lo oscurito” con instancia de gobierno.
O sea, que sus fortunas inmobiliarias y de dinero en efectivo, cuentas bancarias, vehículos y demás posesiones tienen un origen comprobablemente lícito y no son el producto de lo que habitualmente caracteriza las prácticas políticas en México.
Eso justamente que cualquiera con un mínimo de sentido común se imagina: la recurrente y voraz corrupción.
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