Motociclistas, sin ley que los sancione
Luis Muñoz viernes 18, Ago 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
El gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Movilidad, no ha adoptado ninguna medida que impida que los conductores de motocicletas transporten a niños en la parte delantera, aún cuando es evidente el peligro que corren de sufrir un accidente de fatales consecuencias.
Eso sí, dicen los denunciantes, a las autoridades (estatales y municipales) les preocupa (cosa que está muy bien) que los automovilistas usen el cinturón de seguridad, igual que el copiloto y quienes viajan en la parte trasera, pero en el caso de las motos es un caos: pueden tranquilamente superar los límites de velocidad permitidos, circular en sentido contrario, pasarse el semáforo en rojo, conducir sin casco y, lo peor, transportar a menores sin ninguna protección, y no pasa absolutamente nada.
Es cierto que el Gobierno del Estado de México cuenta con un Sistema de Atención Mexiquense (SAM), que depende de la Secretaría de la Contraloría, pero como si no existiera. Reciben quejas, pero el problema no se resuelve.
Se dice que el SAM recibe las quejas o denuncias de los ciudadanos y que los datos que aporte (nombre, dirección, teléfono, etcétera) serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales. La finalidad es dar respuesta a las inconformidades sobre los servicios públicos (cuando sea el caso) o en cuanto al desempeño (mal, por supuesto) de algunos funcionarios.
Aunque ha habido denuncias sobre la anarquía en la circulación de motocicletas, hasta ahora no se ha visto ninguna señal de mejora.
Se han dado casos que hasta mujeres llevan hasta dos y hasta tres menores y aunque pasan frente a los agentes de Tránsito, estos no hacen absolutamente nada.
¿Para las autoridades no vale la vida de un menor?
Si lo vale, lo disimulan muy bien…
¿Se aplica el Reglamento?
En su Artículo 3 el Reglamento de Tránsito del Estado de México señala lo siguiente:
Las autoridades de Tránsito, en los términos establecidos en la ley de la materia, están facultades para dictar las disposiciones necesarias a efecto de regular y planear el tránsito de peatones y de vehículos en las vías públicas de la entidad, con el propósito de garantizar al máximo la seguridad de las personas, sus bienes, el medio ambiente y el orden público.
¿Y entonces?
Les preocupa amenazas
La CNDH dice, y dice bien, que no hay que buscar una solución después del “niño ahogado”. Hay que actuar ahora y prevenir lo que puede ser una real amenaza.
Nos referimos al caso del colega, Héctor de Mauleón, amenazado de muerte al menos en cinco ocasiones, a través de la red social Twitter.
El mismo medio dio a conocer que la más reciente incluye un video con la fotografía del periodista y la leyenda: “Sr. Héctor la sentencia está por cumplirse, la muerte le ha llegado”.
Explicó el organismo que desde el momento mismo en que conoció de la más reciente amenaza, hecha a través de redes sociales, estableció comunicación con el periodista, a quien expresó su solidaridad y ofreció sus servicios de acompañamiento y asesoría.
La CNDH señaló que las amenazas de agresión fisica a periodistas, a través de las redes sociales, se suman a otras acciones que coartan la libertad de expresión, tales como demandas judiciales, atentados contra instalaciones de los medios informativos y bienes de periodistas, robo a oficinas, el manejo discrecional de la publicidad oficial, negativa de acceso a diversos actos públicos, despojo o retención de equipos de trabajo, obligarlos a borrar el material gráfico que obtuvieron o para difundir materiales para atacar a personas o grupos contrarios, desacreditación profesional y espionaje, entre otras.
Preocupante situación, sin duda, y que no admite dilación.
Por ello, la CNDH insiste en que las autoridades federales y estatales deben investigar los 8 casos de homicidios de periodistas ocurridos durante el presente año y realizar las diligencias que resulten necesarias e idóneas con la mayor prontitud, poniendo especial atención en aquellos elementos relacionados con la labor periodística de la víctima, a fin de evitar el desvanecimiento de indicios, que en muchas ocasiones deriva en expedientes con poco sustento probatorio y, desafortunadamente, en hechos que terminan en la total impunidad de los crímenes y sus responsables.
Los homicidios en 2017
Por último, el organismo de derechos humanos señala que todas las vidas son igual de valiosas y todos los hechos delictivos deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, sin importar la ocupación o actividad profesional de quienes son víctimas de los mismos.
No obstante, cuando se ataca a un periodista o comunicador, refiere, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, pues al vulnerarse la libertad de expresión también ocurre lo mismo con los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.
