“Tache” a servidores públicos
Luis Muñoz martes 15, Ago 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Qué tan aptos son los servidores públicos para ejercer con eficiencia las funciones que exige la administración pública, en favor de millones de ciudadanos.
Es una interrogante que inquieta a la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, quien anunció que iniciará un curso de profesionalización administrativa con la finalidad de certificar sus competencias como líderes en el servicio público.
Será el Colegio Nacional de Evaluación el que facilite la certificación en administración y seguridad pública, protección civil, salud y apoyo administrativo.
Al tratarse de una administración pública, le corresponde al servidor ser el nexo directo entre los ciudadanos y el poder político y desde luego atender y satisfacer todas las demandas que los ciudadanos puedan plantear. Básicamente, a la administración pública le compete todo aquello que implique el orden público.
De ahí el propósito de que los servidores públicos puedan certificarse como personas capaces de desempeñarse como lo establece el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México en este caso.
La legisladora local, ha señalado que antes de concluir la actual administración del gobierno capitalino y la entrada en vigor del nuevo régimen gubernamental en 2018, todos los servidores públicos podrán profesionalizar y certificar sus habilidades, destrezas y conocimientos en administración pública, independientemente de los grados académicos obtenidos, para garantizar la mejor prestación de servicios públicos a los más de 8 millones de capitalinos y población flotante que hace uso de ellos.
Durante su intervención en la presentación del Programa de Certificación de Competencias Laborales de los Servidores Públicos en la Ciudad de México, que se llevó a cabo en recinto de la Asamblea Legislativa, la diputada Valencia dijo que “no todos los servidores públicos son competentes en el servicio público”, de ahí la importancia de profesionalizar y certificar sus habilidades.
La certificación, según explicó, podría coadyuvar a fortalecer los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y eficacia, además de estimular una mejor operatividad administrativa, más ágil y con los resultados esperados por los ciudadanos; en suma, abatir actos de corrupción.
El curso, que comienza a partir del 28 de agosto, tiene como objetivo adquirir los conocimientos necesarios para que los servidores públicos puedan atender de mejor manera a los ciudadanos de las 16 delegaciones y del resto de las entidades federativas.
Ángeles Valencia dijo que dicha capacitación será temática y en grado ascendente hacia una ruta de acuerdo con lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en materia de acumulación de créditos y en el marco cualificaciones y con base en el Acuerdo 286 de la Secretaria de Educación Pública (SEP).
Delegado, en la tablita
Se tambalea el delegado de Tláhuac, pues continúan los procedimientos para su remoción. Ayer, luego de que el presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, entregó personalmente las 23 firmas al presidente de la Comisión Jurisdiccional, Armando López Campa, a efecto de iniciar formalmente con el proceso de remoción del jefe delegacional Rigoberto Salgado, el diputado perredista aseguró que “todo se está realizando conforme al debido proceso”.
Según dijo, diputados de distintos grupos parlamentarios han tomado la decisión de iniciar el procedimiento conforme a derecho, como lo marca el artículo 42 del Estatuto de Gobierno, que les da facultades para iniciar la destitución del funcionario de Morena.
Informó que se contempla que el próximo jueves los integrantes de la Comisión Jurisdiccional se reúnan para determinar el inicio de las sesiones donde se entregarán pruebas y se citarán a involucrados y afectados a declarar.
El diputado Toldo señaló que hay muchos diputados que quiere firmar y si en la comisión se vota a favor del procedimiento, tendrán que aprobarlo dos terceras partes de los diputados del pleno de la Asamblea Legislativa, lo que corresponde a un mínimo de 44 legisladores…
Cualquiera que sea el resultado, la remoción a nivel político suele implicar un daño importante en la imagen del funcionario, pues, como se sabe, todos tienen una imagen pública que mantener y de este modo esa imagen empieza a deteriorarse desde el momento mismo en que se comienza a hablar de su ineficacia o de su corrupción, como parece ser el caso.
Discursos de odio
Existe la certeza de que los discursos de odio incitan a la violencia y comisión de delitos graves como el feminicidios; por tal motivo se debe modificar el Código Penal para sancionar con cárcel —de uno a tres años— y multas de hasta 200 días de salario mínimo a los promotores de acciones como las señaladas.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich (de Movimiento Ciudadano) propuso lo anterior y explicó que dichas penas se incrementarán en una mitad, cuando esas expresiones se difundan a un número elevado de personas a través de algún medio de comunicación o del uso de tecnologías o mecanismos de difusión masiva.
Lo que se pretende con la modificación al artículo 149 es ampliar las hipótesis punibles y sus agravantes por conductas que atenten contra la dignidad y los derechos de toda persona.
