“Amiga” del gobernador de Quintana Roo se dedica a invadir predios (propiedad privada) en Cancún

Derecho de réplica

Es una mujer chaparra, no más de uno cincuenta de estatura, vestida como hombre, con la tez requemada por el sol, cincuentona y con una forma de hablar —leguleya—,  que pretende intimidar a todo mundo. Se hace acompañar de una decena de hombres y mujeres de aspecto humilde, que la siguen incondicionalmente. Sobra decir que se aprovecha de la necesidad de esos ciudadanos para utilizarlos en sus procedimientos gangsteriles. Trata de ser, según ella, correcta al hablar de sus hazañas delincuenciales y, para intimidar a sus presuntas víctimas se dice “amiga” del gobernador.

Se pasea por los juzgados civiles, la Vicefiscalía de la Zona Norte y demás oficinas judiciales, donde “litiga” pleitos con documentos de dudosa procedencia, por lo regular falsos y sin constancia oficial alguna. Se siente amparada por su “padrino” el mandatario y dice ganar demandas, bueno, aunque para eso quebrante mil veces la ley, ante la pasividad de jueces, ministerios públicos, inspectores y demás autoridades que la ven con temor.

El caso es que esta tipa se dedica ahora a la invasión de predios, que son propiedad privada certificada ante Notario Público con todas las de la ley. Sin ningún documento legal —más que un papel manuscrito entre dos presuntos particulares, o sea comprador y vendedor— pretende hacer efectiva la posesión y dominio de un predio (escriturado por el Notario 3 de Benito Juárez, Marco A. Sánchez Vales, a nombre de su actual y único propietario, José Luis Montañez Aguilar), en la esquina de avenida Huayacán y calle Noche Buena, en pleno corazón de Cancún.

Esa señora, que debería estar en la cárcel por actuar fuera de la ley, cuenta con la complicidad de la secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil Unitario de Cancún, Dilery Guadalupe Jiménez Vera, quien dicho sea de paso, “durmió” y maneja como pelele a su jefe, el juez Juan Carlos Quintal Canul.

Este señor juez, por cierto, no lee ni los expedientes que tiene a su cargo y permite que su subalterna lo manipule a su antojo para enderezar los juicios, según sea el caso. Vamos, ya sabe usted, de acuerdo al sapo es la pedrada…¿qué no?

La historia da inicio en el 2015, cuando una de las incondicionales de la citada invasora de predios, bajo el régimen de propiedad privada, presentó una demanda para reclamar la propiedad de un terreno sobre avenida Huayacán, sin documento oficial de por medio.

El documento contenido en el expediente 928/2015 es un papel cualquiera, manuscrito, sin valor legal alguno, sin registro de ningún tipo oficialmente, además de carecer de especificaciones exactas de las medidas del predio, así como la ubicación del mismo. Una verdadera maniobra fraudulenta.

Ni la presunta propietaria demandante ni el supuesto comprador que le vendió tienen registro alguno oficial de tal transacción. Ni ante autoridades ejidales, el municipio y menos Notario Público.

En el ejido Alfredo V. Bonfil se informó que esas personas se presentaron a ofrecer dinero para que se les expidiera una constancia a nombre de la demandada.

Para ello, se ofreció dinero, pero las autoridades ejidales se negaron a extender certificado alguno, señalando que esa maniobra los podría llevar a la cárcel.

Así, que de existir y ser presentado en el Juzgado Segundo de lo Civil Unitario de Cancún, cualquier documento que ampare la presunta propiedad que reclama una señora del grupo de la “amiga” del gobernador, es producto de falsificación, delito perseguido de oficio por nuestras leyes y penado con años de cárcel por ser grave.

Estará de acuerdo conmigo en que ahora muchas personas, sobre todo en Cancún, buscan la forma de ganar dinero fácil y para ello embarran a jueces, secretarios de Acuerdos y demás autoridades. Cuántas veces les ha funcionado la maniobra, pues es de pensar que muchas, porque la mecánica del fraude, despojo, invasión y daño en propiedad ajena la tienen bien dominada.

Durante todo el proceso, que nunca se debió de haber iniciado en el citado Juzgado Segundo, por no existir materia para litigar, el titular del mismo y la secretaria de Acuerdos, Dilery Guadalupe Jiménez Vera, se han esmerado por fabricar a la presunta “propietaria” y demandante, dándole todo tipo de facilidades a través de su abogada y la jefa de todos ellos, esa señora chaparra con aspecto de hombre, que se ufana ante todo mundo ser “amiga” del gobernador.

Se han cancelado audiencias, se han redactado de nuevo, se ha permitido la presentación de un grupo de cuatro testigos de manera escalonada, contra la ley, con el único fin de dejar indefenso al demandado, intimidarlo y ponerlo a modo para extorsionarlo.

Esto quedó de manifiesto en la última audiencia del caso que se realizó, con la intervención a gritos de la multicitada tipa influyente. Ella misma propuso delante del escritorio de la secretaria de Acuerdos, Dilery Guadalupe Jiménez Vera, llegar a un arreglo monetario para para la bronca y dejar al verdadero propietario en paz. El dueño único de los cuatro lotes que forman la esquina de Huayacán y calle Noche Buena, de nombre José Luis Montañez Aguilar, no aceptó, por supuesto, tal negociación y pidió al juez Segundo de Civil Unitario de Cancún no torcer la ley a favor de esta banda de descarados.

Las subsecuentes diligencias en el caso se han suspendido de acuerdo a los intereses y maniobras truculentas de la parte que demanda, encabezados siempre por la “amiga” del gobernador, algo que repito, no tiene ningún derecho legal.

Aquí se debe asentar la actitud parcial del juez Segundo Civil Unitario, Juan Carlos Quintal Canul, ya que el día que el demandado compareció para responder a una serie de preguntas, como parte de la confesional, en un juicio por demás amañado, el citado funcionario lo intimidó y amenazó con suspender la audiencia y declararlo en rebeldía, porque le pidió que verificara que la audiencia en cuestión se estaba llevando fuera de la ley.

Al final, Quintal Canul llamó a los abogados de las partes a su privado y tras comentarles que “un error cualquiera lo comete”, dispuso que se modificara el texto de la multicitada audiencia y que se pospusiera la presentación de testigos para otra fecha. Al llegar la misma y, en una maniobra tramposa más, urdida por la jefa de los invasores profesionales, los testigos no se presentaron justificando con mentiras su ausencia. En fin, así anda la ley en Quintana Roo.

Por lo pronto, la defensa del verdadero y único propietario de los cuatro lotes que forman la esquina de Huayacán y calle Noche Buena, ya han presentado en la Vicefiscalía Especial de la Zona Norte en Cancún, una denuncia formal por los delitos de invasión de propiedad privada y daño en la misma, pues es de señalar que el predio ha sido dañado en su estado natural, violentado e incendiado por extraños que están a las órdenes de la jefa de invasores profesionales.

En el ayuntamiento de Benito Juárez también existe una denuncia por daños y pese a que la Secretaria de Ecología clausuró el predio por haber sido incendiado, la banda de invasores se meten al terreno y construyen una edificación de madera, para simular que tienen la posesión desde hace tiempo.

Por cierto, en marzo pasado el Notario Público Número Diez de Cancún, el doctor, maestro, catedrático, embajador y experto en temas legales y su correcta aplicación, licenciado Francisco Lechón, levantó una Fe de Hechos en los cuatro predios propiedad única del empresario José Luis Montañez. En ese acto se demostró la posesión de los citados bienes y que el terreno en cuestión se encontraba en su estado natural, sin construcción alguna.

Lo demás es invención y maniobra fuera de la ley de la que se dice “amiga” y protegida del gobernador y de la secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil Unitario de Cancún, Dilery Guadalupe Jiménez Vera, quien ha hecho con el expediente 928/2015 un ejemplo de lo que no se debe hacer en un procedimiento judicial. O sea, pura corrupción…Tantán.