¿Qué pasará?
Ramón Zurita Sahagún viernes 14, Jul 2017De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Los comicios de Coahuila se distinguieron por encima de los otros dos procesos electorales celebrados el mismo día, por el desaseo, achacable al gobierno del priísta Rubén Moreira.
Los rumores son muchos sobre la determinación que tomarán las autoridades electorales para darle salida al polémico proceso electoral para gobernador de Coahuila, celebrado el pasado cuatro de junio.
Se habla de una decisión salomónica, en la que proceda la anulación de los comicios por rebasar el tope de campaña de los dos principales candidatos, con lo que el candidato del PRI, Miguel Riquelme y el del PAN, Guillermo Anaya, quedarían imposibilitados de una nueva participación en los comicios extraordinarios.
Ambos ex candidatos habrían rebasado, eventualmente, los topes de campaña, por cifras similares, aunque los dirigentes de ambos partidos, Enrique Ochoa, del PRI y Ricardo Anaya del PAN, lo niegan.
Los comicios de Coahuila se distinguieron por encima de los otros dos procesos electorales celebrados el mismo día (Edomex y Nayarit), por el desaseo, achacable al gobierno del priísta Rubén Moreira.
Abundaron las quejas de irregularidades por el conteo de votos, aunque finalmente la principal observación se hace sobre el rebase de tope de campañas.
Hasta el momento ninguna de las tres elecciones anuladas han tenido como cauda el rebase de los topes de campaña, aunque si hubo participación (mano de negra) de autoridades gubernamentales que dejaron huella.
En la campaña presidencial del año dos mil, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional fueron multados con cifras escandalosas, por el origen de parte del dinero usado en campaña.
Sin embargo, la adecuación de las leyes electorales permitió que el rebase de los topes de campaña por parte del ganador esté considerado como causal de anulación del proceso electoral, como aparentemente sucedió en Coahuila, aunque se da el caso de que los candidatos principales cometieron el mismo exceso.
De confirmarse dicha apreciación, ambos candidatos quedarían inhabilitados y el proceso electoral extraordinario sería con otros actores políticos como candidatos del PRI y PAN.
Esto sería un hecho inédito en la vida política mexicana, donde regularmente los candidatos participantes en una elección anulada compiten de nueva cuenta en la extraordinaria.
Así sucedió en Tabasco, donde el priísta Manuel Andrade venció de nueva cuenta en unos comicios extraordinarios a César Raúl Ojeda.
En Colima Gustavo Vázquez Montes tuvo cambio de contrincante, ya que el panista Enrique Michel Ruiz no fue postulado nuevamente y contendió contra Antonio Morales de la Peña, a quien también venció, siendo reconocida su victoria.
Los otros comicios extraordinarios por nulidad del proceso ordinario ocurrieron también en Colima, donde José Ignacio Peralta venció en la primera ocasión (ordinarios) a Jorge Luis Preciado por 500 votos y en la segunda por una ventaja más amplia.
Pero Colima también fue escenario de otros comicios extraordinarios en los que el priísta Silverio Cavazos derrotó al panista Leoncio Morán, aunque las causas de estos comicios no son achacables a la anulación del proceso electoral ordinario.
La razón fue que el ganador de los comicios extraordinarios Gustavo Vázquez Montes falleció en un accidente de aviación y se encontraba por debajo de los dos años de administración, por lo que se hizo necesario convocar de nueva cuenta a los ciudadanos a las urnas, con los resultados descritos.
Esa fórmula no era considerada en otros estados donde Carlos Medina Plascencia pasó cuatro años como gobernador interino en Guanajuato o Michoacán en que Ausencio Chávez, también lo hizo en esa calidad durante tiempo similar o San Luis Potosí en que Gonzalo Martínez Corbalá y Teófilo Torres Corzo se dividieron tres años el gobierno, hasta que asumió el gobernante electo en las urnas.
Los tres casos anteriores fueron resultado de protestas sobre el resultado electoral que había beneficiado según el conteo de los votos a los priístas Ramón Aguirre, Eduardo Villaseñor y Fausto Zapata.
En Guanajuato Ramón Aguirre no asumió el gobierno, ya que ni siquiera se presentó (así se había pactado) a la toma de posesión, en los dos restantes, Eduardo Villaseñor y Fausto Zapata fueron impedidos de entrar a palacio de gobierno, con todo y que ellos sí habían juramentado como gobernantes, cargo que detentaron por unos cuantos días.
Otro caso similar fue sucedido en el Estado de México, donde Emilio Chuayffet solicitó licencia para asumir como secretario de Gobernación, antes de cumplir con los dos de gobierno, dejando como sustituto a César Camacho, quien disfrutó de más de cuatro años de gobierno, sin pasar por las urnas.
Ahora para evitar ese tipo de situaciones, los órganos electorales se encargan de sancionar si hay necesidad o no de un proceso extraordinario, si es que procede la nulidad de los comicios.
Claro que de no pasar esta decisión, los partidos podrán insistir hasta antes de que ocurra el cambio de poderes, fechado para el primero de diciembre, cuando la administración estatal de Rubén Moreira llegue a su término.
Sin responsables
Hasta cuándo las autoridades eludirán su responsabilidad en temas varios. Uno de esos casos es el sucedido en el llamado Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde un socavón en una carretera inaugurada hace tres meses provocó la muerte de dos personas.
Antes de eso, la construcción de esa vía rápida había cobrado la vida varias personas, especialmente la de tres jóvenes que quedaron atrapados bajo un camión doble remolque.
En ninguno de los casos, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asumieron su parte de responsabilidad y el titular de la misma, Gerardo Ruiz Esparza, simplemente se lava las manos.
Los dobles remolques siguen circulando, sin control alguno, provocando tragedias y la falta de escrúpulos y ética se nota en muchas de las obras nuevas.
