Michoacán y el cabús de la democracia
¬ Augusto Corro viernes 7, Jul 2017Punto por punto
Augusto Corro
En realidad… | José Luis
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que buscará la candidatura presidencial perredista el 2018.
Una aspiración natural de cualquier político, que en el caso del michoacano presenta varias interrogantes. La primera está relacionada con la crisis que vive su partido, víctima del divisionismo galopante.
¿Tendrá el Partido de la Revolución Democrática (PRD) suficiente fuerza para ganar los comicios presidenciales del próximo año? No. En el presente no alcanza a verse esa posibilidad.
En los últimos comicios estatales el PRD sirvió de comparsa a otros partidos políticos que se llevaron la victoria. Así ocurrió con Acción Nacional que obtuvo el triunfo en varios estados, apoyado por el perredismo, siempre en segundo plano.
¿Qué fue lo positivo que hizo Silvano como mandatario estatal? Ninguno. La inseguridad continúa. Aunque es una herencia de gobiernos anteriores, el amarillo no pudo erradicarla.
Los michoacanos no están de acuerdo en que Silvano deje el cargo. Se sienten traicionados. Votaron por él para que gobernara seis años, no unos cuantos meses.
Además, la lucha por el poder se desatará dentro de pocos días entre aquellos que quieren el puesto que dejará Silvano.
¿Ganará Silvano la Presidencia de la República? Ni en sueños. El lo sabe muy bien. ¿Entonces por qué participar en un juego político, donde se tiene la derrota asegurada?
La justicia por propia mano
Los linchamientos y otros castigos a delincuentes a manos de particulares, demuestra la ausencia de justicia. Es decir, la sociedad se da cuenta que quienes deben procurar una justicia verdadera no cumplen con sus responsabilidades.
Por ejemplo, los denominados “Los Justicieros de Irapuato”, decidieron actuar por su cuenta y detuvieron a dos jóvenes, presuntos ladrones, y les cortaron las orejas. Fue una acción de ciudadanos que contemplan la pasividad de las autoridades. Los asaltos, en sus diversas figuras, son ya acciones cotidianas.
Lo que hicieron los citados “mochaorejas” es mínimo, comparado con las salvajadas de grupos de personas que linchan a presuntos delincuentes, por el simple hecho de ser sospechosos. La población cansada de sufrir robos, secuestros y asesinatos ya no espera que las autoridades castiguen a los criminales.
Recientemente, unos “justicieros” mataron a dos empleados de una casa encuestadora. En algunas poblaciones no esperan los veredictos de los jueces. Ya no confían en las autoridades.
Esa conducta primitiva del linchamiento tendrá que desaparecer, porque la violencia únicamente engendra más violencia; pero si la sociedad se da cuenta que las autoridades sí castigan a los delincuentes, la situación cambiará.
Casos como el de la niña Valeria, atacada y asesinada por un demente, en Neza, tiene que investigarse a fondo y castigar con todo el peso de la ley al homicida. Es muy importante que la sociedad vuelva a confiar en sus autoridades.
El asesino tiene que recibir un castigo ejemplar. Esa tragedia conmocionó a la sociedad mexicana. Todo mundo está pendiente del desenlace.
El juez del caso tiene la oportunidad la ley para castigar al asesino y mostrarle a la sociedad que aquél delincuente sí es llevado ante la justicia y que recibirá el castigo que merece por su falta.
Siempre se estará a tiempo para devolverle la seguridad y confianza a una sociedad, que en los últimos tiempos padece la presencia de la delincuencia. Si las autoridades actúan con la idea de hacer justicia, poco a poco desaparecerán los “justicieros anónimos”.
Ineptitud de autoridades
La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció recompensas hasta de 1.5 millones de pesos a quien proporcione información que lleven a identificar, localizar y aprehender a los presuntos asesinos de periodistas.
Aunque pasan de cien los comunicadores asesinados en los últimos diez años, las autoridades únicamente se interesan por los casos de Cecilio Pineda Brito, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios y Miroslava Breach Velducea.
De estos últimos periodistas no se tiene idea de quién o quiénes los mandó privarlos de la vida. Aunque se sospecha que los principales autores intelectuales son narcos o políticos o la mezcla de ambos.
En estados como Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte se registró el asesinato de 19 comunicadores. El 99% de los asesinos logró burlar a la justicia. En su próximo proceso penal, el ex mandatario tendrá que dar explicaciones sobre la represión contra los representantes de los medios.
La recompensa que ofrece la PGR a quien dé pistas para identificar y detener a los victimarios de los comunicadores refleja la incapacidad de la policía en las investigaciones. Las decenas de víctimas no les interesaron a las autoridades.
En cuanto ocurre el asesinato de un periodista, surgen las voces de condena, pronunciamientos de que sí se actuará con todo el peso de la ley contra los criminales, pero pasa el tiempo y todo sigue igual.
Ni las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, ni las propias autoridades tienen la capacidad para frenar las agresiones a los comunicadores. De ahí que México sea considerado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Y no se ve cuando le pondrán fin a la barbarie contra los periodistas.
