Incautación de bienes ¿la solución?
Luis Muñoz jueves 6, Jul 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Si no es una solución a este “mal de males”, la propuesta de incautar bienes a servidores públicos corruptos, al menos busca garantizar que los funcionarios cumplan escrupulosamente en su empleo, cargo o comisión.
Los diputados Aleida Alavez y Paulo César Martínez presentaron una iniciativa que forma parte del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y en la que destacan que no debe haber servidores públicos corruptos “¡sancionados, pero millonarios!”.
Expusieron que la corrupción e impunidad, que se han infiltrado en las más altas esferas del servicio público, han generado una gran desconfianza en los ciudadanos.
Esta desconfianza ha hecho que la ciudadanía dude o evite denunciar actos de corrupción, pues saben que un manto de impunidad protege a estos malos servidores públicos.
El diputado Martínez, del grupo parlamentario de Morena en la ALDF, presentó la propuesta que establece sanciones patrimoniales a quienes utilicen su cargo para servirse de él; sin embargo, para lograr este cambio, urge generar una ética pública que garantice una administración pública sensible, austera, responsable y honrada.
Es decir, los servidores públicos deben conducirse con honradez, ética, austeridad, integridad, receptividad, generalidad, calidad, legalidad, disciplina, moderación, economía, profesionalismo, imparcialidad, lealtad institucional, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia.
Para ello, es necesario establecer mecanismos de exigencia y justicia que hagan sentir a la población que hemos tomado en serio sus reclamos, sus inconformidades, sus propuestas y hasta su indiferencia, indicaron los legisladores.
La iniciativa establece además la obligatoriedad de acreditar fehacientemente lo que se informa en las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses. Es decir, las autoridades deberán verificar la veracidad de lo declarado.
Se señala como grave responsabilidad administrativa: la utilización de recursos públicos para la contratación de propaganda que implique la promoción personal del servidor público, o en favor de un grupo político con fines electorales.
Se endurecen las sanciones (penas patrimoniales) porque, estás visto que las administrativas son insuficientes.
Se hace hincapié en que leyes y organismos que “supervisan el quehacer público” van y vienen, pero la corrupción e impunidad aumentan de forma alarmante. Y citan como ejemplos a nivel nacional los casos de ex gobernadores que, al amparo del poder, se enriquecieron escandalosamente y ahora, algunos de ellos son prófugos de la justicia.
LAS OBRAS DEL INTERURBANO
Sobre este tema, por un lado el diputado local Andrián Rubalcava Suárez y el delegado en Cuajimalpa, Miguel Angel Salazar, dijeron que el nuevo trazo de la obra no causará ningún daño ambiental y que se trata de un triunfo de los vecinos.
Por otra parte, la legisladora local, Ana Juana Ángeles Valencia, señaló que el desvío de las obras del Tren Interurbano México-Toluca para no afectar el Área Natural Protegida de El Ocotal, anunciado por el gobierno capitalino, debe incluir a la zona boscosa de Cruz Blanca, para proteger 16 manantiales que convergen en ese lugar, donde el ecosistema ya pagó su cuota con la tala de más de dos mil 600 árboles para la construcción del bitúnel.
Ángeles Valencia resaltó que los comuneros de San Lorenzo Acopilco merecen un trato igual entre desiguales.
Hizo notar que luego de varios meses de lucha por la defensa del Área Natural Protegida de Cruz Blanca, los comuneros de San Lorenzo Acopilco sólo han recibido golpes, humillaciones y la afectación del manantial, conocido como “La Boca”, ubicado justo a las orillas por donde se construye el bitúnel para dar paso al Tren Interurbano México-Toluca.
Por eso, pidió al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, desviar el trazo de la obra del Interurbano que se lleva a cabo en Cruz Blanca o cancelarla, para detener los daños que genera en esta zona con la misma voluntad política con la que actuaron para evitar obras en El Ocotal.
También exigió al titular del GDF que explique qué destino le dará a los más 473 millones de pesos que tiene como presupuesto para ejecutar obras de compensación en 20 colonias de la zona poniente por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Por último, subrayó que la zona boscosa requiere reforestación especializada y no trabajos de jardinería, ni de arquitectura o de acondicionamiento urbano y en ese sentido deben dar a conocer la metodología y qué tipo árboles se plantarán.
Dijo también que el Congreso de la Unión debe llamar al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al titular de la SCT para que comparezcan y expliquen los desvíos de recursos presupuestales por 137 millones de pesos por el pago de derecho de vía y otros factores.
Además, Auditoría Superior de la Federación debe investigar a la SCT por entregar de más de 61 millones de pesos a Gabino Sandoval Baltazar, espurio dirigente comunero.
