Alcaldes piden recursos para su agenda social
Luis Muñoz martes 4, Jul 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Alcaldes del país se quejaron de no recibir recursos para su agenda social, independientemente de que los DIF locales desarrollen tareas en beneficio de la sociedad.
Para ello, la Asociación Nacional de Alcaldes propone una Reforma Constitucional para dar facultades a Municipios en materia de Desarrollo Social.
En voz de su vicepresidente Cuauhtémoc Galindo Delgado, alcalde de Nogales, Sonora, la organización dijo que los recursos en el PEF 2018 deben ser distribuidos por Sedesol a los ayuntamientos que, hasta ahora, no cuentan con dinero para operar, aún cuando son una instancia importante para la aplicación de políticas públicas que apoyen el desarrollo social.
La ANAC, única participante al Consejo Nacional para el Desarrollo Social celebrado el 30 del mes pasado, destacó que los gobiernos locales, además de las tareas de los DIF municipales, enfocadas a asuntos de vulnerabilidad y riesgo, atienden también una agenda para el desarrollo social en su territorio.
Además, agregó, la mayoría de los municipios atienden diariamente temas como vacunas, atención médica primaria, odontología, equipamiento a escuelas, reparaciones, entre otros; sin embargo, recalcó Galindo Delgado, “por estas actividades no se recibe recurso alguno”.
En este espacio de análisis y discusión, en cual los tres órdenes de gobierno revisaron la agenda social nacional, la ANAC dejó en claro que “la mejor autoridad para atender la agenda social es el municipio, por ser la más cercana a la ciudadanía y la que conoce la realidad local de sus vecinos, lo que le permite alcanzar una alta eficiencia en la aplicación de fondos”.
Por ello se necesita estructurar una Reforma Constitucional para que los gobiernos locales tengan atribuciones a fin de atender la agenda social, pero para ello se necesitan recursos, de los cuales ahora no dispone.
La propuesta, impulsada por los alcaldes, busca principalmente garantizar mayor eficiencia del gasto, debido al costo que implica la ejecución de un programa u obra desde cada orden de gobierno.
Combate al comercio ilegal
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis demandó este lunes un combate frontal al comercio ilegal del tabaco pues, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en México se venden 340 millones de paquetes de cigarros de contrabando cada año.
Y es precisamente esta situación la que impulsó a la legisladora federal de Movimiento Ciudadano a proponer una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad de combatir la comercialización ilegal de estos productos.
La iniciativa, presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y turnada a la Comisión de Salud, establece que se prohibirá el comercio de productos del tabaco que no cubran los controles de sanidad establecidos por la Secretaría de Salud, y con los requerimientos y permisos contenidos en las leyes y reglamentos vigentes, para su distribución y comercialización.
Agrega que la dependencia federal combatirá, desde su ámbito de competencia, la venta ilegal de cigarrillos, coordinándose con dependencias y organismos públicos en cuya competencia se encuentre luchar contra esta práctica.
La diputada Ramírez Nachis dijo también que se coordinarán con las dependencias de gobierno corresponsables para realizar las acciones relativas al control en la fabricación, comercialización e importación de los productos del tabaco.
El documento cita que la Secretaría de Salud emitirá las autorizaciones para la producción, fabricación e importación de los productos en estricto apego a la normatividad vigente.
En su calidad de secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara baja, recordó que en 2013, un estudio de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estimó que el contrabando de cigarros representa 17% de las ventas del país, incluye 5.3% del mercado en la Ciudad de México, 25.3 en la zona centro y 32.4 de ventas en el norte del país.
Con el propósito de combatir el tráfico ilegal, la Organización Mundial del Trabajo estableció el Convenio Marco para el Control del Tabaco que busca garantizar el máximo nivel de salud posible para todas las personas, en razón de lo que esta institución ha denominado la epidemia del consumo del tabaco.
Alba Ramírez destacó que el contrabando del tabaco evita que existan los debidos controles sanitarios y de calidad que se requieren para su elaboración, desconociéndose su composición exacta, por lo que el producto que entra ilegalmente al país puede contener mayor número de sustancias tóxicas para el organismo que las marcas formales, de tal forma que los riesgos para la salud se multiplican.
“No nos vamos, ¡ya nos fuimos!
En esos términos se expresó Fidel Calderón Torreblanca, que militó en el PRD y ahora sostiene: “Ya nos fuimos a la principal fuerza política del país que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
