Fraude a Pemex por mil 304 mdd

Francisco Rodríguez lunes 3, Jul 2017

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Francisco Rodríguez

 

 

A la infamante tarea de quebrar a Pemex, desmantelar su estructura productiva, despedir a los expertos trabajadores de campo, robar las gasolinas y el diésel a través del huachicoleo en mar y tierra, rematar la soberanía nacional, desfondar la economía y arruinar los bolsillos de decenas de millones de mexicanos, se añaden más: el lacayismo y el fraude fiscal y financiero.

Los próceres mexiquenses se han repartido el papel de testaferros, prestanombres y palafreneros en el reparto de la renta petrolera. OHL, donde Emilio Lozoya Austin fue consejero y directivo; Sempra, que dirige Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes; Diavaz, donde Pedro Aspe tiene una importante participación accionaria…

… Morgan Stanley Private Equity, representada por Jesús Reyes (Heroles) González (Garza); Oro Negro, al mando de Luis Ramírez Corzo, ex director general de Pemex, y Proveedora de Servicios de Energía, que comandan José María Córdoba Montoya y Carlos Salinas de Gortari son, entre otras, las empresas pantalla con las que se sirven los verdugos del extranjero sobre los cadáveres petroleros mexicanos.

Las nefastas rondas petroleras, capitaneadas por una runfla de zedillistas-salinistas, arrojaron grandes beneficios para Pedro Aspe Armella, el ex secretario de Hacienda que le dejó a Zedillo la economía nacional “prendida de alfileres”, hoy prestanombres del fondo de inversión Evercore, a través de la empresa local, Diavaz Offshore, aparentemente propiedad de los hermanos Óscar y Luis Vázquez Sentíes.

Preparando el atraco, en agosto del 2006, Protego Asesores, la empresa de Pedro Aspe, defraudadora del fisco, a través de triangulaciones financieras con los gobernadores que mantenían las mayores deudas públicas, se fusionó con Evercore Partners Inc. por medio de una oferta conseguida en la Bolsa de Valores neoyorkina.

Diez años después, en enero del 2016, Evercore Partners Inc, boletinó que Pedro Aspe Armella se mantenía como presidente de su fondo de inversiones en México, encargado de “detectar oportunidades para las próximas licitaciones” —así lo dijeron— de la gran traición de las subastas petroleras, a través de la empresa Diavaz.

Indicaron que “México ofrece oportunidades de negocio únicas, particularmente con las reformas estructurales, donde Evercore está muy bien posicionado para merecerlas” y que Aspe proveería “servicios de asesoría financiera estratégica a prominentes empresas multinacionales en diversos sectores”.

Pedro Aspe, el creador de la frase “la pobreza de los mexicanos es un mito genial”, el perpetrador de la histórica crisis económica de 1994-1995, el palafrenero permanente de los financieros gabachos de Nueva York, Boston y Chicago, el capitán financiero del salinismo-cordobismo-zedillismo, regresó por sus fueros, convertido en propietario de empresas petroleras beneficiadas por la traición.

Absolutamente preparado para explotar los vientres mexicanos de mar y tierra, Aspe se convirtió en puente de las maniobras de Carlos Morales Gil, palafrenero a su vez del testaferro Alberto Bailleres en el huachicoleo de los buques de Oceanografía, transportadores de gasolina y diésel caro del exterior, un negocio redondo para los traidores mexicanos.

No sólo entregaron al club petrolero de Houston los secretos de la cartografía de exploración en los yacimientos de la Sonda de Campeche, no sólo se prestaron a todas las viles maniobras de encubrimiento para que las multinacionales se adueñaran de la geografía mexicana, sino han sido los lacayos para que sus cuentas pasen desapercibidas por la Auditoría Superior de la Federación, Pemex, la PGR, Función Pública y el gobierno en su conjunto.

Con el contrato número 420409807, Pemex le encargó al consorcio DMGP Servicios de Integridad SA de CV —formado por Mexssub, GreyStar y Constructora Subacuática Diavaz— el aseguramiento e integridad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ducto, en territorios de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche. El monto, 1 mil 304 millones de dólares. La vigencia, del año 2009, al 2019.

A pesar de que las auditorías para la fiscalización de las cuentas públicas realizadas durante cuatro años por la ASF, en materia de inversiones fiscales y físicas, que arrojan un faltante en la ejecución de los trabajos de más de tres mil millones de pesos, y las correspondientes imputaciones penales que implican, para Aspe y asociados, no se mueve la hoja de un árbol.

Es impresionante la cantidad de manos e influencias nocivas que se han abocado a la tarea para que estas investigaciones no salgan a la luz pública, para mantener en secreto estas madejas delincuenciales que aparte de constituir un robo descarado, atentan contra la soberanía nacional y siguen desfondando las arcas públicas, con nuestro dinero.

La Auditoría Superior no encontró prueba de que se hubiera cumplido

En noviembre del 2010, la Auditoría Superior de la Federación reveló que las investigaciones documentaron tanto las irregularidades en el proceso de licitación para simular el concurso, la falta de acreditación de la capacidad técnica y solvencia financiera, ni presentaron los análisis de costo-beneficio del esquema de contratación multimillonario.

Fincó responsabilidades a los directivos de Pemex que jamás supervisaron la ejecución, vigilancia y control de los trabajos, fundamentalmente el mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas, que es la vía de exportación a Estados Unidos, Canadá y España, los principales clientes de la exportación del crudo mexicano.

La falta de mantenimiento en esa área impactaba la producción de Pemex, pues había varios tanques fuera de servicio debido a su alto grado de corrosión. En términos numéricos, cada tanque fuera de operación representaba 500 mil barriles de crudo que no tenían donde almacenarse.

Obviamente, cuando la ASF notificó a Carlos Morales Gil, en ese entonces director general de Pemex Exploración y Producción, éste se vio forzado a declarar que rescindirían el contrato al consorcio DMGP y lo que resultó fue que presionaron a los supervisores de obra para que dieran el visto bueno al atraco. La ASF nunca encontró evidencia de que algún trabajo se hubiera realizado. Aún así, se violaron todas las leyes constitucionales, reglamentarias y administrativas que usted pueda imaginarse.

El contrato se entregó a DMGP sin tener autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la fecha, Pemex, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación dicen no tener información sobre estas auditorías de desempeño y la ASF sólo dice que emitió y solventó las observaciones, pero no da un solo dato que lo acredite.

La suma reclamada por la Auditoría Superior de la Federación en las tres auditorías es por la suma de 3 mil 855 millones de pesos. Los tres pagos que se han obtenido suman 939 millones de pesos. Lo que arroja la conclusión de que, frente a esta desfachatez, el asunto Odebrecht es sólo un niño de teta, treinta veces menor.

Para colmo de este enredo, Pemex seguirá pagando la ejecución del contrato confiado a DMGP peso sobre peso, hasta el año 2019 cuando vence, toda vez que no ha podido comprobar alguna irregularidad. Es un absoluto robo en despoblado. Es decir, 1 mil 304 millones de dólares, directo a los bolsillos del bandolero Pedro Aspe Armella y de sus patrones neoyorquinos.

¿Usted qué haría?, pregunta el principal prestanombres de la Nación, escondido en Los Pinos.

Índice Flamígero: Carlos Ramírez de CONSAR se sigue saliendo con la suya; ni siquiera COFEMER de Mario Emilio Gutiérrez ha podido salvar a los trabajadores del cártel de las Afores sancionadas por prácticas monopólicas por la COFECE de Alejandra Palacios. La propuesta de regulación que CONSAR envió a COFEMER en días pasados mantiene y reafirma las barreras al derecho de traspaso de los trabajadores en perjuicio a sus ahorros y en beneficio del cártel de las Afores. Con instrumentos regulatorios, Carlos Ramírez continúa institucionalizando las prácticas monopólicas que castigó la COFECE, además de sobrerregular el mercado en deterioro de la competencia, estabilidad y fortalecimiento del SAR. En días pasados COFEMER recibió de la CONSAR su proyecto de nueva Circular Única Operativa (CUO) a fin de realizar el proceso de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), que tiene como objetivos, ente otras cosas, evitar privilegios regulatorios en beneficio de unos cuantos, transparentar las decisiones del gobierno con la participación de los afectados e impedir regulaciones que distorsionen los mercados.  No obstante, Carlos Ramírez logró evadir el análisis a profundidad de COFEMER, aduciendo que los supuestos beneficios de su regulación son superiores a los costos de cumplimiento. Carlos Ramírez argumenta que con esta regulación se evitan los traspasos indebidos; sin embargo, él mismo ha reiterado que los traspasos indebidos ya no son problema, representando sólo el 0.02% en 2016.  Sin un problema que resolver (los traspasos indebidos), esta regulación no tiene razón de ser, excepto para seguir beneficiando al cártel de las Afores. Y, como siempre, los afectados son quienes ahorran para tener un retiro digno.

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