Castigo a responsables de espionaje
Luis Muñoz martes 20, Jun 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
El presunto espionaje del gobierno a periodistas, difundido ayer por el New York Times, a través de algunos portales y Artículo 19, provocó la inmediata reacción de diversos sectores de la sociedad y de la Cámara de Diputados, que exigió una investigación a fondo y castigo a servidores públicos involucrados en esta práctica.
En cuanto se dio a conocer la información, que circuló en la red y en diferentes medios, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, de Acción Nacional, exigió que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables del ataque a la libertad de expresión y privacidad de los comunicadores.
En esta acción parece haber un denominador común: Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano Para la Competitividad, comentó a propósito de este hecho: “Somos los nuevos enemigos del Estado”.
En tanto que Javier Vélez, uno de los periodistas asesinados en lo que va de este año, llegó a decir en una ocasión que “ser periodista es como formar parte de una lista negra”, lo que en buen castellano se entiende como enemigo.
Ayer la legisladora hizo el planteamiento después de que un periódico (NYT) dio a conocer que el gobierno mexicano ha espiado a periodistas, a través de un software malicioso llamado pegasus.
Pidió que “se informe sobre esas actividades de espionaje realizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de informadores”.
Dijo que se debe saber cuánto costó al gobierno el malware pegasus, que fue utilizado al menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016 para espiar a periodistas, según los reportes.
Destacó además,que “se tiene que precisar con qué fundamento jurídico se justifica este espionaje”.
Velázquez Valdez indicó que también se debe dar a conocer el presupuesto invertido en equipo o programas informáticos con el objetivo de espiar a periodistas, y cuestionó “por qué el gobierno federal sí cuenta con recursos para espiar a comunicadores y no para el Mecanismo de Protección”.
Por último, recordó que de diciembre pasado a la fecha se ha cometido una decena de homicidios contra periodistas en México; sin embargo, el gobierno federal no asignó recursos para el Mecanismo de Protección operado por la Secretaría de Gobernación en 2017.
Como en los viejos tiempos
Por supuesto que el espionaje no es de ahora, como tampoco se circunscribe a los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas; también son objeto de “monitoreo” los que se dedican a la actividad política, opositores al gobierno.
Francisco Chiguil, ex delegado en Gustavo A. Madero, sostiene que esta práctica se lleva a cabo para darle seguimiento a las actividades que realizan actores políticos que militan en otros partidos ajenos al PRI, con lo cual se vulneran libertades.
Lo grave es que no pasa nada, dijo. Las investigaciones no prosperan. Y como no hay resultados, los autores de intimidar a comunicadores, defensores de derechos humanos, activistas y políticos, eso los alienta a seguir adelante.
De acuerdo a decenas de mensajes examinados por New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedente para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Promueven mas estímulos
Diputada Alejandra Gutiérrez Campos propuso elevar el estímulo fiscal a quien contrate personas de 60 años y más.
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, sólo el 9% del total de esta población es económicamente activa. Y el número de adultos mayores en el país aumentará hasta 25% en las próximas tres o cuatro décadas.
Al respecto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público analiza la iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de elevar el estímulo fiscal a quien contrate personas de 60 años y más, del 25 al 50% del salario otorgado a este sector de la población.
El Inegi indica que el 50.5% labora por cuenta propia, mientras que 4.9% son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos, es decir, el 35.5%, es subordinada y remunerada; la mitad de éstos no reciben prestaciones.
Gutiérrez Campos señala también que, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el porcentaje de adultos mayores de 60 años y más aumentará hasta 25 por ciento en las próximas tres o cuatro décadas, por lo que la cantidad de personas con discapacidad se incrementará en una relación semejante.
Estimó la legisladora que el mercado laboral puede aprovechar la experiencia de los adultos mayores para capacitar a los jóvenes, reactivar la economía y reducir la enorme desigualdad, a través de la generación de oportunidades suficientes de empleos formales, con salarios dignos para este grupo poblacional.
