El rol de los periodistas en la democracia
Roberto Vizcaíno lunes 12, Jun 2017Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
En la mira… | Maral
Ajeno a una política de Comunicación Social que defina un programa gubernamental, instituciones, límites, normas, protocolos, objetivos y alcances con sus respectivos sistemas de relaciones entre medios, periodistas y la administración pública, el régimen del presidente Enrique Peña Nieto deambula simplemente dentro del viejo y muy rebasado principio lopezportillista del “no pago para que me pegues”. Entre los 32 gobernadores y 2 mil y casi 500 alcaldes el método se multiplica.
Así la única relación real de comunicación social entre unos y otros es la de la aplicación de la publicidad como un mero mecanismo de reparto de recursos de acuerdo a “cómo se portan medios y periodistas con los gobiernos federal, estatales y municipales y sus respectivos gobernantes”.
Así los viejos y tradicionales medios impresos, de Radio y TV, o los muy vistos conductores y ancestrales periodistas son los beneficiarios automáticos de este muy probado sistema.
Hoy el método comienza a ser aplicado por igual a todos los anteriores que han migrado al ámbito digital y las redes sociales.
Es así que los mismos cabezales, los mismos nombres, las mismas caras que hemos visto durante décadas, inundan los cientos, miles de portales de Internet, Twwitter, Facebook y Youtube.
Bajo el principio de renovarse o morir, los muy viejos líderes de opinión de, sobre todo la TV y la Radio, comienzan a grabar videos con sus celulares para inundar con sus mismos comentarios las redes sociales.
¡Claro!, todo eso va respaldado con jugosas facturas que son cubiertas por las áreas correspondientes de las dependencias oficiales o por la mismísima Presidencia de la República.
Sólo se trasladó el trámite de los impresos, la radio o la TV al rubro de “nuevos medios digitales”. Los beneficiarios son los mismos viejos y reconocidos personajes o empresas que alimentan los egos de los personajes del sexenio.
Los reclamos
Mientras, abajo, en las calles, en el curso de la vida real, los periodistas de a de veras se siguen muriendo, asesinados, ejecutados, secuestrados, levantados.
Y mueren porque no existe una política de Comunicación Social que les garantice no sólo ingresos lícitos, suficientes, ni medios fuertes, y la capacitación que los lleve a entender que, ante todo, son elementos necesarios, básicos para crear opinión pública y a su vez ser el eje de la vida democrática del país.
En todo esto el tema es muy simple: sin libertad de expresión no hay democracia. Y sin periodistas no puede haber libertad de expresión.
En el mundo libre, desarrollado, los periodistas que ejercen la libertad de expresión son quienes forman opinión pública, quienes propician la discusión de las ideas y los que informan sobre el contexto y fondo del momento que se vive.
No los que adulan al poder.
De tal forma que –afirman los investigadores Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar en su texto: Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México-, “una sociedad que no está informada, no es plenamente libre”.
Los periodistas son quienes desahogan la información en la arena pública, para alimentar la deliberación política. Sumido el país en la violencia y la inseguridad, los periodistas viven la fragilidad. En medio de la censura, las amenazas, la precariedad económica, inseguridad laboral, falta de capacitación, impunidad, levantones, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, articulistas, directivos y patrones de medios se resguardan en la inmovilidad.
Todo esto, a nivel estatal y municipal, es casi de terror.
En ciudades como Culiacán, Guadalajara, Puerto de Veracruz, Reynosa, Ciudad Juárez donde el periodista vive en la misma colonia que habita el capo, que camina las mismas calles por donde circulan los sicarios, es más que temerario escribir sobre las actividades de estos.
Pero hay quien lo hace. Ahí está el caso de Javier Valdez, asesinado hace una semana en una céntrica calle de Culiacán, Sinaloa. En un contexto de impunidad en el cual de 100 casos apenas se resuelve 1, es también una absoluta osadía, locura, criticar o cuestionar a alcaldes, gobernadores, legisladores, jueces y sobre todo a jefes o simples elementos policiacos.
Quizá por algo de eso fueron ejecutados también este mismo año Jonathan Rodríguez Córdova, Filiberto Álvarez Landeros, Max Rodríguez, Miroslava Breach Velduce, Ricardo Monlui Cabrera y Cecilio Pineda.
¿Qué hacer?
La solución a todo esto es simple. En este tema, como en otros muchos que afectan al país, estamos sobredictaminados.Todos sabemos qué es lo que obstruye e impide el crecimiento de un verdadero ejercicio periodístico y de libertad de expresión.
Los males están a la vista de todos: Ya lo señalamos: la falta de una política de Comunicación Social con todo lo que eso implica y que ya enumeramos al inicio.
Y sin duda la miopía interesada del gobierno federal y de los estatales y municipales; sumada a cacicazgos políticos, económicos, sindicales, gremiales; y la falta de programas y talleres de capacitación dirigidos a medios y periodistas, así como a funcionarios públicos del área. Acabar con el mecanismo de control de los medios a través de la publicidad.
De igual manera hay que atajar a los grupos delictivos que han comenzado a desarrollar estrategias de comunicación a través de medios tradicionales y redes sociales, que convierten a periodistas en instrumentos de comunicación para los criminales.
Los riesgos estructurales son los que rodean el entorno del ejercicio periodístico.
Y están interrelacionados. En lo laboral el primer elemento en contra es el de los ingresos precarios, y una ausencia total de prestaciones sociales —ni servicios médicos, ni derecho a Infonavit, ni al ahorro-. Un ejemplo de esto fue Gregorio Jiménez, periodista de Veracruz asesinado el 11 de febrero de 2014, quien percibía veinte pesos (1.3 dólares) por nota publicada.
De acuerdo a la investigación “Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México”, de Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar, en México se da el contrasentido de que, a mayor número de periodistas con carrera universitaria, la mayoría de quienes laboran en medios, simplemente no se capacitan.¡ Eso repercute directamente en la calidad del periodismo realizado.
Y ello los vuelve vulnerables en contextos de corrupción y violencia. El otro gran mal es el de la división.
“En prácticamente todo el país prevalece la división entre periodistas debido a diversas razones como desconfianza, posiciones ideológicas, individualismo, entre otras.
Los efectos más negativos para la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país, derivados de lo anterior, son la censura y la autocensura, así como el miedo y la desconfianza”, se indica.
Yo agregaría que eso es la principal causa de su vulnerabilidad.
Y para acabar: “El grueso de los periodistas en México no tiene conciencia sobre la importancia social del periodismo. Muchos de ellos trabajan como informadores porque no tienen otra opción laboral, condición que no los motiva a capacitarse y profesionalizarse porque carecen de la vocación que requiere cualquier ejercicio profesional”.
Pero esto justamente es consecuencia de la falta de una política de Comunicación Social de Estado.
Debería ser el Estado el primer interesado en capacitar a sus periodistas, porque de eso depende la calidad de la democracia que se genere.
En fin, que con todo esto y más, lo único que generamos los periodistas y el Estado son muertos, a quienes todos olvidan tres días después de la última nota informativa sobre su ejecución.
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