¿Ejército de alquiler?
Francisco Rodríguez miércoles 3, Nov 2010Índice político
Francisco Rodríguez
Justo cuando en el país se debate la iniciativa de Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar -ya calificada cual “insuficiente”, pues ni siquiera cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a México a erradicar la impunidad militar-, un par de juniors del desaparecido Diego Fernández de Cevallos han llamado la atención generalizada sobre el empleo que particulares pueden hacer de las Fuerzas Armadas.
Prepotentes, amparados por elementos del Ejército y la Marina-Armada de México, dos de los hijos del ex candidato presidencial secuestrado desde mediados de mayo, David y Rodrigo, se hicieron acompañar a Cozumel de militares y marinos para “rescatar” a dos infantes cuya custodia está en litigio.
Un abuso, sin duda alguna. Un abuso en el que además hubo violencia. Un abuso del que ni siquiera han dado cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina.
¿Pueden “alquilarse” soldados y marinos para realizar diligencias particulares?
¿O nada más son “prestados”?
Con el prestigio de las instituciones castrenses por los suelos y todavía hay generales y almirantes que ponen a disposición de la casta influyente del país a sus elementos para realizar actividades que hasta los policías municipales cozumeleños se negaron a llevar a cabo.
Y es que mientras los elementos de las Fuerzas Armadas iban a “rescatar” a los niños del matrimonio ya disuelto de David Fernández de Cevallos con Ximena Fouche-Marín, los ahora vilipendiados policías municipales acudieron a proteger a los menores de edad. A final de cuentas, la violencia ejercida por marinos, soldados y afis encapuchados se impuso.
Nuevas tareas, pues, para las Fuerzas Armadas. Ya nada más les falta acompañar a los actuarios de juzgado, para llevar a cabo embargos en domicilios particulares.
Cada vez más, en la práctica se observa que la tendencia es involucrar a fuerzas militares más profundamente en funciones policiales e integrar entrenamiento y una disciplina tipo militar en las fuerzas policiales. Ambas, lo sabe usted mejor que yo, son características de regímenes autoritarios, dictatoriales.
Tales tendencias, empero, complican o de plano impiden los esfuerzos para fortalecer la supervisión política civil de las policías para promover la rendición de cuentas.
Ni qué decir de la no supervisada participación de los militares en tareas policiales, que se ha incrementado sustancialmente en México en los últimos años, ya en operaciones para la erradicación de cultivos proscritos, ya -a partir del calderonato- en tareas netamente policiacas, ni siquiera contempladas en el texto constitucional.
Todo ello, claro, ha traído más problemas que beneficios a las instituciones militares. A menudo han quedado a la mitad de los conflictos de carácter político-partidista, cual fue el caso del llamado “michoacanazo”.
No sólo eso, sus operaciones de carácter policial frecuentemente se aplican de manera más dura contra grupos marginales, como grupos indígenas o jóvenes de clase trabajadora. Ni qué decir de su señalada participación en vergonzosos casos, como el de la señora Ascencio, en Veracruz, los jóvenes asesinados en el campus del Tecnológico de Monterrey o, entre otros, los niños Almanza, asesinados en el norte de Tamaulipas.
Son ya muchos los excesos que se atribuyen a elementos de las Fuerzas Armadas. La mayoría de ellos, podría decirse, en cumplimiento del deber que metaconstitucionalmente les asignó el ocupante de Los Pinos.
Pero de esos excesos al perpetrado apenas el fin de la semana anterior en Cozumel, hay una gran distancia.
Y por tal repito, ¿pueden “alquilarse” soldados y marinos para tareas que competen exclusivamente al fuero civil o, incluso, para amedrentar, amagar, violentar?
Y si no son “alquilados”, ¿quién los “prestó” a los Fernández de Cevallos?
Deben la Defensa Nacional y Marina dar explicaciones al respecto.
O hacer públicas las tarifas, cuando menos.
Índice Flamígero: El destino es Miami, Florida. Toda la familia Salinas Occeli emigra hacia Estados Unidos, donde residirán, luego que su padre los convenciera de que allá sí van a encontrar las oportunidades que, desde el sexenio que encabezó, se han clausurado para los jóvenes mexicanos. Suertudos ellos que tienen un papá que “se robó la mitad de las partidas secretas”, ¿o no?
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