Diputados, tres al patíbulo
¬ Mario San Martí viernes 26, May 2017Consensos y disensos
Mario San Martí
- Eva Cadena “la recaudadora”, se declara inocente
- Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, en la ruta del desafuero
- Prisión preventiva oficiosa a quienes incurran en cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, propone el PES
Para que el Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones hay varios asuntos legislativos, pero hay un tema que empieza a agarrar fuerza entre las prioridades y tiene que ver con el llamado juicio político.
Hay tres nombres de legisladores que, pasadas las elecciones del 4 de junio, podrían estar sujetos a proceso de desafuero, para que una vez que se les retire la protección de fuero enfrenten a la ley por la vía civil.
Se trata de los diputados federales Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, ambos del PRI, así como de la diputada local Eva Cadena, de Morena. Del Estado de Veracruz los tres y vinculados a supuestos delitos en materia de corrupción, lavado de dinero y desvió de recursos públicos.
El presidente de la Sección Instructora, diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI), informó que la diputada local de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, ya acudió a las instalaciones de San Lázaro para responder sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y que se declaró “inocente”, por lo que ahora el órgano legislativo tiene 30 días para recibir pruebas de defensa de la diputada, así como las que adicionalmente aporte la Fepade o la Fiscalía de Veracruz.
Reiteró que la sección tiene hasta el 4 de agosto para determinar la situación de la legisladora; sin embargo, se comprometió a emitir una respuesta el 7 de julio, y una vez que este órgano interno tenga el dictamen sobre dejarle o no el fuero, éste será entregado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que convoque a un periodo extraordinario y sea votado por los 500 legisladores.
El pasado 16 de mayo la Sección Instructora comenzó a procesar una solicitud de juicio de procedencia que promovió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de la legisladora local, tras ser exhibida en videos recibiendo dinero de particulares, cuando era candidata por Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz.
Por otro lado, no hay que perder de vista que Tarek Abdalá tiene cuatro carpetas administrativas abiertas por un daño patrimonial de 20 mil 858 millones de pesos, lo que da un total de 23 mil 158 millones, además de la causa penal que lo vincula con el mal uso de 2 mil 300 millones de pesos, delitos supuestamente cometidos cuando el ahora legislador fungió como tesorero de la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien por cierto está encarcelado en Guatemala y enfrenta un proceso de extradición por los delitos de lavado de dinero, fraude, peculado, enriquecimiento ilícito, y otros.
En ese contexto, de delitos de corrupción y fraude, versiones periodísticas afirman que la Fiscalía General de Veracruz presentaría una nueva solicitud de desafuero, esta vez en contra del diputado Alberto Silva Ramos (PRI), ex vocero del gobierno de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Por presuntos desvíos en Comunicación Social del estado.
Así las cosas en San Lázaro, de una bancada a otra se lanzan señales del interés para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, pero en ningún caso hay dictámenes listos para ser procesados ante el pleno, ahí están los temas del mando único policial de los estados; seguridad interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas; el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados responsables del combate a la corrupción; la violencia política en razón de género, además del proceso de desafuero mencionado.
Por lo pronto el proceso para desaforar a los tres legisladores referidos ya tiene una ruta legal, donde las fechas y plazos para su atención son muy precisas, lo que de alguna manera habla de que muy pronto tres legisladores podrían estar frente al patíbulo y esa acción sería bien vista entre la ciudadanía en general, porque si hay un tema que en estos momentos lastime la función del servicio público y esto enoje a la gente, es la corrupción.
Entonces la forma de inhibir esas prácticas deshonestas empieza en casa de los legisladores, con el desafuero de quienes utilicen esta figura para protegerse de la acción penal.
Por lo anteriormente expuesto, sin duda son más que oportunas las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes incurran en cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, que recientemente propuso el Partido Encuentro Social.
A nombre de ese partido político, Alejandro González Murillo, coordinador del grupo parlamentario del PES, explicó que la propuesta cuenta con dos fines fundamentales: inhibir la comisión de las mencionadas conductas, por la imposibilidad de la libertad bajo caución, y evitar la evasión de la acción de la justicia. Ojalá prospere la iniciativa.
