Periodismo en riesgo
Ramón Zurita Sahagún martes 16, May 2017De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
La ejecución del periodista Javier Valdez es una muestra más de la desatención que se tiene hacia la seguridad de los comunicadores.
El asesinato del periodista Javier Valdez, sucedido en Culiacán, Sinaloa, es una muestra más de la desatención que se tiene hacia la seguridad de los integrantes de este medio.
No es que se merezca mayor o menor atención que otros sectores de la población, pero sí que la impunidad con que se actúa en contra de los periodistas hace que los delincuentes operen sin temor a represalias.
El periodismo es un oficio o profesión en grave riesgo de extinción en México, debido a las amenazas que se ciernen sobre quienes nos dedicamos a esta actividad.
Los periodistas lo sabemos y de todas maneras continuamos en la brega, con todo y que constantemente se reportan crímenes sobre colegas, sin importar el lugar del país en que se cometen esos atentados.
Veracruz fue por mucho la entidad en que se sucedían los asesinatos de periodistas en los años recientes, quedando impune la mayoría de esos delitos, aunque en varios de ellos se intentó enlodar a los asesinados, presentándolos como parte de la delincuencia o asociados con ellos.
Sin considerar la importancia mayor o menor del medio en que laboraban los profesionales asesinados, la cuenta rebasó los dos dígitos en un solo sexenio, por lo que Veracruz se convirtió en foco de atención que rebasó los límites del país.
Pero si el estado que mal gobernó Javier Duarte durante casi seis años atrajo la atención de propios y extraños y generó mucha polémica y discusión sobre el tema de la seguridad de los comunicadores o periodistas, sin que las pesquisas sobre esos delitos arrojaran resultados satisfactorios, los asesinatos se reproducen con una facilidad increíble por otras entidades del país.
Hace poco en Chihuahua se registró el asesinato de Miroslava Breach Velducea, del que han transcurrido casi dos meses, sin obtener resultado alguno de la investigación realizada.
Antes de eso, en diciembre, otro periodista fue asesinado en Chihuahua. Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, cayó abatido por las balas de un misterioso asesino.
Pero en Baja California Sur, otro profesional del periodismo, Maximiliano Rodríguez Palacios, fue asesinado, de la misma forma, abatido a balazos.
Los crímenes se suceden uno tras otro, sin importar la edad, sexo o sitio de trabajo, sin que las autoridades logren resolver dichos delitos.
De marzo a la fecha, seis periodistas han sido asesinados en distintas entidades del país: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Máximo Rodríguez, Filiberto Álvarez y Javier Valdez.
Apenas el pasado 10 de mayo, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue designado titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
La designación de Sánchez Pérez del Pozo ocurre en medio de un recrudecimiento de la violencia contra los profesionales de prensa.
Sánchez relevó a Ricardo Celso Nájera Herrera al frente de la institución, que desde su creación en 2010 ha atraído 48 casos sobre homicidios de periodistas, de los cuales sólo se han logrado tres sentencias.
Pero con todo y la creación de la fiscalía poco es lo que se avanza en el terreno de la investigación de los delitos que se cometen sobre los periodistas.
Tan solo el año pasado se contabilizaron 426 agresiones en contra de los profesionales de la comunicación, entre los que se incluyen 11 asesinatos, la mayoría de ellos sin resultados satisfactorios que llevasen a la detención de los responsables de esos delitos.
Sin embargo, la PGR asegura que la Feadle “revisará cada uno de los casos que actualmente se investigan”, propiciando un “diálogo permanente y transparente” a través del contacto con las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas.
Miedo a los debates
La negativa a debatir de tres de los cuatro principales candidatos al gobierno del Estado de México, obligó a la cancelación de un nuevo intercambio entre estos personajes.
Delfina Gómez, Morena; Alfredo del Mazo, PRI y Josefina Vázquez Mota (luego rectificó), PAN, no quisieron entrar en esta dinámica en el programa de radio y TV que conduce Joaquín López Dóriga.
Acostumbrados como quedaron a la guerra sucia, descalificaciones y reparto de lodo en el par de debates organizado por las autoridades electorales del Estado de México, los aspirantes de esos tres partidos decidieron no cambiar la dinámica del debate.
Quien sí lo aceptó fue el candidato del PRD, Juan Zepeda, quien se dijo dispuesto a participar y se quedó como novia de rancho, esperando el intercambio de ideas o el reparto de culpas con sus adversarios en el proceso electoral del cuatro de junio.
Comentábamos hace unos días sobre lo inútiles que resultaban dichos debates con el formato actual, ya que son un salpicadero de lodo, en donde el reparto de culpas y acusaciones hace ver cuál de los partidos o de los candidatos es el más corrupto y muestra que todos ellos han incurrido en faltas similares, cuando menos así lo establecen las evidencias presentadas.
El debate al que convocó el periodista López Dóriga resultaba una oportunidad maravillosa para confrontar ideas y presentar sus plataformas de gobierno y mostrar su conocimiento sobre el estado y los temas que tendrían que afrontar en caso de ganar el respaldo ciudadano en las urnas.
Qué pena por ellos que dejaron ir una oportunidad de oro, para que los electores definieran el sentido de su voto, el que podría inclinar la balanza a favor de uno u otro, ya que se habla de una elección sumamente competida o, tal vez, por lo competida les entró el temor de no poder articular argumentos sólidos.
