PRI va por la expulsión y sanción a sus corruptos
Roberto Vizcaíno jueves 4, May 2017Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Maral
El senador con licencia Arturo Zamora, secretario general de la CNOP, cree que ha encontrado la fórmula perfecta para acabar con los corruptos de su partido y recuperar así la credibilidad y la confianza ciudadana.
¿Cómo ocurriría tal cosa?
A través de modificar los Estatutos para crear contralorías ciudadanas o militantes, que se encargarían de vigilar y “cazar” a funcionarios y legisladores priístas de todos los niveles.
Esa será la propuesta más importante que la CNOP bajo su mando presentará a los foros nacionales que se abrirán para la realización de la 22 Asamblea Nacional del PRI, dijo.
Zamora rebate a los suspicaces, a quienes creen que un combate anticorrupción dentro del PRI es casi imposible, con una revelación:
“Cuando asumimos las posiciones dentro del Comité Ejecutivo Nacional dentro de la dirigencia de Enrique Ochoa Reza y la secretaria general Claudia Ruiz Massieu, tomamos una decisión clara: no volver a guardar silencio ante casos internos de corrupción”.
En conferencia de prensa previa a la participación de la CNOP en la 22 Asamblea, Zamora recuerda además que la Comisión de Justicia Partidaria ha suspendido y expulsado muy recientemente a varios ex gobernadores y mantiene expedientes abiertos en contra de otros.
E insiste: “la decisión es limpiar la casa y obtener calidad moral para poder denunciar la corrupción en otros partidos…”
Los contralores anticorrupción, dijo, actuarán especialmente para detectar y sancionar casos de corrupción entre aspirantes a cargos de elección popular.
Se comenzará a construir una base de datos, un banco de información con quienes se considere no deben ser postulados por el PRI.
“Se buscará evitar que se nos vaya a escapar alguien que no tenga, ni la calidad moral, ni las capacidades, ni las cualidades para representarnos en algún espacio de elección popular”, indicó.
Explicó que esta propuesta surge no sólo de la necesidad interna de combatir a los corruptos internos, sino frente a abiertos y escandalosos casos de corrupción en otros partidos.
Señaló que los dos casos evidenciados dentro de Morena son la muestra de que se puede crear un mecanismo más efectivo para detectar y detener a corruptos.
En Morena no sólo la diputada veracruzana Eva Cadena y la candidata a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha incurrido en ilícitos, sino que son dos muestras de cuándo la autoridad debe actuar.
“Cadena recibió dinero, de origen ilícito, sucio, quizá de secuestros, trata de personas o tráfico de drogas, dinero que va a la precampaña de Andrés Manuel López Obrador.
“Delfina aceptó que aplicó descuentos a los salarios de los trabajadores municipales de Texcoto, dinero que luego fue a su partido, Morena. Eso es cohecho, un delito que se sanciona con cárcel”.
Ambas aceptaron sus delitos, señaló, y deben ser sancionadas.
Mancera arranca
Hoy en México nada es casual. Menos entre aspirantes presidenciales. Por ello el ascenso del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el sin partido Miguel Ángel Mancera como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, no puede verse más que como su posicionamiento para la contienda de 2018.
Para nadie es un secreto que existen presiones dentro y fuera del PRD para que Mancera se afilie y se lance de una vez por todas como precandidato presidencial de “esa” parte de la izquierda.
Su decisión de aceptar la presidencia de la Conago, es aceptar que ese cargo le dará no sólo una exposición mediática nacional, sino que le permitirá viajar a cualquier parte de la República sin provocar tensiones locales ni regionales.
En los hechos Mancera arrancó ayer (al asumir el cargo ante el Presidente Enrique Peña Nieto y la mayoría de los otros 32 gobernadores), su campaña por una candidatura presidencial para el 2018.
PRI denuncia
El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, representante legal del PRI ante el INE denunció ayer ante este instituto al PAN por fraude electoral y financiero al usar tarjetas de nómina para comprar miles de votos para la elección en Coahuila del próximo 4 de junio.
Al interponer la denuncia, Ramírez Marín, vicecoordinador también de su fracción en San Lázaro, indicó que cuentan con testimonios de personas que formaron parte de los equipos panistas que operan la compra de votos en ese estado.
Indicó que uno de los empresarios que depositaba recursos para el financiamiento de dicha operación es Eduardo Sierra González, originario de Durango y director de la franquicia “Señor Molletes”, y quien fuera detenido en 2010, en Canadá por portación de cocaína y metanfetaminas.
Senado lamenta salida de Venezuela
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, encabezada por el senador verde Pablo Escudero, lamentó la decisión del gobierno de Venezuela, de presentar su retiro de la Organización de Estados Americanos.
Escudero consideró que esa decisión no abona a la superación de la delicada situación política en aquella nación y externó la preocupación de todos los miembros de la Comisión Permanente, de que la convocatoria del gobierno venezolano a una Asamblea Constituyente, podría radicalizar el conflicto preexistente.
El presidente del Senado en funciones de presidente de la Permanente, invitó al gobierno venezolano a celebrar elecciones bajo un cronograma definitivo, la liberación de presos políticos, la protección efectiva de los derechos humanos, la devolución de los plenos poderes a la Asamblea Nacional y el desahogo de necesidades humanitarias apremiantes, en concordancia con el más reciente informe del Secretario General de la OEA.
Piden Tribunal Constitucional
El grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó, a través de su coordinadora, Dolores Padierna, una propuesta para la creación del Tribunal Constitucional.
Este Tribunal sólo abordaría temas relacionados con la Constitución.
La Suprema Corte de Justicia, agregó la senadora, conserva su posición como cabeza del Poder Judicial Federal y puede conocer en materia de amparo; no obstante, el Tribunal Constitucional podrá atraer para su conocimiento los amparos en revisión y para su definitiva resolución.
En el caso de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, se establece que el Tribunal Constitucional tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de las mismas.
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