Cruzada por la transparencia
Luis Muñoz viernes 28, Abr 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
El gobierno federal gasta alrededor de 800 mil millones de pesos anuales en la adquisición de diversos materiales y servicios, así como en contratar obra pública, pero si se vigilaran las adquisiciones de las dependencias gubernamentales se lograría un ahorro cercano al uno por ciento del Producto Interno Bruto; además de reducir y prevenir actos de corrupción. Claudia Corichi García, de Movimiento Ciudadano, explicó que de esa cantidad (800mmdp), aproximadamente dos tercios se concentran en Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE.
Pero, añadió, si se incluye a las entidades federativas se pueden contabilizar otros 160 mil millones de pesos.
Lo anterior plantea la urgencia de dar seguimiento puntual, fiscalizar y proponer medidas necesarias para hacer eficiente y transparente el proceso de compras del gobierno federal, “ante un escenario de desconcierto por los constantes escándalos de corrupción en el gasto que se realiza”.
Recordó que en el 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaboró un índice comparativo de precios de medicamentos en 12 países y descubrió que en México se vendían los fármacos más caros, por encima de Estados Unidos, Japón y Francia.
En 2006, la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación de posibles prácticas monopólicas por parte de los proveedores de medicamentos, en la cual concluyó que seis farmacéuticas se habían unido para elevar los precios de las medicinas que le vendían al IMSS, por lo que se les multó con 151 millones de pesos.
David Colmenares Páramo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “muchas compras del sector público no son muy transparentes” y que, por lo tanto, es fundamental el impuso de la rendición de cuentas en este sector.
Lo que se debe hacer, dijo, es unificar los criterios para la contabilidad gubernamental y la publicación de la información financiera, así como uniformar las presentaciones de los paquetes fiscales de los gobiernos estatales, con el fin de mejorar las cuentas públicas.
Durante la presentación en la Cámara de Diputados del libro “Riesgos y Oportunidades en las compras del Gobierno Federal”, coordinado por David Colmenares Páramo, éste dijo como colofón: “Podemos afirmar que los avances de la armonización contable, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, es una verdadera cruzada por la transparencia y rendición de cuentas”.
Déficit de vivienda
Aunque en los dos últimos años (este y el próximo) se invertirán unos 50 mil millones de pesos en la ciudad de México para la construcción de viviendas, el déficit aún es preocupante. Actualmente hay una demanda consolidada de un millón de beneficiarios de créditos.
Por ello, la diputada Margarita Martínez Fisher celebró la promulgación de las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano de la CDMX, que promueve la construcción de vivienda para los trabajadores y dota a la capital de un marco legal de vanguardia para hacer frente a la crisis urbana y ambiental.
Martínez Fisher, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que se vigilará la aplicación correcta de la nueva Norma de Vivienda para los Trabajadores, “que detonará la construcción de unas 20 mil viviendas nuevas durante el presente año e igual número en 2018, con una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos”.
Destacó que la nueva norma permitirá contara con un marco específico para los proyectos de vivienda para trabajadores derechohabientes de créditos de organismos federales de vivienda.
El propósito de la iniciativa, dictaminada por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es enfrentar la crisis de casas-habitación.
Martínez Fisher se refirió a los padres de familia que durante años han logrado un ahorro mediante un descuento mensual a su salario para ejercer una aspiración legítima: acceder a una vivienda, a un patrimonio, a una propiedad que se convierta en un legado para sus hijos.
Acciones vs proyecto capitalino
Integrantes del Grupo de Morena en la ALDF calificaron de anticonstitucional aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, propuesto por el gobierno capitalino, porque además de su tendencia privatizadora, abiertamente opuesta a los intereses vecinales, no respeta los tiempos establecidos por la nueva Constitución Política de la ciudad de México.
César Cravioto Romero, coordinador de los diputados locales de este partido, señaló lo anterior y anunció un plan de acción para frenar el proyecto del gobierno de la ciudad, con la participación conjunta de vecinos de las delegaciones.
