Luto en el periodismo
¬ Salvador Estrada martes 28, Mar 2017Folclor urbano
Salvador Estrada
Las desapariciones y los asesinatos de personas en el país han sido tantos que la impunidad borra la cuenta y la aparición de las fosas clandestinas aumenta la indignación de los mexicanos.
Y, los estados de Veracruz, Guerrero y Chihuahua, son los signos de la muerte, porque en esas entidades se han encontrado “cadáveres por todas partes”, incluyendo periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber.
Pero, de un día para otro amanecen, más cadáveres o fosas clandestinas en otros estados, como Morelos, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán, como sucedió este fin de semana. En Jojutla ya contaban 45 cuerpos cuando encontraron nuevas osamentas. En Culiacán, Navolato y Choix hallaron en total 7 personas asesinadas. En Oaxaca tres cadáveres y en Michoacán dos cuerpos desmembrados.
¡Ya basta! gritaron los ciudadanos y periodistas en su marcha de protesta en el Paseo de la Reforma ante el asesinato en un mes de tres periodistas: Miroslava Breach, Cecilio Pineda y Ricardo Monluí.
Los periodistas ejecutados dejan en orfandad a su familia y hasta el momento ni el gobierno ni organismos de derechos humanos han sacado la cara para responder a los deudos en su desgracia.
En Veracruz, donde encontraron 252 muertos en 35 fosas, es el estado en donde los asesinatos a periodistas son una vergüenza e indignación, porque de 2010 a la fecha suman 17, que se registraron en la administración de Javier Duarte, el ex gobernador prófugo. Pero el total de periodistas ejecutados en México, desde el año 2000 al 2017, es de 122, cifra de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es menor a la que tiene registrada el Club Primera Plana, que eleva la cifra a 229 trabajadores de los medios de comunicación desaparecidos y asesinados.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión da a conocer que ha abierto una investigación federal para esos crímenes. Los periodistas dedicados a la investigación de los cárteles o que denuncian a políticos corruptos deben ser protegidos por las procuradurías federal o estatal y darles seguridad a sus familias. Si esto no es posible, la libertad de expresión se va a cancelar porque los periodistas para proteger su vida y la de sus familias tendrán que autocensurarse.
Un gobierno que no da seguridad a sus habitantes, y sobre todo, a sus comunicadores, que es el puente entre el gobierno y la sociedad, está condenado a ser un gobierno fallido.
En la capital de la República urge que ya se dé a conocer la vigencia de la ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que se publicó en la Gaceta Oficial en octubre de 2015 y que a la fecha duerme el sueño de los justos, porque después de tres intentos fallidos no se ha publicado la convocatoria para la elección de seis personas integrantes del Consejo Consultivo, tres representantes de los periodistas y tres de los Derechos Humanos… El periodismo en México está de luto.
