Otra masacre
¬ Augusto Corro lunes 25, Oct 2010Punto x Punto
Augusto Corro
El viernes en la noche, grupos de sicarios asesinaron a 14 jóvenes y dejaron lesionados a 20 más. Los narcoasesinos, quienes llegaron en varias camionetas, abrieron fuego contra los asistentes a una fiesta en el fraccionamiento El Campanario.
Se repitió la sangrienta historia del fraccionamiento de Salvácar, en la que 16 jóvenes perecieron a tiros. Esta tragedia se registró el 31 de enero pasado. En aquella ocasión, las víctimas fueron señaladas como delincuentes por Felipe Calderón Hinojosa. Se corrigió el error y posteriormente, como un acto reivindicativo, se proporcionó ayuda y atención especiales a Ciudad Juárez.
El propio FCH realizó varias visitas para comprobar el desarrollo de los programas que buscan erradicar la violencia de la multicitada ciudad, convertida en un infierno por las batallas que libran los cárteles de la droga. El funcionario siempre fue rechazado por los familiares de las víctimas.
La atención especial y el apoyo que brinda el gobierno federal a Ciudad Juárez resultan en vano. La violencia no cede. Así lo demuestra la masacre del fraccionamiento El Campanario. Funcionarios públicos de todos los niveles viajan a esa ciudad fronteriza, sin obtener resultados en la lucha contra los cárteles de la droga.
Después de los hechos violentos en los que pierden la vida, sin distinción, jóvenes, sin importar el sexo, y menores de edad, las autoridades partirán de cero en sus programas de rescate a Ciudad Juárez. La Secretaría de Gobernación recalcó que no variará su estrategia planteada en aquella ciudad. ¿Cuál estrategia?
Por lo pronto, se extinguen las esperanzas de una paz próxima para los juarenses. ¿Cómo es posible que tantos asesinos se encuentren en las calles de Ciudad Juárez? Los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) se encuentran atados de manos, sin solución frente a la embestida de los sicarios y sus masacres. De lo anterior se desprende que la guerra contra la narcodelincuencia se efectúa en los medios, con discursos que ha nadie convencen.
Los funcionarios públicos tendrán que escuchar directamente a la sociedad juarense si de veras buscan un camino para poner fin a las matanzas de ciudadanos.
VALOR Y ARROJO
Más de 2 mil 500 personas constituye la cifra de personas asesinadas en el Valle de Juárez, una región asediada por los cárteles de Juárez y Sinaloa.
En esa zona violenta, se encuentra el poblado de Praxedis Guadalupe Guerrero, Chihuahua, cerca del río Bravo. En los últimos días, el presidente municipal Rito Grado Serrano y su hijo Rigoberto fueron abatidos a balazos por la delincuencia.
Por tantos hechos sangrientos, nadie desea ser funcionario público, menos jefe de la policía. Sin embargo, una joven universitaria se decidió a ocupar la jefatura de policía. Nos referimos a Marisol Valles García, de 20 años, y madre de un bebé. No tuvo problemas para lograr ocupar el cargo.
La joven, con estudios en criminología, se encargará de la policía (19 elementos) de Praxedis, un lugar cerca del río Bravo, extremadamente peligroso, pues se trata de un punto importante para el trasiego de la droga hacia Estados Unidos.
La joven Marisol empezó por mejorar los salarios de los policías y de dotarlos de armamento propio de los representantes de las fuerzas públicas. Como todas las policías municipales, la de Praxedis tampoco se encuentra preparada para desempeñar sus funciones de protección a la sociedad civil.
Ahora, sólo nos basta desearle buena suerte a la joven criminóloga Marisol que se atrevió a prestar sus servicios como jefa de policía para poner su grano de arena y erradicar la violencia, con el fin de que su hijo en el futuro viva tranquilo, según sus propias declaraciones.
¿Y LAS CUENTAS CON LA JUSTICIA?
Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disfruta de su libertad, lejos de los acosos de la policía y de la justicia en general. Es posible que las autoridades ya no se acuerden de su caso, tan concentradas como se encuentran en la guerra contra el crimen organizado.
Cómo se recordará, en Estados Unidos se descubrieron actos de corrupción entre empresarios de aquel país y Néstor Moreno Díaz, relacionados con contratos ilegales de energía eléctrica. El mexicano recibió, a cambio de sus servicios, un auto Ferrari, un yate y dólares en efectivo. De lo único que se sabe del asunto es que Moreno Díaz renunció a su cargo de primer nivel y nada más. Esa historia negra se trata con mucho sigilo en la CFE.
Respecto al juicio político a Juan Molinar Horcasistas, todo hace suponer que no se efectuará. Las peticiones para que el controvertido funcionario chocan contra la protección que le brinda su jefe.
El último interesado en que el ahora titular de Comunicaciones y Transportes sea juzgado por los legisladores, es el perredista Emilio Serrano Jiménez.
El diputado, presidente de la comisión que da seguimiento al caso de guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, presentó una demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas “por su presunta responsabilidad en la tragedia”.
El legislador se refiere a los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería mencionada, registrado el 5 de junio de 2009. A la fecha, ningún responsable de dicha tragedia se encuentra en la cárcel.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno mexicano a efectuar una investigación pronta y minuciosa sobre los homicidios de Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo Zurita, emboscados el 16 de octubre cerca de la comunidad Tres Cruces, en Oaxaca. Ambos militaban en el Movimiento de Unidad y Lucha Triqui Independiente (MULTI).
Paramilitares se encargaron de perseguir y asesinar a miembros de la etnia triqui que hizo de San Juan Copala un municipio indígena autónomo. Los triquis fueron sitiados desde noviembre de 2009 hasta septiembre de 2010. En ese lapo, específicamente el 27 de abril del presente año, grupos armados dispararon contra un convoy humanitario que les llevaba alimentos. Perecieron el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño, defensores de los derechos humanos.
Y anteayer, en la mañana, en Oaxaca, fue asesinado Heriberto Pazos Ortiz, fundador del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) uno de los tres grupos que se disputan el dominio de la zona triqui. Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon sus armas contra el líder, quien recibió dos balas en la cabeza.
¿Y las autoridades oaxaqueñas investigarán tanto derramamiento de sangre en la etnia triqui? Suponemos que no, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dedica su tiempo a salvar de la cárcel a su secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib.
