El desorden desalienta y hunde al país
Roberto Vizcaíno lunes 25, Oct 2010Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
De hueso colorado... | Trizas
Manlio Fabio Beltrones se quejó de que es hoy el propio Jefe del Ejecutivo quien en lugar de impulsarlas, afecta las grandes oportunidades de inversión, crecimiento y empleo en México
No hay en este momento sector que no se queje del mal gobierno ejercido por Felipe Calderón. Bueno, hasta los organismos internacionales lo advierten. La OCDE cada que puede nos indica las fallas tanto en la administración de la crisis económica, como en los programas de educación y capacitación como en cuanto a los mecanismos y fallas del nivel de competitividad del país.
Otras muchas instituciones y asociaciones señalan constantemente las graves y riesgosas fallas en la violación de derechos humanos y otras las inconsistencias de las políticas sociales que en lugar de disminuir aumentan los niveles de pobreza.
Si bien México no cae en el esquema de “Estado Fallido”, existen amplias zonas económicas, sociales, políticas territoriales en las cuales lo fallido es poco.
Uno de ellos es, en el extremo, sin duda Ciudad Juárez. Y vaya que es importante este ejemplo porque Ciudad Juárez, por si usted no lo sabe, amable lector, es la quinta ciudad más poblada del país y la tercera más industrializada de la República. Bueno, en Ciudad Juárez existen elementos que, si no operara la violencia que se ejerce sobre ella, sería un ejemplo en el mundo: ahí por ejemplo se localiza uno de los 3 centros de alto diseño automotriz en el mundo.
La otra visión de Ciudad Juárez a nivel internacional es que esta población es una de las pocas en el mundo con tantas expresiones étnicas. Y eso ocurre porque ahí se concentran ejecutivos, empleados y técnicos de innumerables países, desde los de oriente: Corea, Japón, China, hasta los de casi toda Europa, norteamérica y Sudamérica.
Evidentemente que la mayoría de estas comunidades se han ido a vivir a El Paso, Texas, para intentar paliar la situación extrema que se vive en Ciudad Juárez.
Bueno, a esto y obviamente mucho más es que se refirió el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones quien el pasado fin de semana advirtió que el gobierno del panista Felipe Calderón, con criterios partidistas, y en una línea absolutamente autoritaria gobierna a través de decretos.
Y al hacerlo provoca un grave desorden en sectores estratégicos como los son las telecomunicaciones.
Así el propio jefe del Ejecutivo es quien en lugar de impulsarlas, afecta las grandes oportunidades de inversión, crecimiento y empleo en México.
De ahí su llamado urgente a revertir la inseguridad jurídica que está generando la opacidad en los órganos de regulación económica, así como la falta de experiencia y ética profesional de las autoridades del sector de telecomunicaciones.
“Nos preocupa que se empiece a volver costumbre gobernar por decreto… algunos de ellos emitidos y ejecutados en días inhábiles, porque ello no es propio de gobiernos democráticos y sólo abona a la incertidumbre sobre las reglas del juego”, indicó el senador sonorense.
Consideró que en el sector de telecomunicaciones, las consecuencias de los decretos presidenciales animados por criterios partidistas están a la vista:
– Procesos que se judicializan, como en el llamado “apagón analógico”, y refrendos como en el caso de la radio, que no generan la seguridad jurídica que otorgaría una ley derivada de un proceso legislativo ordinario.
Otro problema se deriva por el empeño en designar a los “cuates” en cargos de la más alta responsabilidad pública con el obvio fin de empujar intereses partidistas.
De ahí han surgido, dijo, por ejemplo la llamada licitación 21 y la del espectro radioeléctrico, “que es un monumento a la opacidad y la corrupción”, y cuya cancelación es ahora obligada.
Otras han sido las graves omisiones en materia de política aeronáutica, como lo es el caso de Mexicana de Aviación y el incumplimiento de requerimientos de seguridad internacional.
Ni qué decir que ahí está también, agregó, dentro de una franca ineptitud para ejecutarlo, el programa nacional de infraestructura y los numerosos juicios laborales e indemnizaciones ocasionadas por los despidos que produce la contratación de funcionarios inexpertos, cuya lealtad mal entendida linda con el vasallaje, precisó.
Beltrones exigió detener de inmediato esta acumulación de incompetencias e irresponsabilidades.
El daño que provocan, dijo, afecta directamente a los bienes y a los intereses públicos, así como a la competitividad del país y el bienestar de los consumidores.
Por todo ello es que el Senado ha llamado a comparecer a los titulares de la SCT y la Cofetel y de ahí la insistencia en legislar para que los órganos de regulación económica sean autónomos y transparentes en sus decisiones.
Por eso mismo, concluyó el senador sonorense, es que la bancada del tricolor a su cargo insiste en modernizar el régimen presidencial a fin de fortalecer los mecanismos de equilibrio y control entre los poderes públicos.
El suyo es un llamado más ante los oídos sordos no sólo de Felipe Calderón, sino de los otros actores que influyen en el desarrollo de la vida del país y quienes resultarían los primeros afectados del hundimiento de la nación en expresiones de violencia social.
BLINDANDO A LOS PERIODISTAS: Primero fue el recién llegado gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez y ahora es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el mexiquense Humberto Benítez, quienes luego de cerca de 35 periodistas ejecutados en México se han propuesto a endurecer los castigos a quienes atenten contra los trabajadores de los medios de comunicación.
El gobernador logró que su primera iniciativa fuese aprobada por el Congreso estatal por unanimidad. Esta iniciativa prevé que quienes en adelante asesinen a un periodista en ese estado, sean condenados a cadena perpetua, porque en México no existe la Pena de Muerte, no al menos para delitos penales.
Hoy el diputado mexiquense Humberto Benítez Treviño –quien es ex procurador del Estado de México, ex procurador de justicia del Distrito Federal y ex procurador General de la República-, logró que en la Comisión que preside dentro de San Lázaro, se apruebe una iniciativa para reformar la fracción XXI del Articulo 73 Constitucional con el fin de cuidar de la seguridad de los periodistas, escritores y editores y de quienes ejercen la libre manifestación de sus ideas.
Una vez que esta iniciativa sea ratificada por el pleno de los diputados federales, se podrán aplicar penas de uno a nueve años de prisión para quienes agredan a un periodista.
Esta reforma permitirá que el gobierno federal, por conducto de la PGR, pueda atraer delitos del fuero común cuando se cometan contra trabajadores de medios de comunicación o cuando atenten contra la libertad de expresión, como aquellos que han lanzado granadas o ametrallado edificios de diarios y televisoras en diferentes ciudades del país.
Benítez reveló que está en contacto con su homólogo del Senado, Alejandro González, para impulsar una visión de protección a los periodistas en donde se agregarían dos artículos al Código Penal Federal, el 430 y 431 “con lo que se conceptúa el delito a federal y visualizamos la sanción”.
De avanzar estas reformas se estaría caminando hacia un apartado que garantizaría la protección de periodistas.
ALTERNANCIA SIN RUPTURAS: Ante las expresiones que podrían significar la ruptura a partir del triunfo de otros partidos ajenos a los que hoy detentan el poder, el coordinador de los diputados del PRI, el mexiquense Francisco Rojas, advirtió que las otras fuerzas políticas nacionales deben valorar la actitud mostrada por los priístas quienes al perder en las dos últimas contiendas presidenciales, la del 2000 y la de 2006 actuaron con civilidad y propiciaron la toma de posesión de sus opositores.
De ahí que la alternancia en el poder “no debe suponer rupturas o implicar la refundación periódica del régimen político ni convertir a los adversarios políticos en enemigos que deban denostarse o destruirse mutuamente”, indicó.
Consideró que el cambio de estafeta que supone la alternancia debe permitir la continuidad de las políticas de Estado esenciales para garantizar el desarrollo, independientemente de los colores políticos o plazos electorales.
“La alternancia, es apenas una expresión de la transición democrática”, dijo y no es más que una prueba más de la eficacia de los gobiernos en cada proceso electoral.
