Rehabilitación fallida
Freddy Sánchez martes 14, Feb 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
En las cárceles de México (y muchas partes del mundo), se vive en una eterna paradoja: la de estar preso y poder gozar de muchas libertades o la de tener derecho a ciertas libertades y no poder gozar de éstas. Lo cual se debe a una deficiencia del sistema de justicia penal, que lejos ha estado de garantizar una verdadera y no ficticia e incluso falaz readaptación social de los internos carcelarios.
El concepto de moda que se refiere a la reinserción social de los reclusos, no es más que una mera pose demagógica que en nada ha cambiado el fracaso institucional en materia de readaptación social de los presos.
Y la causa es la misma de siempre: la corrupción que pervierte cualquier propósito de cambio propiciando que los reos sigan siendo objeto de intimidación, abuso y extorsión por parte de otros internos y sus custodios.
Una historia que se repite sin importar por cuantas manos pase el manejo de los reclusorios, a cargo en los últimos cuatro sexenios de militantes o recomendados de diversos partidos políticos, que por lo visto han estado cortados por la misma tijera de la deshonestidad, al dejarse tentar fácilmente por las corrupción, salvo honrosas excepciones.
De ahí que los penales continúen inmersos en la venta de privilegios y el tráfico de cuanto la ley prohíba desde el consumo de drogas, la prostitución, uso de celulares, acceso de comida distinta de la que consume la población general, además de las clásicas extorsiones para eximir a los internos de ciertas tareas, como la limpieza en cuclillas de los pisos, lavado de malolientes tazas sanitarias y por supuesto evitarse el hacinamiento en celdas sobrepobladas e insalubres.
Cualquier cosa puede ser objeto de compra-venta en una prisión, lo que constituye el principal obstáculo para la readaptación de los internos.
Algo que evidentemente a las autoridades responsables del manejo de los establecimientos para la reclusión, además de aquellos que tienen encomiendas en materia de procuración e impartición de justicia y los encargados de legislar, inequívocamente les tiene sin cuidado.
Porque si no fuera así, lo primero que se debería hacer es reformar las leyes para definir exactamente lo que se debe o no imponer a los reclusos en cuanto pisen la cárcel.
Dejar en claro pues si al privarlos de su libertad se les ha prohibido todo ejercicio de libertad o sólo se les ha privado de ser libres y tener que permanecer encerrados, siendo sujetos obligados a tareas específicas y no impuestas a criterio y voluntad de sus carceleros.
Sólo de ese modo se impedirá que algunas libertades (a las que pueden o no tener derecho los internos en una cárcel), sean objeto de comercio para el beneficio de las mafias delictivas que ejercen un doble gobierno en una prisión con la complicidad de ciertos custodios y alcaides interesados más en enriquecerse que en cuidar el orden y el respeto a los derechos humanos en los centros de reclusión.
Y es que aparte de que eso incide en el fracaso de la readaptación, tiene una connotación más deplorable si consideramos que la reclusión preventiva suele imponerse a un sujeto sin pruebas indubitables de su responsabilidad en la comisión de un delito y esto constituye una brutal injusticia del sistema penal imperante.
De tal suerte que las políticas institucionales para lograr la reinserción a la sociedad de la mayoría de los internos carcelarios seguirán siendo un terrible fiasco en tanto no se cambie el tratamiento ineficaz y corrupto de los reclusos, lo que da por consecuencia su rehabilitación fallida.
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