Más triquis muertos
¬ Augusto Corro martes 19, Oct 2010Punto x Punto
Augusto Corro
Continúa la cacería humana en la zona triqui. Dos indígenas, Serafín Ubaldo Zurita, de 34 años y Teresa Ramírez Sánchez, de 30, perecieron en una emboscada el sábado pasado, al filo del mediodía. En los últimos meses más de 30 indígenas perdieron la vida. La etnia triqui se decidió por la autonomía del municipio de San Juan Copala, lo que ocasionó toda clase de represalias.
Los indígenas responsabilizan de los hechos sangrientos a las fuerzas paramilitares de las organizaciones conocidas como Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Los indígenas que vivían en San Juan Copala fueron sitiados por sus enemigos, que no les dieron tregua alguna. Impedían que les llegaran alimentos y agua. Cuando algún triqui intentaba burlar el cerco moría a balazos o machetazos.
La ley de la selva se impuso en la región. La vida humana no tiene ningún valor. No existe el respeto por nadie. Inclusive, una caravana de civiles interesados en llevar alimentos a los triquis sufrió las agresiones de los paramilitares. En esos hechos, murieron dos representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En los días de septiembre se informó que en una noche, los indígenas de San Juan Copala burlaron la vigilancia y lograron escapar. Se pensó que conflicto llegaría a su fin. No ocurrió así, la cacería humana se extiende a todos aquellos sitios donde se encuentran los triquis, en lo que podría catalogarse como un etnocidio.
Las autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y federal no manifestaron ningún interés por frenar esa lucha criminal, en la que los más débiles, los triquis, son asesinados y expulsados de sus tierras.
Con las muertes de Serafín y Teresa queda demostrado que los paramilitares seguirán alimentándose de la sangre de los inocentes, mientras las organizaciones de los derechos humanos miran los toros desde la barrera.
DE LO INSÓLITO
A los senadores se les ocurrió exigir a Felipe Calderón Hinojosa el rescate de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos. Se trata de los 63 trabajadores cuyos cuerpos se encuentran bajo toneladas de tierra.
Como el rescate de los 33 mineros chilenos resultó un éxito total, a los legisladores se les hizo fácil tratar el tema de la mina mexicana para aprovechar el momento mediático. Subieron a tribuna los interesados y lograron, por unanimidad, el acuerdo para que el gobierno saque la mina Pasta de Conchos a los 63 cuerpos de los trabajadores.
En los discursos, los senadores se refirieron a las condiciones de explotación en la que viven los mineros mexicanos. Elogiaron la solidaridad del pueblo chileno para enfrentar la adversidad. Algo que no ocurrió en México. La unidad de los mexicanos actuó para que los dueños de Pasta de Conchos y los gobiernos federal y estatal abandonaran a las víctimas a su suerte.
A cuatro años de la tragedia, ahora los senadores buscan justicia, cuando nunca debieron quitar el dedo del renglón. Seguramente, su exigencia a Felipe Calderón caerá en el olvido. Los gobiernos panistas no hacen mucho caso de las exigencias sociales.
Cada vez que mueren trabajadores en las minas de México y del mundo, se alzan las voces para demandar una mayor atención de seguridad a los mineros. Luego, esas mismos reclamos se apagan poco a poco.
En el caso de la mina Pasta de Conchos, son los familiares de las víctimas quienes más presionan al gobierno para que se rescaten los restos de los 63 fallecidos en febrero del 2006. Ya en 1969, en Barroterán, en un tiro de una mina estalló el gas grisú y mató a decenas de trabajadores. Propios y extraños prometieron luchar incansablemente para mejorar las condiciones labores de los mineros.
Nada se logró. Las autoridades laborales en contubernio con las empresas dejan que las minas se deterioren y no escuchan las quejas de los mineros respecto al mal estado en que se encuentran las instalaciones donde prestan sus servicios.
En claro favoritismo a los dueños de las minas, al gobierno mexicano poco o nada le interesa la vida de los mineros. Por lo menos eso demostró el entonces presidente Vicente Fox y su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, actualmente diputado federal, sin rubor, ni pudor alguno.
OTRA VEZ JULIO CÉSAR
Se le complica al perredista Julio César Godoy Toscano su situación ante las autoridades federales, quienes en el expediente del diputado, lo investigan por su presunta responsabilidad en la matanza de 12 policías en Michoacán.
Ante esas acusaciones, que tendrán que comprobarse, sube el tono de las acusaciones y los que defendían al legislador, ahora empiezan a hacer a un lado. El propio dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, sostuvo que el legislador del sol azteca “debe enfrentar las imputaciones respecto a sus vínculos con el narcotráfico como cualquier ciudadano”.
El diputado michoacano también tiene que explicar a que periodista se refería en la plática que sostuvo con Servando Gómez “La Tuta” y en qué situación se encuentra. Además, de si recibió o no dinero del narco para su campaña política. Si son peras o manzanas, en el PRD se acumula el descrédito por mantener en sus filas a un diputado prófugo de la justica en una temporada y ahora sujeto al desafuero por sus posibles relaciones con el crimen organizado, representado por “La Familia Michoacana”.
Y mientras se resuelve el affaire del desafuero de Godoy Toscano, sigue la búsqueda de los 39 michoacanos levantados en las semanas recientes en diferentes estados, principalmente los 22 desaparecidos en Acapulco. De estos, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Gloria Guevara Manzo, dijo que no se trataba de turistas porque no daban el perfil y no tenían reservaciones en hoteles.
En Morelia, se piensa diferente de lo dicho por Guevara Manzo y el domingo se efectuó una manifestación para exigir resultados a las autoridades sobre las desapariciones de los michoacanos.
