Necesaria una negociación de respeto con el gobierno norteamericano: Carlos Joaquín

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Dos reuniones tuvo ayer el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González en la Ciudad de México, y las dos se pueden considerar de la misma importancia para los ciudadanos de este estado. La primera que mencionaré es la que se realizó entre el presidente Enrique Peña Nieto y los 32 gobernadores del país. En Los Pinos, a puerta cerrada, analizaron las acciones a seguir en la nueva relación con el gobierno de Estados Unidos.

Los mandatarios estatales, que antes no eran consultados para los casos de relaciones exteriores, como es éste el tema, ahora el Presidente los escuchó y aunque de fondo no haga la diferencia, de forma sí la hace. El alcanzar una agenda de unidad que permita construir una nueva relación bilateral con los Estados Unidos, no la hará perfecta, tampoco impedirá errores, pero ya no será sólo uno el culpable, jijijiiiji.

Al término de la reunión, el mandatario quintanarroense destacó que México debe construir un acuerdo de unidad nacional que incluya a todos los actores políticos, económicos y sociales para con una sola posición como Estado fortalecer la relación con aliados en el Congreso, gobernadores y organizaciones civiles, empresariales y gremiales en los Estados Unidos, así como con otros países y organismos internacionales para llegar a una negociación de respeto con el gobierno norteamericano.

Seguridad, fundamental

De paso, el Ejecutivo de Quintana Roo aprovechó el viaje y antes del encuentro con el Presidente, realizó una reunión de trabajo con el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. La demanda de los quintanarroenses es la seguridad y el objetivo del mandatario estatal es lograrla; sin embargo, es la coordinación con las fuerzas federales como se logrará.

Después de la muerte de seis personas en el Blue Parrot de Playa del Carmen, a consecuencia de peleas entre grupos de la delincuencia organizada y el ataque a la Vicefiscalía, ubicada en Cancún, por un comando, que sin ningún temor rodeó y baleó el edificio, el mandatario aseveró que son grupos de delincuencia organizada que pelean por privilegios de los que antes gozaban y que con la remoción de funcionarios de la pasada administración perdieron. Para el combate de grupos de delincuentes con ese poder de armamento y capacidad de ataque, son las fuerzas federales de vital importancia para hacerles frente.

Con esta reunión quedó claro que el Ejecutivo estatal no escuchará los consejos del obispo Pedro Pablo Elizondo, en el sentido de que “gestione” acuerdos con la delincuencia; la señal es que no negociará y también que fue a pedir más refuerzos, para combatirla, ¿Qué? ¿No?

La misma gata

Terminó enero, el inicio de año fue terrible en muchos aspectos, llegó el primer gasolinazo (pasado mañana viene el segundo); tomó las riendas de la presidencia de EU, Donald Trump, y ocho personas fueron ejecutadas en Cancún.

La seguridad se ha vuelto el dolor de cabeza del novato munícipe del polo turístico del país, pues, aunque rentó 97 patrullas, lo que costará 81.2 millones de pesos, la presencia policial no logra disuadir a los delincuentes.

Pese al fracaso en las estrategias de seguridad, los mandos policiales continuaban su trabajo como si nada; sin embargo, después de recibir la visita del secretario de Gobierno estatal, Francisco López Mena, el alcalde de Cancún realizó movimientos en la SSPyT.

Ludwing Vivas Arjona, quien estaba a cargo de la Unidad Jurídica, tomó posesión de la Subsecretaría de Control y Operación; Martín Estrada Sánchez fue nombrado como nuevo director de Tránsito Municipal, sustituyendo a Rodrigo Alcázar Urrutia, quien fue nombrado director de la Policía Turística; en la Unidad Jurídica estará Juan Manuel Torres Paredes, quien era director de Asuntos Internos. O sea, que sólo le dieron una revolcada a la misma gata.

El único que se pude decir nuevo en la corporación es Fredy Castro Piña, quien se integró como director de la Policía Preventiva y antes ocupó diversos cargos en la Fiscalía General del Estado. De los estratégicos cambios, no espere usted nada nuevo, pues son los mismos que seguían ahí.

¿Y las patrullas?

En la sesión de cabildo de ayer por la tarde, los regidores de Benito Juárez le pidieron al alcalde aclare el asunto de la renta de las patrullas, pues no a todos les queda claro como con un arrendamiento puro, el ayuntamiento podrá después comprar las unidades, con sólo dos años de gobierno.

El alcalde defiende al gasto, al asegurar que al final de la renta de las unidades, al ayuntamiento podrá quedarse con ellas; empero, por el esquema en que se contrató eso sería imposible, ya que los datos oficiales señalan un “arrendamiento puro” en el que no se contempla la compra al final del contrato, para ello el esquema debería ser otro.

Cuando se puso dura la discusión en el cabildo e iniciaron los gritos de reclamo de transparencia de los regidores hacia el alcalde -y antes de que se dieran de sillazos como pasó en el municipio de Teapa, donde el edil se agarró a golpes con los regidores -radio ayuntamiento- hizo como que le falló la transmisión y pusieron música….ummm así de transparentes son, jijijiiji.

Trabaja bajo amenazas

Llamó la atención que a la firma de un convenio de contratación exprés entre empresas privadas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, la titular de esa dependencia, Catalina Portillo Navarro, llegó escoltada por personal armado. La funcionaria reveló que recibió amenazas de muerte, porque en diciembre del año pasado dejó al descubierto la cloaca en la que se convirtieron las juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen.

Cinco ex funcionarios de esas juntas tienen una denuncia penal en su contra por despojo y robo, la treta era inventar falsos trabajadores que demandaban a empresas por despidos injustificados, con lo que embargaban inmuebles y cuentas bancarias de los supuestos malos empleadores, todos asuntos fabricados. Los bienes eran transferidos a los titulares de esas juntas, que se enriquecieron de manera ilícita, según las pruebas presentadas por Portillo Navarro.

Ante la inminente presentación de más denuncias, por hechos similares, en las que ahora se ven implicados, secretarios de acuerdos y secretarios generales, de las juntas, el gobierno estatal ordenó la protección de la funcionaria encargada de realizarlas, pues aseguró haber recibido llamadas telefónicas donde se le advierte no continuar con el trabajo que realiza o de lo contrario lo pagará con su vida. Tantán.

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