Prisión a portadores de armas
Luis Muñoz miércoles 25, Ene 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Frente al clima de violencia que se vive en el país, adquiere gran relevancia el tema de la portación de armas, que se ha ventilado una y otra vez en diferentes foros.
Ayer fue puesto nuevamente sobre la mesa por la legisladora
Nury Delia Ruiz Ovando, quien urgió a la Cámara de Diputados a retomar y aprobar la propuesta que anunció el coordinador en turno de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Conago, Miguel Ángel Mancera, para dar la prisión preventiva de oficio por la portación de armas de fuego.
Al respecto, la diputada consideró necesario que en San Lázaro se consideren urgentemente los acuerdos de la Conago en materia de seguridad y combate a la delincuencia.
Comentó que el planteamiento que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y que recibió el respaldo de los gobernadores, debe traducirse en un proceso de dictamen ágil que permita plasmar la propuesta en el Código Penal Federal, en el Código de Procedimientos Penales y en la Ley de Portación de Armas Explosivos.
En este sentido, también hizo un exhorto a los diputados federales a “descongelar” la serie de reformas que en diciembre de 2016 aprobó el Senado de la República con el propósito de incrementar las penas por la comisión de este ilícito.
“El dictamen aún se encuentra en la Cámara baja y no vemos para cuándo le den luz verde”, dijo.
Dicho dictamen establece que se convertirá en delito grave la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la posesión de cartuchos de alto calibre.
Ruiz Ovando consideró que las reformas que permanecen atoradas en la Cámara de Diputados tienen como objetivo consolidar un marco legal que propicie una defensa enérgica de la seguridad pública, “y es que la legislación vigente permite portar algunas armas sin mayor consecuencia que una sanción administrativa, es decir, no existe una pena corporal para ello”. Concluyó en que “esta deficiencia en la legislación pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado, como son la vida, la paz, la salud y la seguridad interior y nacional”.
CONCERTACIÓN SOBRE VIVIENDA
Este martes se llevó a cabo una reunión entre legisladores locales y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para acelerar la aplicación de la norma de promoción de vivienda para los trabajadores de la ciudad de México.
La diputada Margarita Martínez Fisher señaló que en este primer encuentro, al que también asistieron representantes del Fovissste e Infonavit, así como de la Seduvi y la presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, Dunia Ludlow Deloya, se dieron a conocer los alcances de las reformas y cómo se instrumentarán para promover la vivienda para los trabajadores.
Martínez Fisher dijo que para dictaminar el Programa General de Desarrollo Urbano, en materia de suelo y vivienda, ya se cuenta con una comunicación con autoridades locales y federales, a fin de generar mecanismos eficaces para la construcción de vivienda en pro de las familias de menores ingresos de la capital.
PERDERIAN LA PATRIA POTESTAD
En los casos de homicidios en contra de la pareja (hombre o mujer), el responsable podría hacerse acreedor a la suspensión o pérdida de la patria potestad del o los hijos. Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, del PRI, impulsa una iniciativa para que quien prive de la vida a su cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, concubina o concubinario con quien comparta patria potestad, tutela, guarda y custodia, se le limitará, suspenderá o perderá el derecho de trato con el menor.
La propuesta de reforma a los códigos Civil Federal y Penal Federal, publicada en la Gaceta Parlamentaria, precisa que el agresor o agresora serían condenados, además, a la pérdida de los derechos sobre la víctima y sus bienes.
Plascencia Pacheco explicó que como están las cosas hasta ahora, “la patria potestad corresponde a ambos progenitores y en los casos de homicidio el menor queda en medio y el culpable no pierde el derecho sobre el hijo en todo lo que respecta a efectos jurídicos”.
Por eso es que con la reforma a los artículos 417 y 444 del Código Civil Federal, y 323 del Código Penal Federal, el objetivo es garantizar en todo momento el interés superior del menor, afirmó la legisladora.
“Lo que se busca con estas modificaciones es justamente que el sujeto activo de la comisión del ilícito de homicidio en perjuicio de su pareja, cónyuge, esposa o concubina con quien haya procreado hijos, pierda el derecho de la patria potestad sobre éste, a fin de posibilitar al menor de un mejor desarrollo”, concluyó.
