Una procuraduría para adultos mayores
Luis Muñoz jueves 5, Ene 2017Segunda vuelta
Luis Muñoz
Al menos esa es la intención del diputado Liborio Vidal Aguiar, quien impulsa una iniciativa para crear la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores, a fin de dar protección efectiva de sus derechos de asistencia e integración social, atención integral y calidad del servicio.
Por supuesto, la iniciativa fue vista con buenos ojos por este sector de la sociedad que, en muchos casos, se encuentra en estado de indefensión.
El legislador priísta dijo que en las últimas décadas, el porcentaje de estas personas ha aumentado y, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se incrementará 14.8% en 2030, lo que significa 20.4 millones de mexicanos en esa etapa de la vida.
Resaltó que el acelerado crecimiento de la población de personas adultas mayores representa una problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido a la falta de desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar su bienestar y capacidad humana orientada a atender profesionalmente sus diversas demandas.
De las poco más de 633 mil muertes registradas en 2014, el 63.8% correspondió a personas de 60 y más años. Muchos de los fallecimientos son producto de enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus, isquémicas del corazón, cerebrovasculares, vías respiratorias inferiores, hipertensivas y hepáticas.
Cabe señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las personas que forman parte de este segmento constituyen uno de los sectores poblacionales que enfrenta mayores retos sociodemográficos como el sanitario, vulnerabilidad social y problemas de cobertura.Vidal Aguiar explicó que el envejecimiento poblacional en México se caracteriza por la coexistencia de enfermedades crónico- degenerativas, transmisibles y desnutrición.
Además, subrayó, “esta mezcla de condiciones de salud representa un riesgo desconocido, en cuanto a la discapacidad que puede presentar la población que sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de los sistemas de salud para enfrentar la carga asociada con este triple desafío”.
Respecto a la vulnerabilidad social, señaló que la desprotección en la que viven los adultos mayores es factor determinante del empobrecimiento de la familia en el país, sobre la cual frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de los ancianos.
Según el legislador, la situación de estas personas se caracteriza por la intersección entre problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales, tanto en entornos rurales como urbanos. De acuerdo con datos del INEGI, durante el segundo trimestre de 2016 la población ocupada de 60 años y más representa 33.6%. Mientras que en 2014, 26% de la población tienen discapacidad, mientras que 36.1% cuenta con alguna limitación.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, señala que donde hay al menos una persona de 60 años y más, el gasto en salud es 50.7% más alto respecto a los hogares donde no hay adultos mayores.
Es de destacar que en los primeros hay un desembolso mensual promedio de 857.89 pesos, de los cuales 63.1% son para pago de atención ambulatoria, 20.3% para gastos de hospitalización y 16.6% para adquirir medicinas.
En cuanto a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el legislador refirió que tiene por objetivo establecer bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de sus derechos, programas, responsabilidades e instrumentos, que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar.Y por ello propuso modificar el artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer que la aplicación y seguimiento de esta Ley también corresponderá a la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores.
VÍCTIMAS DE “ENFERMEDADES RARAS”
En el país existen al menos 8 millones de personas que padecen enfermedades “raras o huérfanas”. En estos casos, la prueba del tamiz neonatal ampliado permitirá la detección oportuna de más de 60 enfermedades raras del metabolismo, desórdenes endócrinos en las células, trastornos neuromusculares y cardiacos que llegan, incluso, a ocasionar muerte súbita al no presentar síntomas visibles desde el inicio.
