¿Sexenio de la infraestructura?
Francisco Rodríguez jueves 14, Oct 2010Índice político
Francisco Rodríguez
DESDE HACE CUATRO años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ostenta el nada envidiable título de indiscutible campeona de subejercicios presupuestales. No gasta y, menos aún, invierte en obras de infraestructura. Lo peor, es que los dineros desaparecen después en misteriosos fideicomisos privados, a los que no tiene acceso la Auditoría Superior de la Federación.
Aún así, uno de los machacones lemas de la languideciente y aún fallida administración federal habla de que éste es “el sexenio de la infraestructura”. No hay tal.
Tan es así que a los productores de spots de Los Pinos han tenido que recurrir, no pocas veces, a obras que son de las entidades federativas, mismas que se presentan cual si hubiesen sido erigidas por el mismísimo Felipe Calderón.
No es éste, en definitiva el tal sexenio de la infraestructura. Como no lo es, tampoco, el de la seguridad o el del crecimiento y desarrollo económicos. Ni de muchas otras cosas que interesan a la población que paga impuestos.
De ello, habla en entrevista para la revista especializada T21, el diputado Javier Gil Ortiz, presidente de la comisión respectiva, quien señala con respecto a los recursos que Calderón y Hacienda programaron para el rubro en 2011: “¿Cómo mandas (sólo) 34 mil millones de pesos cuando hablas de que es el sexenio de la infraestructura? No hay congruencia, de qué sirve que el Ejecutivo anuncie montos récord si sabemos que hay un cuello de botella?”.
Entrevistado por Pilar Juárez Rodríguez, Gil Ortiz reconoce que -como se dice en los spots- la Cámara baja ha autorizado montos para carreteras, puertos, caminos, puentes, etc., que son récord, pero que no se ejercen, ya por angas o por mangas.
Ante inversiones en materia de infraestructura carretera por 134 mil millones de pesos en los cuatro años de la administración, monto 84% superior al ejercido por el gobierno anterior, el líder de los legisladores en materia de transporte expone que México sólo destina 2% de su Producto Interno Bruto a infraestructura y se coloca en el lugar 68 en este rubro a nivel mundial.
Y para 2011 los recursos se reducirán en un 32%. “Destaca que en materia de caminos alimentadores, el proyecto del Ejecutivo prevé una baja de 25%, en comparación con los recursos que se ejercen en 2010, es decir, de 5 mil 481 millones de pesos, se está pasando a 4 mil 108 millones”, dijo el legislador a su entrevistadora, y agregó que tal “afecta a todos los estados, pero principalmente a Oaxaca y Veracruz, donde el porcentaje de la población rural es mayor que en otras entidades y el problema se acentúa de manera importante”.
Hay recursos aprobados por la Cámara de Diputados, pero la SCT no los ejerce. Gil revela que no toda es responsabilidad del “leal” Juan Molinar. “El principal obstáculo para ejercer a tiempo el presupuesto fue la operación de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda, pues tras foros regionales donde involucraron a todos los estados del país, el común denominador fue la queja generalizada de los directores de los Centros SCT en cuanto a que tenían atorados sus números de registro en dicha unidad de inversiones, por lo que la SCT no podía licitar esas obras”.
Así, sólo del ejercicio fiscal 2010, en el acumulado a septiembre, se detectaron 8 mil 500 millones de pesos de subejercicio, que no sólo ha sido responsabilidad de la SCT, sino de la SHCP, donde ha estado latente el retraso constante para la autorización de registros en la cartera de proyectos de diversas obras que fueron etiquetadas y aprobadas.
Y esos 8 mil 500 millones de pesos -que serán casi 10 mil millones a fines de diciembre- ¿dónde quedarán? ¿Servirán, como otros subejercicios de otras dependencias, para las campañas electorales del PAN? O, de plano, ¿”desaparecerán” en las cuentas bancarias de “alguien”?
Índice Flamígero: El viernes 8 de octubre, el juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, derivado del Amparo presentado por Iusacell contra la entrega de títulos de concesión al consorcio Nextel-Televisa -la denominada Licitación 21-, ordenó paralizar los efectos naturales y jurídicos derivados de la entrega de las concesiones a dicho consorcio y para que no puedan aprovechar y explotar las bandas de frecuencia del espectro de 1700 MHz. Con ello, el juez determinó que todos aquellos actos que pudiera realizar Nextel-Televisa, una vez que les fueron entregados los títulos de concesión, se debe mantener sin movimiento alguno, hasta en tanto el juez en Toluca no haya resuelto el fondo del amparo.
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