Límites al fuero
Freddy Sánchez jueves 15, Dic 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Que fuero ni que “ocho cuartos”.
En tratándose de perseguir actos corruptos de políticos o tecnócratas en altos cargos de gobierno, no debe haber fuero que les valga para gozar de impunidad ante sus latrocinios contra la nación.
No hace falta poseer dotes de adivinador para estar ciertos de que tal es el sentir de la mayoría de los mexicanos.
Sobre todo, al constatar que una y otra vez, hombres o mujeres de distinta filiación partidista (en particular tránsfugas que fácilmente se revisten de otros colores y los que mucho hablan de sus inclinaciones de honestidad a toda prueba), más tardan en ocupar cualquier cargo de gobierno que en dejarse corromper por las tentaciones de la corrupción.
Y lo que es más grave: regularmente se salen con la suya (enriqueciéndose a manos llenas, recurriendo a toda clase de corruptelas), para después evadir la acción de la justicia, ocultando y conservando sus caudales mal habidos.
Un hecho lamentable que el fuero favorece porque sirve de protección a un sinnúmero de gobernantes y legisladores corruptos.
De ahí, la urgencia de reformar la ley, a efecto de que si bien el fuero debe ser mantenido como escudo de aquellas personas que en el ejercicio del poder pudieran ser objeto de conjuras políticas para desprestigiarlos, destituirlos o someterlos a intereses particulares deshonestos, no por eso se les otorgue una patente de corso para delinquir y por lo tanto defraudar la confianza que se depositó en ellos.
Es imperativo, entonces, que se revise y reconsidere legalmente los alcances del fuero para quienes se hagan cargo de un puesto de elección popular, ya sean presidentes municipales, gobernadores e incluso el primer mandatario de la nación.
Nadie tiene derecho a una libertad absoluta e incondicional para hacer lo que se le dé la gana, en detrimento de las finanzas públicas, ya sea tomando decisiones para favorecer a particulares con los que se han pactado acuerdos de negocios en lo oscurito o cometiendo quebrantos al erario por cualquier medio.
Hecha una denuncia de corrupción, sustentada con indicios probatorios suficientes, justo es que al presunto responsable se le ponga bajo investigación por parte de una instancia independiente y ajena a partidos políticos, y en caso de confirmarse la veracidad de los hechos denunciados, proceder automáticamente a su desafuero para que responda de sus actos ante los tribunales competentes.
Ahora que tratándose de denuncias calumniosas y de mala fe contra un alto servidor público, el fuero que detente tiene que servirle como protección eficaz contra sus detractores mal intencionados.
De esa manera, el fuero tendría una fuerza inquebrantable cuando el que quiera usarlo no sea un malandrín de la política dedicado a hacer del fuero una coraza contra sus pillerías para quedar impune y ni siquiera preocuparse por aclarar una denuncia o en todo caso darse el tiempo para evadir la acción de la justicia, mientras esté al frente un cargo de representación popular y aun habiendo quedado expuesto a un juicio de desafuero.
El fuero debe ser una protección para los políticos honorables y decentes y no patente de impunidad para los corruptos.
Lo cual, obviamente, amerita una reforma legal minuciosa y eficaz que haga posible ponerle límites al fuero.
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