El demonio Duarte
Freddy Sánchez jueves 8, Dic 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Pero, qué necesidad. Tuvo que convertirse en uno de los escándalos más sonados de la corrupción en México, el paso del señor Duarte por el gobierno de Veracruz para dar lugar a una acción pronta y contundente de la justicia, aunque sólo sea a medias.
En un santiamén autoridades policiacas detectaron bienes inmuebles y dinero mal habido del ex gobernador, procediendo a un expedito decomiso e inclusive (algo aparentemente inusual y novedoso con la aplicación de una ley ni tarda ni perezosa), a fin de utilizar una parte de los recursos económicos incautados para salir al rescate del “quebrado” gobierno veracruzano, inmerso en desfalcos y más desfalcos a causa de los excesos corruptos de su ex mandatario estatal.
Y si bien el presunto responsable de tantísimas raterías, aún sigue sin pisar la cárcel, consuela saber que una parte de lo “hurtado” (palabra ésta última más que descriptiva de una descarada corrupción), se está procediendo a incautar al señor Duarte.
Lo que sorprende es la rapidez institucional con la que se ha actuado para tratar de demostrar que un gran corrupto sexenal no podrá seguir disfrutando de los bienes y dineros producto de sus fechorías.
Claro que sin tan fácil resultó poner al descubierto las ganancias ilícitas de Duarte, lo menos que uno puede preguntarse es por qué no se impone la misma política de incautación sobre las fortunas de tantos otros actores de la política de los que se presume el ejercicio subrepticio de idénticas prácticas corruptas para enriquecerse como sucedió con el gran perseguido sexenal del priísmo.
Y es que una semejante acción de la justicia, inequívocamente, podría sacar a la luz muchas “transas” de diversos personajes de la vida pública y privada (no sólo de uno sino de casi todos los partidos políticos con poder institucional), en el actual e inmediatos anteriores periodos sexenales, antes incluso de que concluyan sus ejercicios actuales o a pesar de haber concluido en el pasado reciente, lo que amerita proceder a las investigaciones que sean necesarias.
Conveniente sería pues que a todos los gobernadores, secretarios de Estado, legisladores y demás funcionarios en cargos de representación popular, se los someta a indagatorias parecidas a las que en poquísimo tiempo permitieron desentrañar las corruptelas de Duarte.
Habría que ir pues a la caza de aquellas adquisiciones de bienes inmuebles, inversiones bancarias y constitución de empresas que no hayan aparecido en las declaraciones patrimoniales que por ley deben entregar los servidores públicos, que si bien pudieran no tener nada a su nombre, lo más seguro es que como el ex gobernador de Veracruz, echaron manos de familiares y amigos para pretender encubrir sus nuevas fortunas mal habidas.
El caso Duarte ha puesto la muestra de que tal cosa es posible, sin dilación alguna, cuando se tiene la voluntad política para hacerlo y con ello proceder a sancionar a un servidor público corrupto, donde más le duele.
Es decir, recurriendo a desposeerlo de cuantos productos de su corrupción haya podido acumular, por más esmero de su parte para ocultar sus rapacerías.
La guillotina contra la corrupción debe ir mucho más allá, si consideramos que “una golondrina no hace verano”, porque no basta un aislado ejemplo de implacable acción de la justicia como si sólo existiera un personaje del actual y pasados sexenios que haya podido ser e incluso siga siendo un atracador inescrupuloso y voraz como todo indica que lo fue sin duda: el demonio Duarte.
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