Recompensas demagógicas
Freddy Sánchez martes 29, Nov 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Tras años y años de “arduas” investigaciones policiacas en la intrincada maraña de la política del poder, al fin se llegó a la confirmación de lo que medio mundo sabía y casi ningún mexicano ignoraba.
La complicidad entre narcotraficantes y hombres con mando gubernamental. Políticos de altos vuelos y operadores de grupos delictivos dedicados a la comisión de toda clase de delitos, entre los que destaca el tráfico de estupefacientes a los Estados Unidos.
Tomás Yarrington, ex gobernador priísta de Tamaulipas, según las pesquisas aludidas, fue protector de los cárteles del Golfo y de los Zetas. Obviamente, no a cambio de nada.
Como es lógico ese maridaje corrupto entre un mandatario estatal y los mafiosos referidos, debió redituar enormes ganancias a ambas partes, debido al contubernio en cuanto a la realización de actividades delictivas encubiertas desde el poder político.
Y si tal hecho fue debidamente probado por las indagatorias en el caso del ex gobernador Yarrington, cuesta trabajo creer que algo por el estilo no hayan estado haciendo otros mandatarios estatales a lo largo de muchos años y en la actualidad, considerando que pese a las capturas de cierto capos del narcotráfico, las acciones ilícitas de parte de las organizaciones delictivas no cesan sino por el contrario continúan con gran empuje en diversos lugares de la República.La pregunta obligada sería entonces.
Cómo es que sólo un ex gobernador que dejó el poder hace tantos años, figure en la lista de los políticos perseguidos por el poder institucional, a causa de tener suficientes elementos probatorios de sus actividades de encubrimiento para favorecer la operación de los cárteles de la droga en nuestro país.
¿Será quizá porque Yarrington dejó de tener el “apadrinamiento” de otros políticos en altos cargos de gobierno?
Lo cierto es que si bien en los recientes años, los gobernadores en México dejaron de estar sometidos al poder de Los Pinos (que antaño imponía su voluntad al grado de decidir la continuación o no del ejercicio de cualquier gobierno estatal), y desde por lo menos un par de sexenios, no pocos mandatarios estatales parecen actuar “por la libre” haciendo muchas cosas a su libre albedrío, la verdad es que se antoja imposible la colusión unilateral de un gobierno estatal con las mafias del delito.
Y sobre todo que los mafiosos puedan operar a sus anchas sin contar con apoyos tanto estatales como federales.
Por desgracia no está en manos ciudadanas indagar sobre tales complicidades que muchos se pueden imaginar sin poder demostrarlas para llegar hasta las verdaderas “cabezas” que desde el ámbito del poder político y empresarial suelen estar en asociación con el crimen organizado, a efecto de garantizar en buena medida su impunidad en un alto porcentaje de sus trasiegos y venta de enervantes, a cambio de grandes fortunas.
Así la cosas, la captura de Yarrington para acreditar que las instituciones actúan sin tibieza contra los encubridores del crimen organizado, ciertamente puede satisfacer a algunos sectores de la sociedad, aunque sólo a medias.
Falta por ver, además, que en realidad el acusado de haber sido encubridor y socio de narcotraficantes sea objeto de juicio penal y se le decomise todo dinero mal habido que haya obtenido.
Lo mismo pues que el país espera que suceda con el señor Duarte, ex gobernador veracruzano.
Y no cabe duda que para conseguirlo falta auténtica voluntad política y no solo en busca de su captura un despliegue publicitario ofreciendo el pago de recompensas demagógicas.