Nuevas negociaciones entre Uber y Sintra
¬ Yolanda Montalvo lunes 28, Nov 2016Derecho de réplica
Yolanda Montalvo
Trascendió que el fin de semana se reunieron, de nueva cuenta, el secretario de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Mánica, y los representantes de la empresa Uber, para escuchar las propuestas de la trasnacional que lanzó su aplicación para solicitar servicio de transporte particular en el mes septiembre y que a la fecha no ha operado de manera regular, ya que contraviene las leyes estatales de transporte donde se especifica que será sólo bajo la modalidad de concesión otorgada por el gobierno del estado la única forma en que una persona pueda prestar el servicio de pasajeros.
Este no es el primer acercamiento que representantes de Uber tienen con autoridades para solucionar la situación que impide que la empresa trasnacional preste servicio en Quintana Roo.
Los argumentos con los que se presenta la empresa es: primero, la generación inmediata de cientos de empleos a personas que cumplan con los requisitos que están estandarizados en todo el mundo, con lo que la microeconomía tendría un repunte significativo en este periodo de crisis económica por la que atraviesa el país, y segundo, abrir la sana competencia en el servicio público, ahora acaparado por el gremio de los sindicatos de taxistas, que si bien, de manera específica no es un monopolio al ser los concesionarios figuras empresariales de manera individual, por estar agremiados a una sola fuerza, actúan como tal, eso, sin contar el pésimo servicio que ofrecen y las tarifas que manejan a su antojo.
El Congreso decidirá
Desde el 18 de octubre, cuando el secretario de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Mánica, se reunió con Hugo Rodríguez, representante de Uber en el Caribe, le dejó en claro que las leyes en el estado no permiten otro modo de prestar el servicio de transporte a menos que se cuente con una concesión, misma situación que planteó de nueva cuenta en la reunión del fin se semana pasado.
Pese a que Portilla Mánica aseguró que la actual administración escucha a todos, confirmó a los representantes de Uber que las leyes en materia de transporte no se pueden transgredir y es el Congreso local el responsable del análisis de la modificación de la legislación.
Los argumentos del titular de Infraestructura y Transporte se basan en que, si se abre la oportunidad de hacer este negocio, la trasnacional tiene que abrirse para todos los ciudadanos, por lo que cualquier propietario de un vehículo, aunque no trabaje en el esquema de Uber, estaría en posibilidad de prestar un servicio a cambio de una remuneración sin “pagar” al gobierno por una concesión.
Además, Portilla Mánica afirma que todo será un caos, puesto que al día de hoy, de las concesiones que se tienen se lleva un padrón y se sabe dónde viven y quiénes son las personas que dan este servicio; sin embargo, la clonación de placas y los taxis piratas representan un grave problema de seguridad, al ser los vehículos que con frecuencia se relacionan con accidentes viales, robos, violaciones y venta de droga, situación contra la que Sintra no pone la atención debida, pues se dedican a cazar a los operadores de Uber.
La multa que los choferes de Uber han tenido que pagar es de 800 salarios mínimos, lo que representa unos 58 mil pesos, eso además de pagar el arrastre de la grúa, que va de 3 a 10 mil pesos (depende del sapo es la pedrada) y el uso del corralón, por lo que en total los detenidos tienen que cubrir unos 70 mil pesos.
El señor de las láminas
La planilla verde, encabezada por Leovin Moisés Medina Cahuich, salió triunfadora en la elección de delegado en Leona Vicario, que se realizó ayer en esa comunidad del municipio de Puerto Morelos. Aunque, la jornada de la elección de transcurrió en calma dominguera, sobre el ahora candidato ganador pesa una denuncia por coacción del voto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que presentó el candidato de la planilla azul, Juan Pedro Cahuich Avilez y Erick Martínez Macías. ¡Tenga pa´que se entretenga!
Los rijosos documentaron en una serie de fotos la distribución de láminas para construcción y despensas entre los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a nombre de Medina Cahuich.
En la denuncia ante la Fepade, Juan Pedro Cahuich Avilez y Erick Martínez Macías aseguraron que incluso el propio ayuntamiento de Puerto Morelos, que encabeza la alcaldesa, Laura Fernández Piña, metió las manos a favor de Leovin Moisés Medina Cahuich, pues en vehículos oficiales repartieron “sascab” (polvo de piedra) a favor de la planilla verde el día del proceso electoral.
Los acusados aseguran inocencia, hasta que no se compruebe lo contrario, jijijiji, y aseveran que es una treta de Pedro Cahuich para recuperar el poder de la delegación, pues los leoneses ya no creen en él después de enfrentar cargos por el fraude de 16 millones de pesos cuando fue delegado ejidal del lugar.
Que van en serio contra Aguakan
Trascendió que la semana pasada se reunieron representantes del área jurídica de los ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad con personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que encabeza Gerardo Mora, personal de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, diputados y del área jurídica del Poder Legislativo para analizar las condiciones y cláusulas del contrato de servicios vigente con la empresa Aguakan.
Como si una luz de iluminación se posara en ellos -jijijiji- se dieron cuenta que si la empresa concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado, en la que pesan cientos de quejas por mal servicio ante la Profeco, no cumple con lo estipulado en alguna de las cláusulas del contrato, puede perder la concesión, por lo que harán una profunda auditoría a la empresa Aguakan.
El diputado, Juan Carlos Pereyra Escudero, solicitó a CAPA que por medio de los ayuntamientos donde presta el servicio Aguakan se realicen las evaluaciones semestrales sobre la operación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, para cotejar si Aguakan está cumpliendo con lo establecido en el contrato como: otorgar un buen servicio, cobrar tarifas justas e invertir recursos económicos para mejorar el servicio. Con el resultado de la evaluación, los legisladores locales tendrían los elementos suficientes para revocar, sin que se tenga que pagar una pena económica por ello, la concesión a la empresa que más repudio se ha ganado entre la población. Tantán.
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