Aún es tiempo
¬ Augusto Corro jueves 7, Oct 2010Punto x Punto
Augusto Corro
Todavía se le puede ganar la guerra al crimen organizado en México. Así lo plantea el ex presidente colombiano, Ernesto Samper, según artículo publicado con su firma en el diario español “El País”.
Con la experiencia que le dio el cargo, Samper señala que México está a tiempo de aprender la dolorosa lección colombiana de los años ochenta y “aunque el presidente Calderón ha declarado la guerra a los poderosos cárteles de la droga en México, existe la percepción afuera de que esta lucha la está librando solo ante la mirada crítica o escéptica de muchos sectores que piensan que se trata de una política del gobierno que no los compromete”.
Rechaza cualquier tregua de las autoridades con los cárteles de la droga, como lo manifestaron en su oportunidad el ex canciller Jorge Castañeda y Vicente Fox. También se opone a la legalización de las drogas como una salida alternativa al problema, porque sería como ofrecerle lecciones de natación a un sobreviviente en la mitad del naufragio.
Propone aplicar medidas a fondo para obtener resultados positivos en la lucha contra la narcodelincuencia. Para este fin, en Colombia se revisaron esquemas operativos, se protegieron jueces y periodistas, se depuró la policía, se expidieron normas draconianas sobre penas y cárceles, se consagró la extinción de dominio de bienes producto del crimen, se reglamento el lavado de activos y, posteriormente se restableció la extradición de capos.
Analicemos las perspectivas mexicanas. Sin lugar a dudas, en aquel país sudamericano las autoridades tuvieron que fajarse los pantalones y actuar decididamente, porque no tenían de otra. En México, poco a poco nos colombianizamos. El narco tiene una influencia definitiva en ciudades norteñas, como Ciudad Juárez y Tijuana y amenaza con más violencia en localidades de Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Guerrero y otras.
En esos sitios los esquemas operativos son nulos. En Chihuahua se vive con la ley de la selva. El nuevo gobernador César Duarte recibe un estado dominado por la delincuencia. Ciudad Juárez es un ejemplo real de que los narcos hacen lo que les viene en gana. Ninguna fuerza pública se encuentra en posibilidades de llevar paz y orden. Cada día es mayor el número de muertos.
Por cierto, es importante reconocer la labor del Ejército y la Armada de México que realizan acciones efectivas contra la delincuencia. Representan la única fuerza pública que nos transmite seguridad y confianza. Sin embargo, es necesario preparar policías para que sustituyan a los militares, pues la función de éstos es otra.
Sobre la protección a jueces y periodistas, es posible que los primeros si cuenten con algunas consideraciones por parte de las autoridades. Se supone que aquellos funcionarios judiciales que son amenazados, por lo menos tienen a un guardaespaldas a sus órdenes.
No es el caso de los periodistas que tienen que enfrentar con sus propias armas (pluma y papel) a los sicarios de los cárteles y a los ataques de los caciques locales. Es innumerable la lista de informadores asesinados, secuestrados y desaparecidos, sin que ello conmueva en lo mínimo el sentimiento de los gobernantes.
Nadie protege a los periodistas, no obstante que es un clamor universal que se protejan los derechos humanos de los periodistas y el derecho a la información.
Sobre la depuración de la policía, en meses anteriores se inició una campaña de saneamiento en la Policía Federal. Decenas de federales fueron echados a la calle. No quedó la certeza de la efectividad de esa acción. Las policías mexicanas, con sus excepciones, no están preparadas para combatir la narcodelincuencia y si a esto se le agrega su condición de traidores y de infiltrados, al servicio de los cárteles, el panorama se torna complejísimo.
Respecto a la expedición de normas draconianas sobre penas y cárceles, en México se trata como un juego. En muchas ocasiones los diferentes sectores sociales se arrancan con campañas para cambiar las leyes e implantar desde la pena de muerte hasta la cadena perpetua a los delincuentes.
¿Alguien sabe de cuántos años es la pena máxima para un sicario? ¿Quién conoce los años que pasará en la cárcel un secuestrador? Son pocas las personas que toman en serio su papel. La señora Isabel Miranda de Wallace es una de ellas. Con esfuerzos mayúsculos busca la implementación de leyes más severas contra los enemigos de la sociedad.
Por otra parte, las cárceles mexicanas son una burla. En los últimos meses los penales se convirtieron en noticias de primera plana debido a las masacres registradas en su interior y las fugas masivas. Los reclusorios en algunos casos sirven como hoteles para los sicarios. Tal es el caso de la cárcel de Gómez Palacio, Durango. Los sicarios salía a ajustar cuentas con las armas que les prestaban o rentaban sus propios guardianes. El propio “Chapo” Guzmán, jefe de capos del narcotráfico, se fugó sin problemas de un penal de alta seguridad. Así las cosas.
Y respecto de la Ley de Extinción de Dominio de bienes producto del crimen y lavado de dinero, en nuestro país, se ignora qué resultados da la aplicación de dicha reglamento jurídico. Algunas veces se escuchan pronunciamientos sobre la necesidad de irse contra la riqueza de los narcotraficantes, pero existe la certeza de que se actúe con determinación. Se cita otra vez a “El Chapo” Guzmán, ahora, como uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Se hace algo contra el lavado de dinero? ¿Quiénes protegen a los lavadores? ¿Es una tarea pendiente la guerra contra los prestanombres?
En la extradición de los narcodelincuentes, el gobierno sí demuestra interés en mandarlos a purgar sus condenas a Estados Unidos. Son los capos de segundo nivel que caen en las redes de las autoridades. Porque los otros, los Guzmán y los Zambada disfrutan de su libertad.
Ojalá y las autoridades se pongan las pilas y tomen en cuenta que aún es tiempo para frenar a la delincuencia, concretamente al crimen organizado. Si en Colombia dio resultados, es posible que en México también ocurra lo mismo.
Por cierto, anteayer en la madrugada en la zona sur del Distrito Federal una familia fue torturada y asesinada brutalmente y se supone que los victimarios tienen vínculos con narcotraficantes. Es momento de que las autoridades capitalinas actúen rápidamente y den resultados efectivos. Es vital detener el avance de la narcoviolencia.
