Los nuevos conceptos jurídicos de la CDMX
Francisco Rodríguez miércoles 26, Oct 2016Índice político
Francisco Rodríguez
Ramón
El proyecto de la nueva Constitución de la CDMX ha sido tachado de iconoclasta. Los caifases de la ley han considerado en la tribuna donde se discute algunas cuestiones que revelan una profunda raigambre con viejos olores, con miedo a la trascendencia, con puritanismos propios de épocas rebasadas por la existencia objetiva de los mexicanos.
Desde que se atisbaron sus propósitos, una serie de teóricos al servicio del poder llegaron a vociferar que la metrópoli, como ente federativo independiente no debía legislar constitucionalmente, ni un paso atrás para salirse del corchete imperante, para trascender los fines elementales del Estado mexicano.
Nunca han alcanzado a entender que hay conquistas sociales que la federación jamás ha soñado, en virtud de que, al llegar al poder hace casi 20 años una generación pensante, apoyada en una población madura, pudo plasmar conductas, normas y legislación moderna, muy por encima de la prevaleciente en el resto del país.
Debido a esa nueva normatividad, en el territorio de la Ciudad de México se empezaron a implementar una serie de adecuaciones jurídicas que marcaron para siempre las nuevas actitudes en relación con la protección a franjas vulnerables de la población, en un principio minorías que marcaron la pauta y pudieron dar el paso adelante.
El concepto del cambio no ha sido el Derecho formal
Las nuevas reglamentaciones sobre el aborto, las parejas homoparentales, el apoyo a las personas de la tercera edad, los servicios de salud, vivienda, alimentación y educación gratuita a población abierta, la tolerancia y no discriminación hacia la comunidad LGBTTTI, las amplias ofertas médicas y asistenciales a los bebés y niños… el registro puntual de enfermedades desconocidas o soterradas que hoy son atendidas por sistemas integrales, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, las reivindicaciones de pueblos indígenas y las exigencias emergentes de gruesos núcleos de población fueron elevados a la categoría de legalmente obligatorios y vinculantes.
El concepto que ha presidido los cambios no ha sido el del famoso estado de Derecho formal, sino el más ambicioso en términos sociales, de la equidad, de la justicia social pura y dura.
Algo a lo que no puede llegar un sistema jurídico que no lucha contra los riesgos de la vida, que no sabe ni con qué se come eso de la justicia distributiva y conmutativa.
En la agenda federal no aparece lo que no deja dinero
La dignidad de la persona, la integridad de la familia, el interés de la sociedad en preservar la equidad, rechazando los privilegios de clases, razas, sectas, grupos de presión o individuos con intereses particulares, ha sido olvidada por el aparato jurídico decimonónico que padecemos.
El gobierno cumple con aplicar leyes que disfrazan serías desigualdades, en beneficio de los que se alzan con la parte del león.
Conceptos como la equidad de género, la diversidad, la transparencia, la ayuda a madres solteras y discapacitados y el respeto a las franjas vulnerables de la población no están en su agenda. Como es un poco negocio que no deja dinero, puede esperar, e incluso soslayarse para siempre.
La CDMX ha funcionado como auténtica válvula de escape
Todo les asusta a sus buenas conciencias: rodear a la prostitución callejera de garantías indispensables de ley, permitir el consumo de mariguana, permitir la muerte asistida o el deseo a no continuar viviendo enfermedades dolorosas y prolongadas, y hasta el voto a los 16 años, como si los jóvenes de hoy tuvieran sus mismas taras.
Muchos nos preguntamos qué hubiera sido de la población de la Ciudad de México, un territorio que debe sufragar las necesidades más de 20 millones en vivienda, infraestructura, equipamiento urbano, movilidad, amabilidad con el medio ambiente, ahorro de recursos naturales y trato justo con los necesitados, si hubiera quedado en manos de los gerentes de toda la vida.
Si los regímenes de la Ciudad de México no se hubieran atrevido al cambio de parámetros, esto sería un caos generalizado. ¡Y todavía se rasgan las vestiduras porque la nueva constitucionalidad quiera seguir protegiendo los derechos de las minorías trabajadoras!
Para alcanzar lo posible, es menester fijarse lo imposible
Quieren que los manifestantes que se expresan en las calles de la ciudad, porque en sus gobiernos estatales de origen no les hacen caso, sean reprimidos con rudeza. Que los comerciantes ambulantes —que ya forman el 60% de la población económicamente activa en el país— no gocen de los equipamientos, permisos, beneficios urbanos y educativos para sus hijos.
Los mismos apáticos y desarraigados que han llevado al extremo los efectos destructores de la crisis, se oponen a que se plasme en la ley máxima cualquier medida de equilibrio en favor de los que nada tienen; que se siente cualquier base de poder que haga más justos los sistemas jurídicos, sociales y morales.
No saben, o lo fingen, que para alcanzar lo posible, es menester primero fijarse lo imposible. Nada de lo que nos rodea existiera, si no hubiera sido impulsado por pioneros sociales que en su tiempo fueron juzgados de insensatos, o de rebeldes contra lo establecido y consagrado por las dictaduras del pasado.
Entorpecen la solución a necesidades de supervivencia social
En un país como el nuestro, que desgraciadamente ocupa uno de los últimos lugares del planeta en equidad, justicia y mejoramiento de las condiciones materiales de existencia, se entorpece la solución a las necesidades elementales de supervivencia, en paz y libertad.
Tratan a todo costo de desviar la atención sobre las patéticas condiciones de vida que padecemos y sobre el estamento generalizado de una sociedad de la desconfianza mutua, que ellos se empeñaron en construir contra toda norma de convivencia elemental.
Para ellos, el objetivo es la parálisis institucional de la sociedad. El Estado y sus habitantes no deben unir sus fuerzas para responder a las nuevas exigencias del crecimiento de la población y el agotamiento de los recursos, sino esperar a las medidas salvíficas de quienes, por lo visto, nunca aparecerán en el escenario público.
Tratan de imponer la misoginia
Les asustan las figuras de participación ciudadana como el plebiscito o el referéndum, así como la revocación de mandato hacia los gobernantes desastrosos. Se encasquetan el saco antes de ponérselo, porque saben que esa lumbre está muy cerca de sus aparejos.
Tratan de imponer la misoginia, el desprecio hacia los pobres, la bellaquería ramplona y, finalmente, una suerte de confesionalismo político, de pureza oficinesca, de expiación pública y de rendición incondicional hacia los usos, tradiciones y costumbres de la religión oficial de la corrupción, la rapiña y el derroche oficial. ¡En esas manos estamos! Con una clase política de este talante, aún no se inventarían el cero ni la rueda. ¿No cree usted?
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