¿Desafuero de Duarte? 352 expedientes antes en el Congreso de la Unión
¬ Mario San Martí viernes 7, Oct 2016Consensos y disensos
Mario San Martí
- Omisión de funciones, desvío de recursos públicos y contratación de empresas fantasma, delitos por los que se le acusa
No hay día en que dejen de aparecer acusaciones contra el todavía gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, algunas hablan de omisiones graves en la aplicación de la justicia por el incremento de asesinatos y acciones delictivas en esa entidad, otros señalamientos van en el sentido del antifaz que sus gobernados le han puesto al mandatario estatal ante aparentes desvíos de recursos públicos a través de empresas fantasmas.
Y así, unas a manera de rumor y otras con informaciones bien documentadas, todo indica que el torbellino político-mediático que tiene a cuestas este personaje muy pronto tomará otro cariz, y de los señalamientos y acusaciones se pasará al expediente judicial, lo anterior si se confirman las versiones en el sentido de que las autoridades de la PGR están a días de solicitar el desafuero del servidor público para que enfrente a la justicia desde la vía civil.
Culpable o no, lo cierto es que ante la opinión pública muy pocos creen en la inocencia de Duarte de Ochoa y los delitos por los que se cuestiona su actuar público lo tienen a un paso de la cárcel, incluso hasta la cúpula de su partido, el PRI, ya emitió un veredicto al retirarle sus derechos partidistas.
Para quienes opinan que lo mejor para Veracruz y sus habitantes es que el mandatario estatal sea desaforado y retirado del cargo -es fácil entender la animadversión y el hartazgo contra el funcionario jarocho y hasta entendible la petición-, es difícil que para aquellos que saben de leyes y de los procedimientos que implica un juicio político, como el que en este caso tendría que solicitarse al Congreso de la Unión, piensen en un proceso que tal vez dure años llevarlo a cabo, porque los delitos pueden prescribir en ese intento.
¿Aquí en todo caso vale la pena preguntar si en verdad quieren enjuiciar a Duarte de Ochoa o con un procedimiento le quiere ayudar hasta exonerarlo?, entonces el desafuero en este caso no suena lógico ¿verdad? No hay que olvidar que termina su gestión el último día de noviembre.
Lo anterior viene a colación porque la diputada Mercedes Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, declaró que “un juicio político es un procedimiento muy largo, donde el primer paso es el examen previo, si llegase a pasar uno aquí, todavía tendría que ir al Pleno de tres comisiones, de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Justicia, y luego de ahí remitirse a la Sección Instructora para que, a su vez, pasase al Pleno”.
Y en caso de que este procedimiento iniciara, todavía tendría que esperar el desahogo de 352 expedientes que están en revisión en la Subcomisión de Examen Previo en San Lázaro, con temas que datan de hace aproximadamente diez años, es decir primero se tendrían que dictaminar aquellas solicitudes que ingresaron en la LX Legislatura y así hasta llegar a la actual, porque valga la pena precisar que en estos asuntos no hay prioridades sino un orden establecido desde el reglamento mismo.
Cabe precisar que el desafuero es una figura jurídica que se ha aplicado en siete procesos de declaración de procedencia. El más reciente fue el de la diputada local por Sinaloa, Lucero Sánchez López, conocida como la “chapodiputada”, acusada de supuestos vínculos con el crimen organizado.
En los 99 años del régimen constitucional vigente al primer diputado que se le aplicó la declaración de procedencia fue a Carlos Madrazo Becerra, en 1945, posteriormente siguieron en ese mismo año los diputados Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas.
En 1983 le tocó al senador Jorge Díaz Serrano y en el 2004 al diputado René Juvenal Bejarano Martínez, apodado como el “señor de la ligas”. Al siguiente año Andrés Manuel López Obrador con el desenlace que todos conocemos.
Aunque varios de estos personajes fueron acusados bajo el tamiz de la lucha política y la óptica partidista, otros indudablemente fueron procesados por sus vínculos con el crimen organizado, tal fue el caso de del diputado federal Julio César Godoy Toscano que por sus vínculos con el criminal apodado “La Tuta”, Servando Gómez Martínez, quien evadió la justicia antes de ser procesado penalmente y a la fecha se encuentra prófugo.
Entonces visto así el tema, el desafuero del gobernador veracruzano no es el recurso más conveniente si de justicia se trata, pero si los acusadores quieren llevar este asunto al terreno político, entonces sí, tengan ustedes la seguridad de que el expediente del señor Duarte podría ser el número 353 u otro, con tal que este tenga un impacto mediático, aunque en lo legal se pierda o se olvide entre el montón de casos para quienes se pide destitución o inhabilitación, muchos de estos por ajuste de cuentas con tintes partidistas. Usted juzgue.
