Borregada criminal
Freddy Sánchez martes 27, Sep 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
“Coopelas o cuello”… Esa ha sido comúnmente la tónica en la persecución de los delitos en México. Prácticamente, todo el tiempo. Porque si los delincuentes no llegan a cierta clase de tratos con autoridades (cooperando para su ilícito enriquecimiento), terminan presos y sometidos al inmisericorde yugo de la ignominia carcelaria. En especial, los pillos de poca monta.
Las cárceles en territorio nacional están sobrepobladas de delincuentes menores, aquellos que “no cooperaron” para comprarse impunidad. Son miles y miles los reos de la justicia, largamente recluidos, afrontando juicios penales burocráticos y tediosos, en tanto su dignidad suele ser pisoteada con descaro y prepotencia.
Caso distinto de los integrantes de las grandes mafias del delito, dedicadas al narcotráfico, la trata de blancas, secuestros, asesinatos y extorsiones contra empresarios y comerciantes que tienen que pagar por protección a los delincuentes, si no quieren que éstos arruinen sus negocios y sus vidas.
Y es que si bien los hampones de este tipo también “cooperan” con autoridades pare evitar que les den “cuello” (o sea, ponerlos a todos tras las rejas), en realidad los que dictan las reglas en los arreglos con representantes de la ley son más bien los mafiosos de alto calado.
Por eso, es que la delincuencia organizada en menor medida tiene a sus súbditos como huéspedes de largo plazo en las prisiones del país.
Como “coopelan, no hay cuello” para ellos.
En ese contexto hay qué decir que el nuevo sistema penal acusatorio, cuyo propósito es disminuir la reclusión de primodelincuentes que incurran en delitos menores y toda persona cuyo delito no sea de los considerados graves (lesiones menores, pequeños robos o defraudaciones de menor nivel, entre otros), implica un nueva acción institucional reivindicatoria de los derechos humanos en materia penal. Porque las cárceles deben estar reservadas primordialmente para los delincuentes más peligrosos y temibles.
Aquellos que por la gravedad y bestialidad de sus crímenes indubitablemente merecen quedar segregados de la sociedad, mientras no se tenga la certeza de que han dejado de ser un peligro, dado que sus fechorías han creado un clima de terror e inseguridad nacional.
Un trato distinto debe darse pues a los delincuentes de baja peligrosidad, como se propone con el nuevo sistema penal acusatorio y por lo mismo el hecho de que en los próximos meses, miles de reclusos acusados de delitos menores pudieran recuperar su libertad no debería causar mayor inquietud social.
No al menos, si las autoridades competentes pensaron en adoptar acciones inteligentes y precavidas, procurando que quienes dejarán la prisión, en la práctica y no sólo en el papel cuenten con la posibilidad real de emplearse en una tarea productiva, previa capacitación para que la puedan desarrollar con eficiencia, a cambio de un salario digno y todas las prestaciones de ley.
La integración de los reos liberados a la sociedad, de lo que tanto se habla en esferas institucionales como propósito de las políticas públicas puestas en marcha, amerita un plan que efectivamente dote de empleo a los que por el sólo hecho de haber estado presos, (culpables o no y responsables de delitos mayores o menores), difícilmente podrían encontrar un trabajo con el antecedente de su presidio.
Así que dar libertad a los presos, a tontas y a locas, sin haber adoptado medidas precautorias eficaces para evitar que vuelvan a delinquir, más temprano que tarde estaría provocando que esos reos liberados se conviertan en una borregada criminal.
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