Jueces exhiben a Calderón
Roberto Vizcaíno viernes 1, Oct 2010Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
“No se vale que el gobierno federal utilice mecanismos para afectar a determinado candidato. Si tuvieran elementos para acusarnos, lo podrían hacer antes de ser aspirantes… no tienen responsabilidad penal en esas acusaciones tontas del gobierno federal”, indicó el diputado Godoy
Proceso de expulsión | Trizas
Muchas son las cosas que se dicen en las sobremesas, en las oficinas políticas, en los pasillos de senadores y diputados, en las principales salas privadas de los gobernadores, en las embajadas, redacciones de medios nacionales e internacionales en México sobre el presidente Felipe Calderón.
No es extraño. Es el Presidente de la República y detrás de todo poder hay mitos y leyendas, y sin duda muchos chismes.
Que si le gusta demasiado el tequila luego de las comidas, que por eso no despacha en las tardes, que si hay demasiados cariños en su corazoncito, que si tiene más de 3 hijos, que si Patricia Flores, que si…
¿Cuántas cosas no se dijeron en su momento de sus antecesores? ¡Uff! Se llenarían libros enteros.
Pero del dicho al hecho –ya lo dice la sabia voz popular-, hay mucho trecho.
Lo que si no se pueden desmentir, son los hechos. Esos están a la vista y no en las recámaras de Los Pinos.
Y los hechos últimos indican que al panista Felipe Calderón el juez primero de distrito, Efraín Cázares López, y quizá otra decena más de cuyos nombres carecemos, le pegaron una descobijada estrepitosa al dejar en libertad a 36 o 37 alcaldes, altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno del perredista Leonel Godoy y en especial al ahora diputado federal Julio César Godoy.
Como usted sabe, la mayoría de ellos fueron detenidos en un sorpresivo y arbitrario operativo realizado por la Policía Federal Preventiva y agentes de la PGR el lunes 25 de mayo de 2009 en Michoacán.
Desde entonces el hecho se conoce como “El michoacanazo”.
A todos los detenidos se les acusaba de estar vinculados con el narcotráfico y en especial con el cártel de la llamada “Familia Michoacana”. Todo se armó en la PGR dirigida todavía por Eduardo Medina Mora, hoy embajador de México en Londres.
El caso se abrió luego de que un testigo protegido, es decir un delincuente perteneciente presumiblemente a la ese cártel, proporcionó la lista de los alcaldes y funcionarios que luego fueron detenidos con lujo de fuerza y muchos de ellos con violación de por medio, de la soberanía del estado de Michoacán.
Del asunto nunca fue avisado el gobernador Leonel Godoy por más que él y la dirigencia nacional y los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados del PRD en aquel momento, se apersonaron y hablaron meses, semanas antes con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, para informarle que un grupo de alcaldes michoacanos había sido convocado y algunos llevados a la fuerza a un encuentro con narcotraficantes para imponerles a los jefes policiacos.
Con un desaseo que luego fue sancionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sendas recomendaciones, las autoridades antes señaladas se dedicaron a capturar a los supuestos implicados como si fuesen ratas.
Las oficinas de comunicación social de la PGR, PFP, SSP y de Presidencia, hicieron el resto: a los detenidos se les exhibió en fila india, sin cinturones ni agujetas y con la cara agachada.
Todos desde ese momento fueron culpables ante la ciudadanía. Lo que dijeran en su defensa, en su descargo, sería sólo un pretexto inútil ante su obvia participación en la nómina del cártel mafioso.
Julio César Godoy no fue detenido y logró esconderse. El embate en su contra fue especial: no sólo era diputado federal electo por el distrito de Lázaro Cárdenas, sino que además era nada más y nada menos que el hermano del gobernador perredista Leonel Godoy.
Leonel no es un gobernador más: fue Procurador en el gobierno de Cuautémoc Cárdenas y alto funcionario en la administración del hijo del general en el Distrito Federal, además de ex presidente del partido del sol azteca.
En lo privado era uno de los más cercanos a Cuautémoc, de los pocos que desayunaban, comían y cenaban o entraban a la sala de la casa de doña Amalia.
El golpe contra él y el partido del sol azteca fue bien planeado, medido.
Ni qué decir que en todo esto cuenta que Felipe Calderón es michoacano. Y que su hermana, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, ex diputada federal, ex senadora también es michoacana, y que además -como su hermano en su momento-, hoy quiere que se le recuerde como la primera gobernadora de este estado.
Con una carrera política que bien la podía tener en algún alto cargo dentro del PAN nacional, en algún cargo público, Luisa María es sin embargo secretaria de elecciones de Acción Nacional en Morelia.
Los ingenuos, que los hay, podrán preguntar, ¿y qué?
No es la dirigente blanquiazul en el estado, es la secretaria de elecciones. La hermana política y 6 años mayor del Presidente de la República, es la secretaria de elecciones del PAN michoacano.
Es decir, la que tiene bajo su control y su decisión la estructura de operación electoral del PAN en el estado. Sería interesante saber cuántos y quiénes integran ese equipo, si han tomado cursos de capacitación últimamente, cuánto ganan, qué recursos operan.
¿Para qué querría todo eso Luisa María si no es para ser gobernadora?
El diputado Julio César Godoy y su hermano, el gobernador Leonel Godoy saben hoy que todo lo del michoacanazo fue armado para desarmar, debilitar y deslegitimar al PRD, la principal fuerza política y de poder en Michoacán.
Eso lo acaba de confirmar el juez primero de distrito, Efraín Cázares López al liberar a los últimos 6 detenidos de aquel operativo por falta de pruebas.
Otros jueces de al menos seis estados han coincidido con Cázares López al dejar en libertad uno a uno a los otros 30 supuestos implicados.
Los hechos, no los dichos, indican que la PGR simplemente no tenía pruebas para armar el operativo. Todo fue aire. A menos que detrás exista, como se ve, la intención de acabar con el PRD en Michoacán para que la hermana del Presidente sea la próxima gobernadora.
Si Luisa María se lanza en los próximos meses como candidata del PAN a la gubernatura del estado, estará simplemente ratificando que su hermano usó a las instituciones judiciales bajo su responsabilidad para abrirle el camino.
Esos serían hechos, no dichos.
Como dichos son los de Felipe Calderón cuando anteayer en Michoacán sin rubor alguno dice que fue absurdo que el juez Efraín Cázares López haya invalidado los testimonios de los testigos (protegidos) porque éstos no se presentaron con sus abogados a ratificar las acusaciones contra los 36 supuestos implicados.
Más bien Calderón debiera sancionar a los encargados de la PGR, que no pudieron probar de lo que se acusó a quienes detuvieron y vejaron el 25 de mayo.
Con su cuestionamiento a la decisión del juez, el Presidente de la República está no sólo incurriendo en la evidentísima violación del marco constitucional al usar su poder para lanzar el operativo contra alcaldes y altos funcionarios michoacanos sin prueba válida alguna, sino que está deslegitimando al Poder Judicial, es decir, al Estado de Derecho.
Si Calderón tiene pruebas de que el juez violó la Ley debe acudir a la Judicatura, que es la instancia para sancionar esas violaciones. Si lo dice sólo para que los medios condenen al juez por haber aplicado la Ley, entonces está otra vez usando su poder para afectar a un funcionario de otro nivel y otro poder.
Y eso mismo están haciendo su hermana Luisa María y el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez al decir lo mismo.
En fin, ya sabe usted, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿y si es al revés? Del hecho al dicho, ¿Qué es? ¿Abuso de autoridad?
