El presupuesto de egresos
Francisco Rodríguez martes 13, Sep 2016Índice político
Francisco Rodríguez
Las decisiones esquizofrénicas de los financieros, al insistir en los recortes a puntos sensibles y al gasto social en el presupuesto 2017, apuntan a lastimar el sentido común y acabar con cualquier posibilidad de crecimiento, de aliento al mercado interno y de estabilidad y gobernanza en el país.
Han dado la espalda de una manera retrechera y soez a la obligación de cualquier sistema político para adoptar modelos que tiendan a dar a cada quién lo que le corresponde, a respetar la desigualdad que sus mismas cifras reconocen y a sorrajar el último clavo a un sexenio, que quiere dejar huella de insensatez e ignorancia.
Para colmo: el presidencialismo moribundo establece la carnada del presupuesto como condición sine qua non de sus negociaciones en lo oscurito, como rehén para aceptar sus inicuas condiciones, como pasto para llevar a cabo sus truculencias.
Recortes a nuestra sobrevivencia
Elementales conceptos de igualdad y sobrevivencia política y social han sido borrados de un plumazo, mientras se privilegia el gasto inútil a favor de una pandilla de favoritos, nóminas de cuates y derroches de congresos federales omisos y complacientes. El presupuesto del INE, de las Cámaras, de la caja chica de Los Pinos.
Asimismo, acrecenta los dineros para el fasto de un Poder Judicial repleto de incondicionales y parientes, que han hecho de la impartición de la justicia objeto del escarnio y la mofa internacionales.
Los gastos destinados a salud, educación, indigentes, indígenas, menesterosos, seguridad social y lucha contra el crimen, brillan por su ausencia y por los tamaños del recorte que, a simple vista es mínimo en comparación con el tamaño gigantesco de la bolsa, pero en la realidad, afecta a la cantidad disponible de la misma, que es mínima.
Del ocho por ciento disponible de los 5 billones de pesos, Videgaray ha dejado el legado de rasurar la cuarta parte. Todo lo demás, usted atinó, va para el pago de intereses de una deuda externa impagable, para cubrir los compromisos, para la realización de obras que ya aseguraron los moches de rigor… y así, hasta que reviente.
El costo financiero de los intereses de la deuda, supera a los montos destinados a necesidades primigenias de infraestructura, educación y salud. Todo, al caño, pues jamás conseguirán el perdón de aquéllos a quienes quieren lambisconear.
¿Y la justicia distributiva y conmutativa?
Inútil es destacar ante estos improvisados que el asunto de la distribución equitativa de la riqueza pública ha acaparado la atención de la sociedad internacional, por lo menos, los últimos tres siglos. Que es cosa juzgada que la sociedad democrática debe dar libertad real, cuya base es la igualdad y la protección general contra los riesgos de la vida.
Una multiplicidad de ideas y conceptos que entrañan a todo sistema económico con una técnica específica para producir y distribuir bienes y servicios, es decir, para lograr el objetivo primario de un orden político: lograr la justicia distributiva y conmutativa.
EPN, con la anuencia del 1% de los mexicanos
El origen del capital, considerado por pensadores tan disímbolos como Bastiat, Ricardo o Marx, existe para asignarlo a los fines del bienestar: sólo como una condición identificada con la democrática, que considera a la libertad y a la autoridad como un binomio de correspondencia biunívoca.
En los momentos de la transición ideológica del clasicismo a las concepciones sociales, John Stuart Mill recomendó la inclusión de un plan de distribución de ganancias, el control demográfico, los impuestos sucesorios y una política que redujera las desigualdades económicas.
Independientemente de todas las propuestas teóricas que deseen revisarse, es necesario aceptar que para lograr la redistribución de los beneficios en cualquier sociedad, el sistema requiere éxito en las medidas fiscales que propone, y para ello, debe contar con un mínimo apoyo popular, no con el uno por ciento —quizá menos— que puede ostentar.
Apoyo a las empresas locales, no a las extranjeras
Se debe planificar la economía y orientarla a la realización de metas comunes; controlar estatalmente los recursos naturales y las industrias básicas; imponer a la propiedad las modalidades y restricciones indispensables para la mejor utilización de los recursos y el reparto de sus beneficios.
La estructura social, dentro del más absoluto respeto a las libertades de todo tipo debe permitir al Estado exigir la cooperación decidida de todos y cada uno de los gobernados para superar los múltiples problemas que se confrontan, antes de exigir cualquier sumisión amenazando con represión al que no la acepte.
La industrialización debe ser el medio de superar la angustia económica, no el flagelo de las clases humildes. La protección estatal debe significar la defensa de las empresas locales sobre los sistemas económicos extraños más tecnificados y poderosos, no la técnica para apoyar el capitalismo salvaje y el mercantilismo feroz.
La orientación de las acciones comunes debe atender en forma preferente la satisfacción de las clases trabajadoras.
Política fiscal, para moderar las desigualdades
El poder del Estado debe impedir la incesante concentración de la riqueza, recurriendo a sistemas de todo tipo, en especial de carácter fiscal que moderen las desigualdades, redistribuyan la riqueza y regulen la circulación de la misma.
La paz social, indispensable para el progreso, debe conseguirse por el convencimiento popular de que las metas buscadas llevan al ideal común y de que no se permitirá a ningún grupo o clase sacar ventajas que en estricta justicia no le correspondan.
Todos estos consejos y recomendaciones, que llevan siglos en cualquier anaquel de financieros, han sido tirados a la basura por los que trafican y mercan con el producto de nuestros impuestos. La conclusión es que jamás se apretarán el cinturón ante la rotunda negativa de los prestamistas extranjeros a seguir abultando sus desatinos y caprichos. ¿Con estos burros hay que seguir arando?
Meade, a justificar el daño que hizo Videgaray
No existe el mínimo de lógica de supervivencia en el gasto. Cada día que pasa siguen poniéndose la soga al cuello. Meade está obligado a justificar las profundas heridas que dejan al país los desfalcos de Videgaray.
¿Están construyendo otro presidenciable de cartoncillo o un personaje para el patíbulo?
Índice Flamígero: Con presupuestos suicidas como el presentado la semana pasada o sin ellos, el 0.1% de los mexicanos siguen instalados en la suntuosidad y el derroche. Como ejemplo, vea usted lo que publicó ayer el amigo y colega Darío Celis en su Tiempo de Negocios: “La crisis sí le hace lo que el viento a Juárez a la industria aeroespacial. Es un sector muy competido para las firmas fabricantes de aviones privados que ven en México un mercado muy atractivo. Por ejemplo, Adrián Sada, el mandamás de Vitro, posee un Bombardier Global 6000; el accionista de Banamex-Citi, Roberto Hernández, y el presidente de Grupo R, Ramiro Garza, un Falcon 7, respectivamente; el fundador de Grupo Cifra, Jerónimo Arango, un Challenger 605. Son jets que tienen un valor de entre 55 y 35 millones de dólares. Se miden con Gulfstream Aerospace Corporation, que puede presumir tener el mejor avión del mundo. Hay varios empresarios mexicanos que tienen el modelo G550. Considere a Grupo México, Germán Larrea, Femsa, José Antonio Fernández Carvajal, Interacciones, Carlos Hank Rhon, Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y de Casa Cuervo, Juan Beckman, entre otros. Mujeres empresarias, agregue a la ex accionista de la Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y la socia del Grupo Aeroportuario Pacífico, Laura Laviada. Sin embargo, fíjese que ya hay varios pedidos para el nuevo modelo G650 que tiene un precio de lista de 67.5 millones de dólares. Hasta ahora un solo hombre de negocios se ha podido dar el lujo de tenerlo. Es Alberto Bailleres, dueño de El Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial, Peñoles y el ITAM. Pero se sabe que ya hay pedidos en firme para más. Telmex, que dirige Héctor Slim Seade, es uno. Y había por lo menos otros cuatro solicitados”.
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