Cataclismo
¬ Augusto Corro jueves 30, Sep 2010Punto x Punto
Augusto Corro
El desgajamiento de un cerro en Tlahuitoltepec, Oaxaca, provocó un cataclismo informativo de dimensión internacional.
Surgió la noticia de que en el pueblo de la región mixe decenas de casas y alrededor de mil personas estaban sepultadas por toneladas de tierra.
Sin confirmar la información, todo el día se especuló sobre la tragedia que al final arrojó la desaparición de 11 personas y cuatro casas enterradas.
Una profunda diferencia, afortunadamente, que nos permite un respiro en esta competencia infernal de la naturaleza (ciclones, terremotos e inundaciones) que provoca daños inevitables, aunque algunos previsibles.
Fue tal la especulación sobre el desgajamiento del cerro y el número de víctimas, que desde funcionarios de Estados Unidos hasta Hugo Chávez de Venezuela inmediatamente ofrecieron su ayuda para auxiliarnos.
Para bien de México todo quedó en una noticia exagerada. Sin embargo, esto sirvió para evidenciar nuevamente las condiciones de indefensión de las comunidades oaxaqueñas, que poca o nula atención reciben de las autoridades.
En el caso de Tlahuitoltepec, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ya sabía que un barrio de ese pueblo estaba amenazado por un alud del cerro cercano, debido al reblandecimiento de la tierra por las lluvias constantes. Nadie hizo caso y el desgajamiento ocurrió.
La suerte estuvo del lado de los irresponsables y todo acabó en reproches y recriminaciones contra aquellos que soltaron la información sin comprobar.
Como señalamos arriba, son innumerables los pueblos de Oaxaca que se encuentran amenazados por la naturaleza y nadie se preocupa por encontrar soluciones adecuadas. Cada año resulta lo mismo: inundaciones y miles de damnificados.
Específicamente, Ulises Ruiz Ortiz se concretó a gobernar en el Valle de Oaxaca y en el interior de esta entidad no se conoció beneficio alguno. Milagrosamente, las desgracias por las lluvias son menores que en otros estados.
Ojalá que lo ocurrido en la región mixe obligue a las autoridades a inspeccionar, revisar y vigilar todos los pueblos de las diferentes sierras para que no se vuelva a repetir otro gran susto.
“MICHOACANAZO”
Alcanzaron su libertad cinco de los servidores públicos acusados de estar relacionados con el crimen organizado en Michoacán. De tal manera, que solamente queda uno en prisión del denominado “michoacanazo”.
Como se informó, 35 funcionarios michoacanos fueron detenidos por la Policía Federal acusados de colusión con el narco. La razzia operada en Michoacán no distinguió cargos, pues aprehendió a policías, alcaldes y funcionarios de primer nivel.
Con los cinco excarcelados del martes, sólo queda en prisión un ex alcalde que ya promovió un amparo y es posible que en los próximos días se encuentre libre. El “michoacanazo” incluyó al controvertido Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador.
En este caso, las autoridades federales se encargan de revisar o reformar las leyes para que el fuero no beneficie a prófugos de la justicia, como aconteció con Julio César, quien burló a sus perseguidores y se presentó en la Cámara de Diputados a rendir protesta como diputado.
Pero en lo general, el “michoacanazo” se desmoronó y quedó en entredicho la función de la Policía Federal y del propio gobierno federal panista. ¿Se trató una acción política premeditada en vísperas de los elecciones intermedias del 2008?
La sociedad se pregunta a quien benefició esa razzia. En los círculos políticos corre la versión de que el “michoacanazo” iba directamente a favorecer a los panistas, principalmente a Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe, quien aspira a la gubernatura de Michoacán.
¿Qué fue lo que ocurrió realmente en Michoacán? ¿Por qué ese error múltiple que parece no interesarle al gobierno panista? ¿Cómo decirle a la sociedad que las autoridades se equivocaron y que decenas de gente inocente estuvo en la cárcel por delitos que nunca cometió?
Seguramente, hay responsables de esta malograda acción de la justicia que tendrá que ser revisada a fondo, para conocer cuál fue el verdadero papel que jugaron los agentes del Ministerio Público federal y todo el Poder Judicial en general.
Y después de ese error, ¿recibirán alguna indemnización los afectados, las víctimas inocentes que recibieron malos tratos de las autoridades? ¿Y el tiempo que estuvieron en prisión, como se les recompensará? ¿Será suficiente el tradicional “ustedes perdonen”?
En buen aprieto se encuentra el gobierno federal panista.
DIVISIÓN PERREDISTA
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) nunca soplaron vientos tranquilos, menos ahora que existe la posibilidad de mayor escisión entre las tribus.
Esto viene a colación, porque la senadora Minerva Hernández renunció al PRD para integrarse a las filas del Partido Acción Nacional (PAN). Su argumento para emigrar del perredismo fue contundente, pues terminó su ciclo en esa organización política que ha perdido su identidad y “yo veo muchos perredés y ninguno me interesa”.
Y a lo anterior debe añadirse la pugna entre los senadores Carlos Navarrete y Pablo Gómez por el liderazgo en la Cámara alta. Salió al quite el propio presidente del PRD, Jesús Ortega, para señalar que no existe tal pleito.
El legislador Carlos Navarrete es criticado acremente por su protagonismo político y por su ambición de poder. El mismo se autodestapó como candidato presidencial para 2012, pero al notar que su iniciativa fracasó, optó por quedarse como aspirante al gobierno del Distrito Federal.
Su último cargo como presidente del Senado le permitió sobrepublicitarse en los medios, además de malgastar el dinero en anuncios espectaculares en las principales avenidas capitalinas.
Navarrete y Ortega se distinguen en la corriente de Nueva Izquierda (NI) por su entreguismo al gobierno panista de Felipe Calderón.
Por otra parte, el divisionismo en las filas perredistas también crece porque mientras los “chuchos” pretenden ir en alianza con los panistas en las próximas elecciones en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no lo aprueba.
