Urgen leyes para niños que trabajan
¬ Jorge Velázquez lunes 5, Sep 2016Picota
Jorge Velázquez
VETA FUNDAMENTAL PARA los congresistas es reformar las leyes de todo tipo para evitar que los niños de este país en lugar de estar en las aulas, tengan que salir en busca de trabajo. De acuerdo al diputado Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de los Derechos de la Niñez, los datos siguen siendo alarmantes como son los que presenta el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015 dado a conocer en julio de este año por el INEGI y STPS, según las cuales casi 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes laboran en ocupaciones “permitidas”, el 10 por ciento, mientras que el restante en actividades peligrosas. El desglose que hace el legislador apunta, basado en la información oficial, un millón 300 mil menores entre 5 y 17 años, trabaja realizando actividades al margen de la ley en condiciones peligrosas e insalubres que violentan sus derechos y que les puede producir efectos negativos para su salud física y desarrollo integral y sicológico. El legislador precisó que en México, 660 mil infantes son ocupados en actividades agropecuarias, 500 mil en el comercio, 560 mil en servicios, 300 mil en la industria y 150 mil en la construcción. Ante ello, hizo un llamado al secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, para que se fortalezcan las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil.
FORMALMENTE Y FUERA de cualquier ceremonia protocolaria, inicia el periodo ordinario de sesiones y con los ánimos más calmados, sin desgarrarse las vestiduras ni pretender llevar agua a sus molinos, los partidos políticos deberán analizar (porque el tema seguirá entre los asuntos del día) la visita de Donald Trump y sus perniciosas posturas, elementos vitales en su campaña política. Invitar o no invitar, pareciera ser el dilema; sin embargo, baste recordar que el próximo 8 de noviembre serán las elecciones en los Estados Unidos y ahí se definirá quién será el presidente de aquella nación, una de las más poderosas del mundo. Si fuera el inefable Trump, México, con su pasada visita, ya dio el primer paso en un diálogo. Mostró a todo el mundo, y en especial a las potencias como Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia, principales aliados de los vecinos del norte, que antes que pleito, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, busca la solución de los conflictos por la vía del entendimiento y de la razón y nunca por los terrenos de la violencia. Entonces, y luego entonces, se entenderá y se apreciará en su justa dimensión, la estrategia llevada a cabo por la actual administración.
SOBRADO DE RAZÓN, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, indicó que a unas horas de que inicie la llamada glosa del IV Informe de Gobierno, los mexicanos están esperando un intenso debate y propuestas de solución a los grandes problemas del país, pero en un marco de diálogo, respeto y tolerancia, sin insultos y sin desorden. “La solución de los grandes problemas que enfrenta México exige que privilegiemos el debate abierto y respetuoso y que los partidos políticos en la Cámara de Diputados expongan sus posturas con respeto… La Cámara de Diputados es el espacio de diálogo plural más importante del país; el uso de la tribuna de San Lázaro es para exponer la realidad del país en toda su crudeza, pero también para proponer las mejores alternativas de solución a los grandes y graves desafíos que vive México”, dijo y vaya que tiene razón.
Y EN ESE CONTEXTO, LEGISLADORES advierten que la disminución del gasto de algunas dependencias gubernamentales podría reducir la efectividad de las políticas públicas, advierten legisladores. En esta semana pedirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que dé prioridad, en el Paquete Económico 2017, a los programas sociales en materia de educación salud, medio ambiente, prevención de la violencia en contra de las mujeres, agropecuaria, pesquera y alimentaria, que son estratégicos para el desarrollo nacional. Los legisladores destacaron que, con el recorte presupuestal anunciado el 24 de junio de 2016, la SHCP hizo énfasis en la reducción del gasto corriente, pero inevitablemente también se proyectó la disminución del gasto de algunas dependencias gubernamentales, cuestión que preocupa porque podría reducir la efectividad de las políticas públicas instrumentadas por las distintas dependencias.
