Definiciones en Riviera Maya y clausuras en Cancún
Mauricio Conde Olivares lunes 29, Ago 2016“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Inseguridad, ambulantaje, grave erosión de los arenales en márgenes superiores al 50%, así como la equidad de género en los órganos de representación empresarial, son las asignaturas pendientes en la Riviera Maya, donde este lunes 29 de agosto será electa la Mesa Directiva 2106-2017 del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Además está en riego la sustentabilidad de la principal actividad económica del estado, toda vez que deben cumplirse las metas que desde un principio se trazaron para atender a diez kilómetros de playas, pues en los seis últimos años se ha dado una grave degradación de los arenales.
Por eso, el presidente de la Asociación de Propietarios, Inversionistas y Prestadores de Servicios de la Riviera Maya (APIPS) y socio fundador del CCE Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt, recalcó que en este sentido la Mesa Directiva 2106-2017 del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Riviera Maya es garantía de consolidación de los trabajos y esfuerzos de la llamada cúpula de las cúpulas empresariales.
Al efecto, vaticinó que “esta conformación plural, estoy seguro, permitirá al sector empresarial afrontar los retos que tenemos hoy; me parece que esta mesa directiva tendrá la capacidad de afrontar la difícil situación que vivimos pues si bien, en lo referente a la actividad más importante que desarrollamos que es el turismo, vivimos buenos tiempos, la situación económica global y en especial la mexicana plantea fuertes retos en momentos en que el Banco de México ha ‘encendido alertas amarillas’ en el tema económico”.
Además esta mesa directiva podría ser histórica debido a que por primera vez se perfila una mujer para llegar a la presidencia del Consejo en la elección del 29 de agosto, además del trabajo que se ha hecho para consensuar una planilla de unidad.
Dijo que además el CCE está obligado a ser “el fiel de la balanza” al señalar clara y oportunamente lo que se haga de forma adecuada y lo negativo de las acciones gubernamentales; “señalar los retos es fundamental y me parece que los temas más importantes son los relativos a la recuperación de playas, de seguridad pública y en especial, el crecimiento exponencial del comercio ambulante que si bien reconoce un incremento del 30 por ciento en los últimos tres años, en el último mes es mucho mayor”, advirtió.
Resaltó la necesidad del sector empresarial, no sólo de señalar tanto los aciertos como los errores, sino de exigir que se clarifique el manejo de los recursos aportados por los organismos empresariales al sector gubernamental; tanto los etiquetados con fines expresos, como los ordinarios resultado de la fiscalización.
A través de la APIPS, dijo, con otras organizaciones, ha señalado que la recuperación de playas con un proyecto que garantice la sustentabilidad y el cumplimiento de las metas trazadas originalmente de 9.5 kilómetros para la Riviera Maya es un tema fundamental ante la realidad a seis años de distancia con una erosión superior al 50 por ciento.
Al hablar de la seguridad pública, señaló que es evidente la disminución de patrullas y elementos de Seguridad Pública en Solidaridad, “se percib el desbordamiento de la violencia en el municipio vecino de Benito Juárez, la Ciudad de Cancún donde se registra diariamente un ejecutado, hecho que preocupa pues en Solidaridad no estamos exentos, los ha habido (actos de violencia), no obstante que en menor cantidad y por ello, para nosotros es muy importante que en Cancún se controlen los actos de violencia porque el fenómeno pudiera extenderse y perjudicar la actividad económica”.
En lo concerniente al tema del ambulantaje, Lenin Amaro destacó que el crecimiento en la actividad además de representar una competencia desleal debido a que los empresarios pagan millones de dólares en impuestos, un ambulante paga 500 pesos, es un factor que, a mediano plazo podría generar la quiebra de un negocio establecido.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción de una palapa en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), a la altura del kilómetro 17.5, segunda sección, de la zona hotelera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, por no contar con autorización de Impacto Ambiental emitida por la Semarnat.
Personal de la Delegación Federal de la Pofepa en la entidad con la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó inspección en la zona señalada, donde se constató que se llevaba a cabo la edificación de una palapa, cuyo predio no cuenta con exención en materia de evaluación emitida por dicha Secretaría.
Las obras se localizan en Playa Delfines, hábitat de anidación de tortugas marinas, como la Tortuga Blanca, Caguama y Tortuga Carey que se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de peligro de extinción.
Durante la inspección se observó la colocación de 4 pilotes de 22 cm de ancho y 6.50 mts de altura hincados a nivel del estrato arenoso que forman la cimentación para la construcción de una palapa.
Se constató la puesta de 11 pilotes de aproximadamente 12 cm de diámetro por 7 mts. de largo que constituirían la estructura de la construcción.
Estas actividades se llevaron a cabo en una superficie de 59.96 m2 cercanos a la zona de anidación de tortugas marinas.
Es importante resaltar que este tipo de obras pueden modificar la estructura del suelo arenoso, incluso ocasionar el desmoronamiento o perforación de los cántaros o nidos tardíos presentes en dichas zonas, lo cual puede originar el riesgo inminente de deterioro o daño a la anidación de las tortugas marinas.
Por lo anterior, la Delegación de la Profepa en Quintana Roo impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con la construcción de una palapa.
Las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, serán sancionadas administrativamente con una multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de imponer la sanción.
Dichas conductas pueden derivar en la configuración de un delito penal, conforme a lo previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 días de multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene sus productos o subproductos; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
