Dudas en torno al rescate de playas en Quintana Roo
Mauricio Conde Olivares lunes 22, Ago 2016“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
El tema del mantenimiento y conservación de las playas en Quintana Roo se ha tornado en una controversia por saber en dónde están los dineros, pues el empresariado argumenta el pago oportuno de posesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para pagar los 800 millones de pesos que se aplicaron en el pasado rescate de playas y arenales que hoy en día sufren grave erosión por las inclemencias del tiempo.
En medio de alegatos se dan los siguientes planteamientos:
“Los concesionarios de Zona Federal, hemos pagado puntuales, desde 2010, el 25 por ciento adicional para recuperar la inversión inicial de 800 millones de pesos del proyecto de recuperación de playas, hemos cubierto la mitad (400 mdp), no es posible que entonces se pretendan nuevos proyectos que prevén soluciones sólo para unos y la afectación del resto”, advirtió el presidente de la Asociación de Propietarios, Inversionistas y Prestadores de Servicios de la Riviera Maya (APIPSRM), Lenin Amaro Betancourt.
A propósito de la convocatoria a Consulta Pública emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el denominado “Proyecto Integral de Mejoramiento de Playas desde el Hotel The Reef Coco Beach hasta el muelle Ultramar”, Amaro Betancourt puntualizó dos puntos que los empresarios consideran fundamentales.
“Por un lado, como lo hicimos saber en su momento, no sólo la Apipsrm, sino asociaciones como la de Prestadores de Servicios Acuáticos Apsa, la Cooperativa Mar Caribe, el Movimiento Ciudadano y Ecologista Moce Yax Cuxta, dicen:
“La recuperación de playas debe plantearse desde una visión de beneficio para todos los actores de la sociedad, con proyectos que no perjudiquen al Gran Arrecife Mesoamericano, que sean sustentables y que garanticen que no se perderá por efecto de la erosión, como nos está pasando a 6 años de distancia”, detalló el líder empresarial.
“Por el otro, hay que tomar en cuenta que las soluciones de unos, representan la afectación de otros. En la Riviera Maya no habemos inversionistas de primera y de segunda, todos hemos estado pagando 25 por ciento más del monto de las concesiones de Zofemat para recuperar la inversión que se hizo en 2010 por un monto de 800 millones de pesos; es triste enterarse que a estas alturas, gracias a los pagos que hacemos, ya se tendría que haber terminado de pagar el crédito de Banobras y sucede que sólo se han cubierto 400 millones de pesos…”
“No es posible que si todos somos prestadores de servicios y todos hemos sido afectados con el manejo inadecuado de nuestras propias participaciones, encima un igual pretenda su beneficio con el daño a sus iguales”, advirtió Lenin Amaro.
Recordó que, de origen, el proyecto que se planteó en el año 2007 y se hizo realidad en el 2010, la recuperación de playas consideraba una extensión de 9.5 kilómetros de los cuales sólo se recuperaron 4.5… “de inicio hay 5 kilómetros de playas que no se han recuperado en la Riviera Maya y una inversión de 800 millones de pesos que debimos haber cubierto ya”.
Por otro lado, el dirigente empresarial resaltó el hecho de que la convocatoria de la dependencia federal únicamente considera la participación de los interesados para tratar el tema del Coco Beach, a través de hacer llegar las opiniones sobre el particular a través de la página electrónica de Semarnat… “pero no estamos garantizando a los ciudadanos su participación; nos parece que es obligación de la dependencia convocar a una Reunión Pública para escuchar a todos, con el fin de garantizar el derecho del ciudadano a participar”.
Lenin Amaro Betancourt detalló que el artículo 157 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ordena al gobierno federal promover la participación responsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales, “esto es, no es una concesión graciosa que nos convoquen a opinar sobre un proyecto que ya ha generado estragos a la batimetría de la zona, y mayor erosión a las playas aledañas; se debe involucrar a todos en un asunto que es del interés general; ¿de qué nos sirve opinar sobre la viabilidad de un proyecto particular cuando lo que está en juego son el cúmulo de recursos naturales de la zona?”
“Por otro lado, en el apartado sobre denuncia popular de la misma Ley, el artículo 189 concede a cualquier grupo o ciudadano el derecho de denunciar las prácticas que representen daño a los recursos naturales o contravenciones a la misma legislación, aún más, el artículo 203 de la Ley determina que quien cause prejuicio a los recursos naturales es responsable y está obligado a reparar el daño, y el 204 ordena a la propia autoridad federal, en este caso a Semarnat, a la formulación de un dictamen técnico al respecto, que tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio”, concluyó Amaro Betancourt; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
