Conflictos poselectorales

Ramón Zurita Sahagún jueves 18, Ago 2016

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

 

 

Durante varias décadas, los conflictos poselectorales se convirtieron en una expresión más del folklore de la democracia mexicana, donde, principalmente, los partidos opositores al PRI manifestaban su desconfianza acerca de los resultados de los procesos comiciales.

El rechazo a los números oficiales fue uno de los principales argumentos que dieron inicio a la Revolución de 1910 y que provocaron la transformación del país y el principio, aunque lento, de la vida democrática.

Es cierto que los muchos conflictos ocasionaron la muerte de centenas de personas y que la inconformidad hizo necesario la implementación de nuevas reglas electorales, mediante las que se han desactivado esos conflictos.

Por lo regular, los comicios presidenciales eran los más cuestionados, principalmente, cuando los poderosos priístas se enfrentaban a candidatos que habían militado en el tricolor y competían contra franquicia partidista.

Desde la conformación del partido que nació como PNR pasó por PRM y se convirtió desde 1946 en PRI, ocurrieron conflictos poselectorales en los comicios de 1940, cundo Manuel Ávila Camacho venció a Juan Andrew Almazán; 46 con Miguel Alemán Valdés derrotando a Ezequiel Padilla y el más fuerte en 1952 en que Adolfo Ruiz Cortines derrotó a Miguel Henríquez Guzmán, con un saldo rojo de víctimas durante una manifestación de protesta.

La contienda de 1952 fue sumamente cuestionada, ya que se formó una corriente cardenista alrededor del candidato opositor Henríquez Guzmán y aunque las cifras oficiales fueron de cerca de 3 millones de votos del PRI contra medio millón del frente que postulaba a Henríquez Guzmán, se consideró un proceso electoral fraudulento que generó manifestaciones de inconformidad y muertos.

Se mencionaba, en aquel entonces, que diversos generales, jefes de plazas, estaban listos para levantarse en armas, lo que finalmente no sucedió.

Después de eso, los comicios en que resultaron ganadores, respectivamente, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, se desarrollaron dentro d la normalidad, con algunas irregularidades, tal vez, pero sin los gritos o manifestaciones de inconformidad de la de 1952.

Fue hasta los comicios presidenciales en que fue electo Carlos Salinas de Gortari, que resurgieron los gritos de fraude y se provocaron manifestaciones de inconformidad respaldadas por los entonces candidatos Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel de Jesús Clouthier, principalmente.

Ante el hartazgo de la mayoría de los mexicanos con los gobiernos emanados de la Revolución por la corrupción, la represión, la postración económica y el aumento del desempleo y del costo de la vida que tuvieron lugar durante la gris administración de Miguel de la Madrid, todo indicaba que, por fin, el PRI sería desplazado democráticamente por la oposición, tanto de la silla presidencial como del Congreso. Desafortunadamente, las cosas no ocurrirían de esa manera: el partido oficial recurriría, una vez más, al fraude electoral para seguir detentando el poder por algunos años más.

Cuatro días antes de las elecciones, el 2 de julio,  dos personajes encargados del área electoral de la alianza de partidos que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas fueron asesinados, Xavier Ovando y Román Gil.

Durante los dos siguientes procesos electorales no existieron fuertes  impugnaciones o gritos de fraude, ya que los triunfos del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León y del panista Vicente Fox Quesada, fueron reconocidos rápidamente por sus adversarios.

En 2006 nuevamente surgieron sombras de duda, sobre el triunfo logrado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, por medio punto porcentual sobre Andrés Manuel López Obrador.

Para entonces, México se encontraba alejado de la barbarie y la reprobación del resultado electoral fuer ahogada con un plantón que abarcó la principal avenida (Reforma) de la hoy CDMX.

Seis años más tarde, los resultados electorales no dejaron satisfechos a los seguidores del candidato de la izquierda, aunque lejos estuvo de un plantón como el de 2006. La impugnación es un recurso considerado dentro de la reglamentación electoral en México y a él recurren la mayor parte de los partidos políticos inconformes con el resultado de los comicios.

Es cierto que todavía, a pesar de la estrecha vigilancia que se tiene en los distintos procesos electorales y de que el fraude es más difícil de realizar, se continúan dando protestas para no avalar las cifras oficiales.

Desde que en 1988 los partidos inconformes condicionaron su reconocimiento al triunfo del priísta Carlos Salinas de Gortari con la puesta en operación de leyes electorales más acordes con la modernización del país, han sido menores las protestas por supuestos fraudes electorales, aunque todavía se dan con alguna frecuencia.

Claro que ahora se recurre a los distintos tribunales y son ellos los que sopesan las pruebas que presentan los partidos y dictaminan si hubo o no irregularidades, incluido el fraude o sobrepasar los límites del gasto para campañas.

Con la elección presidencial de 2018 y con los momios a la baja del partido gobernante, sus adversarios habrán de mantenerse sumamente pendientes para evitar se puedan presentar irregularidades que alteren la buen marcha de la democracia mexicana.

Por lo que respecta a los recientes comicios del 2016, se mantienen vigentes una serie de impugnaciones que presentaron unos y otros partidos, con respecto a los estados en que no fueron favorecidos por el voto ciudadano, aunque hasta el momento ninguno mantiene visos de conflicto poselectoral.

Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, son algunas de las entidades en las que los perdedores no quedaron satisfechos con el resultado y decidieron recurrir a los tribunales en busca de anular el resultado oficial y, en su caso, realizar nuevos comicios donde pudieran tener la oportunidad de revertir resultados.

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