Ley del garrote
Freddy Sánchez martes 16, Ago 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Desde la rectoría de la UNAM surgió una voz para pedir el justo medio que permita darle viabilidad a la reforma educativa y al mismo tiempo ponga fin a la resistencia bélica del magisterio disidente.
El rector universitario apoyó su exhorto con las reflexiones de distintos personajes de la academia que a su sentir, (y el suyo propio naturalmente), ven que las partes en conflicto, (La CNTE y autoridades educativas), mantienen posturas extremistas.
En medio de tales posiciones pues, debe buscarse la manera de adecuar la reforma educativa para que finalmente se ponga en ejecución sin más protestas ni reacciones callejeras.
En ese sentido, en opinión del rector, la Secretaría de Educación Pública tiene que dejar de lado la postura hostil que se le ha visto durante el conflicto con los mentores de la disidencia.
Y sugirió que a la ley educativa duramente cuestionada por distintos actores políticos se le suavice lo punitivo.
Es su pensar que dicha reforma no cuenta además con el debido sustento social.
Tras estas reflexiones resulta imperativo poner sobre la mesa otra realidad.
Una ley que no penaliza ejemplarmente a sus infractores no sirve para nada, ya sea por carecer de sanciones apropiadas o falta de voluntad para aplicarlas.
Es cierto, por otras parte, que antes de aprobar la reforma, debió haberse consensuado el apoyo de la población, recurriendo a un método confiable como el referéndum para que la gente aportara su parecer de qué o no hacer y hasta dónde llegar en caso de oposición a lo aprobado.
Y eso obviamente no se hizo. Pero, nunca es tarde.
En las actuales circunstancias se antoja pertinente que una vez que se discutan los cambios a realizar en la reforma educativa, (en caso de que esto deba ocurrir con modificaciones legislativas) dos cuestiones medulares sean sometidas a la aprobación de la sociedad.
Estas deben ser en primer lugar la de si tal como se apruebe la nueva reforma que supuestamente sustituiría a la primera, debe aplicarse textualmente pese a que pudieran surgir futuras reacciones de protesta.
Y en segundo lugar, si las sanciones que necesariamente tendría que establecer la reforma contra sus infractores, deben o no imponerse con todo el peso de la ley y el uso de la fuerza pública si fuera necesario para enfrentar actos de sabotaje de cualquier naturaleza contra lo que se apruebe en materia educativa y deba entrar en vigor una vez que se cumplan las formalidades debidas.
Porque sea lo que fuere, lo que resulte ante el persistente rechazo de la CNTE y de otros representantes sociales y políticos hacia la reforma educativa, en particular si la presión de los opositores obliga a una cambio en distintas normas previamente aprobadas, es menester que se tenga en claro una cosa.
Y esto debe ser que lo aprobado ahora si se cumpla les guste o no a los maestros disidentes.
Así que cualquier nueva reforma legal en materia educativa debe contener sanciones contra aquellos que la incumplan y boicoteen, lo que de ninguna manera puede considerarse como la aplicación de una ley del garrote.
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